Fernando Clavijo: "si no hay acuerdo sobre menores será el colapso"

A poco más de 24 horas del inicio en Tenerife de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para modificar la ley de extranjería y proceder a un reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades autónomas, el debate parlamentario de este martes se centró en meter presión de forma directa o indirecta al PP y su líder en el Archipiélago, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, para conseguir que convenza a los conservadores, como fuerza política de Estado, a apoyar la reforma. Seis de las siete preguntas al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una más al propio Domínguez y dos comparecencias giraron en torno a los menores migrantes y el fenómeno de la inmigración que afronta en solitario Canarias como destino final de la ruta atlántica.

Con todas las miradas del arco parlamentario puestas en un PP presionado por Vox y que se mueve entre la solidaridad de las autonomías que gobierna siempre que haya "un fondo de contingencia" y que garantiza su líder, Alberto Núñez Feijóo, y el uso "disuasorio" de la Armada que propone el portavoz de los conservadores en el Congreso, Miguel Tellado, el presidente Clavijo lanzó un mensaje también al Ejecutivo estatal: si fracasa la modificación legal, no hay 'plan b'

"Ese 'escenario b' sería el colapso y el reconocimiento de toda la sociedad de su incapacidad absoluta por atender digna y humanitariamente a los más débiles entre los débiles. Si no hay acuerdo, el escenario sería tan duro que habría que comunicar el colapso a las autoridades judiciales, a la Fiscalía, al Gobierno de España y a las autoridades europeas", sentenció Clavijo.

Esta advertencia del presidente no es en absoluto de tono menor, pues significaría de facto que la Comunidad Autónoma se declararía incapaz de llevar a cabo la tutela efectiva de los menores, que quedaría en manos del Ministerio Fiscal, lo que implicaría no solo las consecuencias penales de la crisis migratoria, sino el internamiento en centros penales a pesar de no haber cometido delitos.

Con todo, y en la antesala de la conferencia sectorial, el jefe del Ejecutivo canario insistió en mantenerse optimista pese a las declaraciones "polarizadas" que se escuchan desde varias fuerzas políticas y con origen en distintos territorios del Estado, pues incluso recordó que tras sus reuniones con los grupos con representación en las Cortes, "existen 172 votos" para que salga adelante la modificación legal. Un optimismo presidencial que salió reforzado el lunes tras el encuentro del Gobierno canario con los cabildos, los ayuntamientos, las ONG y los partidos políticos representados en el Parlamento, excepto Vox.

Es más, insistió en que en el seno del gobierno que preside no hay fisuras en este asunto, como también ratificó el vicepresidente y líder del PP canario, Manuel Domínguez: "yo voy a votar a favor de la reforma de la ley".

Una afirmación un tanto extraña, ya que Domínguez no tiene escaño en el Congreso de los Diputados, que es donde tendrá que ser refrendada la modificación legal, pero que en el seno de CC se considera que debe ser un aserto entendido como un respaldo del número dos del Gobierno canario a la reforma.

El vicepresidente Manuel Domínguez asegura que respalda la modificación de la ley de extranjería

"Primero legislar para poder derivar y, después, hablaremos de política migratoria", reiteró Domínguez ante los requerimientos de la socialista Nira Fierro al conminarle a "pasar de las palabras bonitas a los hechos votando a favor en el Congreso".

Al respecto, el socialista Sebastián Franquis apeló de forma directa al PP como partido de Estado: "espero es que esa foto, en las próximas horas, no se convierta en una frustración para Canarias. Y por eso le pido al PP que asuma su responsabilidad que tiene no sólo en Canarias, sino en el conjunto del Estado".

También interpeló directamente al PP el portavoz de NC-Bc, Luis Campos, al criticar que los conservadores se escuden en la saturación de las comunidades que gobiernan para negarse a la distribución obligatoria cuando acogen menos de un 11% de los menores tutelados en el Archipiélago: "si a eso se le llama estar sobrepasado, ¿cómo se llama lo que Canarias vive en estos momentos?"

Sentido común y altura de miras

El resto de los socios del PP en el gabinete canario prefirieron repartir las culpas e incluir al Estado y a la crispación partidista nacional como responsables del retraso en afrontar la contingencia migratoria extraordinaria que vive Canarias.

Para Raúl Acosta (AHI) "el culpable de la situación es el Estado, pero no me refiero al Gobierno central, sino a la estructura estatal en su conjunto, que es incapaz de ser solidaria con una comunidad autónoma que sí ha demostrado que lo es y que pone por encima de las luchas partidistas la defensa de los Derechos Humanos y del bien común de los menores".

En parecidos términos, el nacionalista David Toledo insistió en que "en todos estos meses Canarias, y solo Canarias, ha demostrado tener altura de miras", pues a su juicio "cuando el tacticismo político se pone por encima de las vidas de los niños y niñas se produce un fracaso social que no entiende de territorios, política o economía y no olvidemos que la grandeza de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables". 

"Espero que el sentido común impere entre quienes tienen que tomar decisiones y creo que lo vamos a conseguir, vamos a intentar que esto siga despolitizándose y dar una respuesta histórica como sociedad que sea un ejemplo para Europa", concluyó el presidente Clavijo.

El optimismo del jefe del Ejecutivo también lo evidenció la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que se mostró convencida de que el miércoles en la conferencia sectorial "voy a recibir el apoyo de todas las comunidades autónomas, porque así me lo han venido manifestando", sobre todo por entender que al final se incluirá en la reforma "la declaración de emergencia estatal y la financiación adecuada"que solicitan tanto la cúpula de PP como los distintos barones conservadores para apoyar la reforma.

"Paquete vacacional del terror"

La consejera, que volvió a poner en valor la unidad política y social que existe en Canarias, como se demostró en la reunión del lunes pidió a los diputados de Vox que "abandonen los discursos de odio que no conducen a nada".

Previamente, el portavoz del grupo de la derecha más radical, Nicolás Galván, dejó claro por qué Vox se opone a la reforma de la ley de extranjería: "es una postura meditada y no es fácil; no es por poner un muro o devolverlos al mar, sino para cerrar el eslabón del paquete vacacional del terror que produce el enriquecimiento de las mafias y que traen delincuencia e inseguridad".

"No voy a admitir a nadie en este Parlamento, como se ha hecho explícito, que se diga que esos niños lo que traen es violencia y delincuencia", replicó la consejera de Bienestar Social.

Solo 58 de los 5.882 menores inmigrantes no acompañados viven con familias de acogida canarias

Pero no fue la única. Como es ya habitual, las comparecencias de los diputados de Vox en asuntos como la inmigración, la violencia de género o los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+ logran concitar la unanimidad del resto de la Cámara en su contra.

Así, el herreño Acosta recordó que la estigmatización de los menores "se parece mucho a la estrella amarilla que los nazis pintaban a los judíos en la ‘Noche de los Cristales Rotos’", mientras que la nacionalista Jana González hizo hincapié en que "ninguna persona es ilegal y no hay que luchar contra ellas". Por su parte, la socialista Elena Máñez dijo que "al llamarlos menas lo que buscan es deshumanizarlos en un discurso aberrante y delirante que vulnera los derechos humanos" mientras que la canarista Natalia Santana aseguró que las tesis de Vox son "píldoras de trumpismo, integrismo medieval y ultraespañolismo casposo". Por último, la conservadora María Saavedra espetó a la bancada de la ultraderecha que "tras esos viajes hay dramas muy duros; no son travesías de placer o viajes de alumnos en vacaciones".

Canarias tiene en estos momentos 5.882 menores inmigrantes no acompañados. De ellos, el 94% tiene entre 12 y 17 años, el 5 % entre 7 y 11 años y el 1% menos de seis años. Además. 2.000 están en la escuela pública, 58 están en familias de acogida de las Islas y la "solidaridad opcional" solo ha permitido el traslado a la Península de 16 de los 349 menores acordados en el mes de octubre.

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