Frente común contra el parque nacional del Mar de las Calmas

El plan del Gobierno central de convertir el Mar de las Calmas en el sur de El Hierro en el primer parque nacional marino no convence a los vecinos de la isla más meridional del Archipiélago. No se oponen a la iniciativa, pero sí a la forma de actuar del Ejecutivo que, en plena negociación de las condiciones, aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros la propuesta a pesar de no haber llegado a un acuerdo sobre los detalles con las autoridades y sectores afectados de la Isla. Un planteamiento «restrictivo» que, tal y como presenta el Estado, podría limitar los usos y costumbres que forman parte de la idiosincrasia herreña. «Es una nueva demostración del colonialismo con el que se toman ciertas decisiones desde Madrid y que terminan encorsetando la vida de los habitantes de Canarias», lamenta el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas. 

Los tres ayuntamientos, el sector pesquero y otros agentes sociales como la Plataforma por el Mar Canario ya han mostrado su rechazo a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al actuar, según indican, «unilateralmente y con deslealtad». «La ley sobre parques nacionales es restrictiva, nadie nos asegura que la pesca y el buceo no se van a ver afectados y nos sentimos muy inseguros», reconoce el presidente de la Plataforma, Domingo Martín, quien adelanta que se han convocado una serie de reuniones con las autoridades locales para dar una respuesta conjunta al plan del Ejecutivo. Y no se descarta la organización de protestas en la isla. 

Martín va más allá y asegura que ya se está preparando una moción para presentarla ante el Parlamento Europeo y una Proposición no de Ley (PNL) con distintos grupos políticos para que llegue al Congreso de los Diputados. «Queremos plantear que se haga una consulta popular vinculante en El Hierro sobre este asunto para que sean los ciudadanos los que decidan», apunta.

Una milla

Los alcaldes, las organizaciones profesionales y los agentes sociales sienten que el Ministerio, en lugar de hacerlos partícipes del proceso, les ha dado la espalda y ha desoído las condiciones que plantearon. Una de las cuestiones que no acabaron de concretar –antes de que se trasladara el asunto al Consejo de Ministros– es el límite que tendría el parque nacional en la zona que toca tierra en el municipio de La Frontera. «Pedimos que el parque se retirara una milla de la costa para que los pescadores pudieran seguir entrando y nos respondieron que solo se separaría 100 metros», explica Rodríguez. El alcalde mandó respuesta a Madrid explicando que la distancia era insuficiente e invitando al Estado a continuar con el proceso de diálogos, pero no hubo más noticias al respecto. 

También se queja de la falta de información el alcalde de Valverde, Carlos Brito, quien reconoce que la noticia le cayó el pasado martes como «un jarro de agua fría». «Estamos muy enfadados, no nos han dado toda la información necesaria sobre lo que va a suponer establecer un parque nacional en esa zona», se queja Brito, quien sospecha que la decisión estaba tomada antes de escuchar lo que tenían que decirlo los herreños. «Nos mandaron una comitiva supuestamente para informarnos, pero el tema ya estaba caminando en el Consejo de Ministros», asegura.  

Tanto desde la Plataforma por el Mar Canario como desde los ayuntamientos de la Isla confirman que más de un «90% de la población de El Hierro ha dicho no al parque nacional marino». 

Pescadores

Los pescadores, por su parte, se quejan de la «prisa» que se ha dado el Estado para dar luz verde a este asunto y reconocen que las consecuencias para el sector son «imprevisibles». Hablan incluso de una decisión «precipitada». «El problema no es el parque, es cómo se desarrolle y de eso dependerá que sea un éxito o un fracaso para nosotros», apunta el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores del Archipiélago, David Pavón. Todavía se desconocen los pormenores del proyecto, pero el representante del sector es consciente de que este tipo de iniciativas son «conservacionistas». 

Pavón desconoce si finalmente el proyecto llegará a buen puerto o no, pero lo que sí tiene claro, y así se lo trasladó al Ministerio en las reuniones que se han celebrado hasta el momento, es que si el proyecto avanza, «se deben proteger una serie de cuestiones para que el sector no sufra las consecuencias». La primera tiene que ver con la limitación de barcos en la zona. «No puede estar vetado el número de embarcaciones desde un primer momento porque de esta manera se acabaría con el relevo generacional, que es uno de nuestros grandes problemas», apunta Pavón. 

Atún rojo

También preocupa al pescador que en temporadas de pesca de atunes rojos los barcos de toda el Archipiélago se encuentren restricciones para faenar en la zona. «Los atunes son caprichosos, y pueden pasarse años sin pasar por aquí, pero la ley tiene que contemplar que puede ocurrir que se ubiquen en esta zona», explica. 

La tercera cuestión que inquieta a Pavón –vinculada al establecimiento del parque nacional– es la idea de que el «futuro del sector quedará en las manos de un tercero». «Serán otros lo que nos den o no la posibilidad de ejecutar y eso produce incertidumbre entre los pescadores», reconoce el presidente, quien teme que sea la política nacional la que mueva las fichas del tablero de la pesca en Canarias. «No podemos hipotecar nuestro futuro ni el de las generaciones venideras», añadió. 

Desde la Plataforma por el Mar Canario recuerdan que la isla de El Hierro siempre ha sido un referente mundial de cómo se debe gestionar el mar y piden al Gobierno central que reflexione sobre su decisión.

También el alcalde de La Frontera se queja de lo «poco que se valora» el «cuidado histórico» que la población herreña ha tenido con el medio natural. «Sentimos que con este parque natural se nos está castigando en lugar de premiarnos», lamenta.

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