El Gobierno instruirá a su personal para que denuncie prácticas corruptas

La integridad institucional se fija como prioridad para todo el sector público

El plan antifraude de los fondos europeos, cuestionado por la Audiencia de Cuentas

Imagen del juicio de la operación Jable, una trama de sobornos a cargos públicos y funcionarios en Lanzarote.

Imagen del juicio de la operación Jable, una trama de sobornos a cargos públicos y funcionarios en Lanzarote. / Efe

Canales seguros y confidenciales para informar sobre casos de corrupción y de conductas inapropiadas, auditorías internas y monitoreo continuo, evaluación de riesgos éticos, análisis de conflictos de intereses e integridad en el desempeño de la función pública son algunas de las medidas que pondrá en marcha el Gobierno regional para ahondar en la implantación de un sistema de integridad institucional, con el fin de intentar restablecer la falta de confianza y el distanciamiento de la población de las instituciones y el descrédito de los políticos y gestores de la Administración pública. Asimismo, desde el Ejecutivo se fijarán acciones dirigidas a la educación continua sobre ética, cumplimiento de las normas y valores de la organización para todo su personal, así como actividades para promover la integridad y la ética en el entorno laboral.

Hasta el momento la aplicación de los planes y normas que se han aprobado de transparencia, buen gobierno y contra el fraude han sido escasamente efectivas en cuanto a su desarrollo y aplicación. En 2014 se aprobó la Ley de Transparencia y de acceso a la información pública, que dio pie a la creación de la figura del Comisionado de Transparencia, dependiente del Parlamento, y a la implantación de los portales de transparencia por parte de las distintas administraciones públicas con mayor o menor fortuna. A día de hoy todavía hay instituciones públicas que contestan tarde y mal a las peticiones de datos e información por parte de ciudadanos, profesionales, organizaciones y el propio Comisionado.

En 2022 se aprobó el Plan de Medidas Antifraude de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y su sector público, un documento obligado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con los fondos europeos Next Generation, con el fin de cumplir unos serie de requisitos de transparencia y buen uso del dinero comunitario en los proyectos comprometidos. Pero los dos informes realizados por la Audiencia de Cuentas sobre este plan no lo han dejado precisamente en buen lugar en su aplicación.

Se pondrán en marcha canales confidenciales, auditorías y análisis de conflictos éticos

En su primer informe, el órgano fiscalizador de la Comunidad Autónoma calificó el plan antifraude como un «paso positivo» pero «necesitado de mayor concreción». Por ello realizó una serie de propuestas de mejora con el fin de que fuera más eficaz en su cumplimiento y extensible también a la gestión de los fondos propios del Ejecutivo regional y no solo al presupuesto comunitario o que también se vieran implicadas las empresas públicas como parte del entramado autonómico. A principios de este año la Audiencia de Cuentas emitió un nuevo informe cuyo encabezamiento fue de lo más elocuente: «No se han producido avances significativos». De hecho, el órgano dependiente del Parlamento puso en evidencia en su informe que el 75% de las propuestas de mejora del plan antifraude realizadas por la Audiencia no han sido aplicadas –12 de 16– y que el documento original del plan ni siquiera se había modificado, por lo que el desarrollo del mismo ha sido escaso y solo han habido «avances parciales» en materia de formación y sensibilización, de creación de unidades antifraude y de publicidad del sistema antifraude.

Nueva estrategia

Ahora lo que se va a elaborar es una estrategia para la implantación de un sistema de integridad institucional con el que se pretende «situar a las personas servidoras públicas en el centro de la solución» con el compromiso de asumir una serie de valores éticos, principios y normas de conducta. El objetivo es loable: erradicar de forma eficaz las prácticas corruptas.

En la legislatura anterior se intentó poner en marcha códigos de ética pública, buen gobierno y buenas prácticas con una serie de borradores, además de un anteproyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos y Buen Gobierno, medidas que no fructificaron debido al periodo convulso que supuso la irrupción de la pandemia del Covid.

La Audiencia avisa que no hay avances en la aplicación de las medidas contra el fraude

La Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible da algunas pistas sobre la gobernanza pública, que ahora quiere concretarse en un sistema de integridad institucional en el que predominen elementos que se basan en la transparencia, la ética, la responsabilidad y la lucha contra la corrupción.

Con el fin de que la estrategia y sus fundamentos no se diluyan como ocurrió con el Plan Antifraude, el Ejecutivo regional declara esta estrategia de «interés prioritario», según publica en el BOC, si bien su implantación estará condicionada a las disponibilidades presupuestarias. En este sentido, todos los departamentos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma deben participar e implicarse «de forma activa» en el proceso de elaboración.

Coordinación e información

  • Dirección. Calidad de los Servicios

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos será la encargada de la dirección y coordinación del proceso de elaboración de la estrategia para la implantación de un sistema de integridad institucional. Será asistida por un grupo de trabajo de la Comisión Superior de Administración Pública.

  • Elaboración. Sindicatos y ciudadanía

Las organizaciones sindicales con representación en la mesa general de empleados públicos serán informados de la estrategia, que también se someterá a información pública cuando se elabore el borrador.

  • Desarrollo. Ejecución de medidas

Una vez aprobada la estrategia cualquier acción, proyecto, medida o iniciativa que se lleve a cabo por los departamentos del Gobierno canario deberán alinearse e incorporarse a la ejecución de la medidas que resulten del acuerdo que pone en marcha el proceso para configurar la estrategia, con el fin de que se aplique en las acciones que se desarrollen.

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