Juristas y sindicatos elevan la presión para acelerar la fijeza de los interinos

La nueva sentencia del Tribunal de la UE impulsa a los abogados y a las centrales sindicales a demandar la estabilidad sin indemnizaciones ni procesos selectivos

Protesta de empleados interinos de la Administración autonómica. |

Protesta de empleados interinos de la Administración autonómica. | / Juan Carlos Castro

Abogados y sindicatos incrementarán la presión jurídica y política para que se cumpla la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que afecta al personal interino de las administraciones públicas con el fin de que todos los empleados en abuso de temporalidad se queden en sus puestos de trabajo. Por ello rechazan cualquier tipo de indemnización para los que se queden fuera de los procesos de estabilización que están en marcha, pese a ser una de las medidas contempladas en la Ley 20/2021, e incluirán a los trabajadores que no contempla el corte de la ley y que entraron en la Administración después de 2020 y acumulan más de tres años consecutivos de labor en el mismo puesto. Los juristas y las centrales sindicales advierten que las dudas del Tribunal Supremo se despejan con este nuevo fallo del TJUE al sentenciar que España lleva 25 años incumpliendo la Directiva comunitaria de 1999 sobre el trabajo de duración determinada.

Las dos sentencias emitidas este año por el TJUE –en febrero sobre el personal laboral indefinido no fijo y ahora sobre los funcionarios interinos– evitan chocar con el ordenamiento jurídico español, donde el sistema imperante contemplado en la Constitución es que la entrada en la Función Pública debe hacerse a través de procesos selectivos donde primen la igualdad, el mérito y la capacidad.

Los jueces europeos advierten que España incumple su propio ordenamiento, ya que no se cumplen los plazos legales para convocar y provisionar las plazas estructurales necesarias para la Administración mediante ofertas de empleo público y se abusa de la interinidad y la temporalidad sin que se hayan buscado alternativas viables para que estos empleados estabilicen sus puestos de trabajo, muchos con más de 10, 15 y hasta 20 años trabajando de esta forma.

Unificar doctrina

Ahora todos los ojos están puestos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que tendrá que unificar doctrina en función de estos fallos y de las dudas que han planteado recientemente al TJUE para que aclare determinados aspectos de estas sentencias. Se trata de un asunto de calado cuya interpretación final por parte del Supremo puede acarrear cambios en la legislación española y en el futuro de los más de 800.000 empleados públicos interinos que hay en España, unos 20.000 de ellos en Canarias.

Los despachos de abogados que llevan las demandas de los interinos y los sindicatos que les representan no van a esperar a que el Supremo se aclare y van a invocar la jurisprudencia europea para exigir la fijeza de los interinos y demandas contra las administraciones que incumplan con los plazos para convocar ofertas de empleo y continúen abusando de la temporalidad. El abogado y profesor de Derecho Constitucional en la ULL, Gerardo Pérez, cree que «el TJUE aclara las dudas que podían suscitarse de anteriores fallos, se reafirma en lo ya dicho y establece conclusiones más contundentes».

Sin embargo, el jurista advierte también de que «otra cosa diferente es que los tribunales españoles asuman la postura del Tribunal de la UE y esta jurisprudencia en sus sentencias. Eso está por ver, porque hasta ahora ha habido en algunos juzgados y tribunales una especial resistencia a asumir la posición del TJUE».

Pese a la expectativa que se abre de cómo afectará esta sentencia a los procesos iniciados antes de esta decisión de la Justicia europea, el despacho jurídico de Gerardo Pérez va «a proceder a invocar esta importante sentencia en los procedimientos judiciales que siguen abiertos, para que los jueces o magistrados que deban resolverlos la tengan en cuenta a la hora de sentenciar». En sus conclusiones sobre el fallo del TJUE reitera lo dispuesto por los magistrados comunitarios: los empleados en abuso de temporalidad deben convertirse en indefinidos, aunque con el matiz de que esa conversión no implique una interpretación contra legem del Derecho nacional, lo que deja la puerta abierta a que el Supremo continúe sin admitir la totalidad de los argumentos de Europa.

El abogado Javier Araúz, uno de los mayores especialistas españoles en la materia, es más contundente y asegura que el fallo del TJUE es un «varapalo» no solo para el Gobierno español, sino también para el Supremo, ya que la sentencia declara «que ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni los procesos de estabilización de la Ley 20/2021 cumplen con los requisitos de la Directiva 1999/70». Por ello, «ante la inexistencia de medidas sancionadoras para garantizar el cumplimiento de la Directiva comunitaria en nuestro país, solo cabe la transformación en fijo del personal temporal víctima de abuso».

Araúz seguirá adelante con la defensa de los interinos para que sean fijos o indefinidos en base a la jurisprudencia europea y advierte que el Gobierno debería paralizar los procesos de estabilización en marcha y que todo el personal en abuso de temporalidad pase a ser indefinido, por lo que reclama al ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, que «reflexione» sobre el alcance de la sentencia del TJUE y realice las modificaciones legales necesarias para garantizar los derechos de estos empleados públicos.

Desde el punto de vista sindical, el escenario es claro: ya no hay excusas para cumplir con lo que mandata Europa y que se estabilice a todos los empleados públicos en abuso de temporalidad. Por ello, los sindicatos de la Función Pública incrementarán la presión sobre el Gobierno canario y el central para que se cumpla con la directiva comunitaria y que la fijeza de los interinos no se acabe con la estabilización de los que superen los procesos en marcha, sino que se extienda a todos los que se encuentren en esta situación superen o no los procesos.

En este sentido el secretario general de Sepca, Manuel González, advierte que «es hora de adoptar soluciones claras por parte del Supremo y de los gobiernos, sobre todo el del Estado». Según el dirigente sindical, «Europa ha hablado nuevamente, por lo que si alguien tiene que rectificar o analizar su criterio son el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al que pedimos que abandone la actitud de suspender cautelarmente el pronunciamiento sobre las demandas de fijeza».

Nueva «herramienta»

González cree que presentar demandas individuales en los juzgados por parte de los interinos para convertirse en indefinidos o fijos ya no es necesario, porque con esta sentencia del TJUE se tiene una nueva «herramienta» para «presionar a la Administración a fin de que resuelva esta situación sin más excusas ni dilaciones de una vez por todas, porque este fallo consolida la posición europea sobre los abusos de temporalidad en las administraciones españolas».

Por su parte, el CSIF asegura que con esta sentencia llevará a los tribunales a las administraciones que incumplan los plazos de convocatorias de las ofertas de empleo público y de reducción de la temporalidad al 8%. Asimismo, exige que se elimine de manera inmediata la tasa de reposición, algo a lo que también se ha comprometido el Gobierno español, aunque en 2025.

El CSIF advierte que el Gobierno central y las administraciones autonómicas y locales «tampoco están aplicando de manera adecuada los plazos que marca la ley, con decenas de miles de plazas pendientes de cubrir desde 2020 y la mayoría de las personas que aprobaron la convocatoria de 2023 aún esperan su designación por el retraso en los plazos».

Asimismo la central sindical avisa de que la negociación de la oferta de empleo público de 2024 acaba de comenzar y lleva al menos seis meses de retraso. Para el CSIF, estas demoras «perpetúan a los interinos», por lo que demandará a las administraciones que sigan incumpliendo los plazos legalmente establecidos. La oferta de este año se complica por la prórroga de los presupuestos del Estado y la falta de información sobre las cuentas de 2025.

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