Clavijo asume la negociación en el Congreso para el reparto de menores

El presidente canario ha solicitado una reunión urgente con los grupos políticos para sumar apoyos que validen la reforma de la ley de extranjería por decreto

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Bruselas, el jueves.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Bruselas, el jueves. / Efe

Objetivo: desatascar las negociaciones para derivar menores migrantes a otras comunidades autónomas. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión urgente con todos los grupos del Congreso de los Diputados con el propósito de recabar apoyos para sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá repartir por todo el territorio nacional a los niños y adolescentes que lleguen a las Islas de forma irregular y sin el respaldo de un familiar adulto. Clavijo, según fuentes del Gobierno, expondrá ante los portavoces de la Cámara Baja la situación que vive el Archipiélago, donde hay 5.645 menores extranjeros bajo la tutela del Ejecutivo regional y el sistema de acogida está colapsado desde hace meses. De esta forma, Clavijo se sitúa al frente de las negociaciones tratando de impregnar «el modo canario» de hacer política a los diputados nacionales.

Este encuentro tendrá lugar, previsiblemente, la próxima semana, pero antes ha convocado a los portavoces de los grupos del Parlamento de Canarias para presentarles el texto pactado con el Gobierno de España. El contenido de la reforma legislativa se consiguió cerrar después de ocho meses de negociaciones, pero todavía falta por determinar el procedimiento legislativo por el que se ratificará. El Ejecutivo canario apuesta por el real decreto ley, pues asegura una rápida entrada en vigor, ya que solo se precisa el visto bueno del consejo de Ministros aunque después tenga que ser convalidado por las Cortes Generales en un plazo de 30 días. Por su parte, el Gobierno central es partidario de promover una proposición de ley, que ofrece más garantías jurídicas pero requiere lograr el apoyo de una mayoría simple en el Congreso.

El ministro Torres se ha ofrecido a intervenir durante el encuentro en la Cámara Baja

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha sido el interlocutor del Ejecutivo de Sánchez en las negociaciones bilaterales con Canarias, se ha ofrecido al Gobierno canario para estar presente junto a Clavijo en los encuentros con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara Baja. Torres está pendiente de convocar una reunión de la Comisión Interministerial de Migraciones, que él mismo preside, para trasladar el texto definitivo acordado con Canarias a todos los ministerios implicados en la materia –Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Interior; Juventud e Infancia; Asuntos Exteriores; Trabajo y Economía; y Derechos Sociales–, aunque todos los departamentos han hecho sus aportaciones al documento a lo largo de los ocho meses de trabajo.

Punto muerto

El presidente canario parte con los votos de Coalición Canaria y del PSOE. En el lado contrario de la balanza está el ‘no’ de Vox, que es la única formación que rechazó firmar el Pacto Canario por la Migración y mostró su oposición frontal a repartir a los menores migrantes por todo el territorio nacional. En punto muerto está el Partido Popular. Por un lado, los populares canarios, socios de CC en el Gobierno, siempre se han mostrado a favor de la reforma legislativa, aunque hacen hincapié en la necesidad de contar con una ficha financiera que cubra los gastos de los niños mientras están bajo la tutela de una comunidad autónoma. Sin embargo, desde la sede de Génova todavía no se han pronunciado, para bien ni para mal, sobre la posibilidad de dar un ‘sí’ al reparto obligatorio de menores que permitirá aliviar la situación del sistema de acogida de las Islas y garantizar el interés superior de los niños.

A la cita con Clavijo está previsto que acuda el portavoz del PSOE, Patxi López; el de Sumar, Íñigo Errejón; la de Podemos (en el grupo mixto), Ione Belarra; y el del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban. Según fuentes del Gobierno, se estarían acercando posturas con Junts per Catalunya para que también participe en el encuentro.

El texto cerrado entre Canarias y Estado contempla que el mecanismo de derivaciones obligatorias se pueda poner en marcha cuando el sistema de acogida de una comunidad autónoma esté a un 150% de su capacidad. Canarias cuenta con 2.000 plazas, con lo que al llegar a 3.000 menores habría que empezar a derivarlos a otras regiones de forma automática. En la situación actual, habría que enviar a más de 2.500 niños a la Península. Una vez que se pone en marcha la situación de contingencia migratoria extraordinaria se trasladaría a los menores en un plazo máximo de 15 días naturales desde su llegada.

Para fijar el número de niños que van hacia cada región, el documento detalla que los criterios de reparto serán los ya acordados por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en 2022, basados en datos de población, tasa de paro, nivel económico y dispersión territorial. Estas mismas pautas se han empleado desde entonces para reubicar a 774 niños extranjeros no acompañados procedentes de las Islas y de Ceuta. Si bien estas derivaciones se llevaron a cabo de forma voluntaria y con acuerdos firmados comunidad por comunidad. Así, de los 349 niños que tenían que haber salido de Canarias a lo largo de 2023, solo se ha trasladado a 16.

Los portavoces del Parlamento canario conocerán el lunes el texto pactado con el Gobierno de España

Aunque el texto acordado para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería no incluye una ficha financiera concreta, sí señala que «en los criterios de aplicación del plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo». Precisamente este es el principal punto de fricción para recabar el apoyo de los populares, que también insisten en la necesidad de convocar la Conferencia de Presidentes para hacer partícipes a las comunidades autónomas del acuerdo alcanzado con Canarias.

Aunque esta nueva normativa ahora sirva para aliviar la situación del Archipiélago, Ceuta y Melilla, que son los territorios tensionados actualmente, en el futuro podría ser de interés para otras regiones como Andalucía, donde se viven crisis migratorias cuando se activa la ruta mediterránea. Según las estimaciones del Ministerio del Interior, Canarias podría recibir en los próximos meses a unos 70.0000 migrantes de forma irregular, entre los que podría haber 11.000 niños.

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