Aviso a los funcionarios: mejorar el salario a cambio de más productividad

El Gobierno regional se ha propuesto como un objetivo «irrenunciable» para esta legislatura aprobar medidas de control para evaluar el rendimiento y la productividad de los empleados públicos. Para ello se pondrá en marcha un proyecto piloto en un departamento de la Administración autonómica, con el fin de fijar objetivos por cada puesto de trabajo para realizar una evaluación del desempeño de cada trabajador a través de una metodología y unos criterios a determinar. El fin último es que el rendimiento de los funcionarios se vincule al salario y a la carrera profesional, de tal forma que se introduzcan incentivos en el desarrollo de la actividad laboral para ascender y lograr más pluses salariales o, por el contrario, no conseguir los objetivos marcados puede provocar la eliminación de complementos o frenar e incluso degradar la carrera del empleado dentro de la Administración.

Medir y controlar el rendimiento de los empleados públicos está enmarcado en la reforma de la Ley de Función Pública de Canarias, que forma parte del programa legislativo del Ejecutivo autonómico. La actual norma data de 1987, se ha retocado en varias ocasiones pero nunca se ha llegado a actualizar en su integridad para adaptarla a los importantes cambios que ha experimentado el funcionamiento de la Administración en los últimos 37 años. Desde 2010 hasta tres gobiernos diferentes tuvieron en sus programas reformar la ley y establecer medidas para medir la evaluación del desempeño, pero todos los intentos han sido infructuosos.

«¿Qué tiene que ver la función pública actual con la de 1987? Muy poco, debemos hacer cambios estructurales importantes para adaptarnos a la nueva realidad de la evaluación del rendimiento, la productividad, el teletrabajo, el uso de la inteligencia artificial en los procedimientos, los nuevos criterios de acceso al empleo público... es absolutamente irrenunciable», explica el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens.

Fondos europeos

Evaluar el trabajo de los empleados públicos ha sido siempre un reto complejo por los múltiples problemas y procedimientos a los que tiene que hacer frente la Administración pública y por las dificultades añadidas de la negociación con los sindicatos de la función pública, que siempre se han mostrado remisos a aplicar criterios para medir el rendimiento y, sobre todo, si las medidas llevan aparejadas tocar los salarios a la baja o frenar la promoción interna.

Sin embargo ahora las circunstancias han cambiado porque también la Unión Europea demanda iniciativas a los países miembros vinculadas a los fondos Next Generation para incrementar la productividad, de ahí el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre para evaluar el desempeño de los empleados públicos de la Administración General del Estado. La pasada semana el ministro José Luis Escrivá llevó también al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Función Pública, que no pudo completar su tramitación el año pasado por las elecciones generales.

Con estos movimientos que realiza el Gobierno central para modernizar la Administración, ahora la pelota está en el tejado de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. En el caso de la Comunidad Autónoma canaria el objetivo está claro y Llorens advierte que «estamos abocados a contar con una evaluación del desempeño en la línea de la legislación básica del Estado, eso es evidente». A falta de conocer los detalles del modelo de evaluación que quiere implantar el Gobierno español, el viceconsejero se fija en los criterios establecidos por la legislación en países como Holanda o en regiones como la Comunidad Valenciana. En el país de los tulipanes el rendimiento de los empleados públicos va ligado a la promoción dentro de la Administración. Para Llorens se trata de un modelo «interesante» ya que la consecución de objetivos se mide en cada puesto de trabajo y la carrera profesional «puede ir hacia arriba, pero también hacia abajo», lo que lleva aparejado contar con complementos salariales vinculados a la productividad o no. En ningún caso el bajo rendimiento supondrá despidos como se ha planteado recientemente en Francia y, en este sentido, Antonio Llorens explica que la función pública canaria y española han carecido tradicionalmente de incentivos vinculados al esfuerzo y la productividad, por lo que este tipo de mecanismos «se implementarán en el futuro sin lugar a dudas».

Precedentes

La dirección por objetivos tiene dos precedentes en la Comunidad Autónoma que son la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Servicio Canario de Salud (SCS), ambos organismos autónomos. La ATC tiene un modelo de gestión basado en objetivos y los funcionarios que alcancen los mismos cuentan con incentivos en sus nóminas, entre ellos un complemento de productividad. En Sanidad los trabajadores reciben anualmente una paga de incentivos por cumplimiento de objetivos.

El trabajo ahora es extender este tipo de mecanismos a la Administración General de la Comunidad Autónoma, donde se sitúan los centros directivos. Son unos 12.000 empleados públicos cuya labor en fundamental para el funcionamiento de la Administración en materia de servicios sociales, vivienda, medio ambiente, energía, turismo, seguridad, obras públicas o transporte.

Antonio Llorens prevé que el desarrollo del proyecto piloto se extenderá en 2025 una vez definidas las medidas por puesto de trabajo y se adjudique a una empresa externa para su evaluación. Con las conclusiones del proyecto se articulará el nuevo texto legal para que pueda ser aprobado antes de finalizar la legislatura, en 2027, junto con el resto de la ley.

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