Canarias ya no halla dónde abrir más centros de acogida de menores migrantes

El presidente advierte que el sistema de acogida colapsó este fin de semana y denuncia el «abandono y dejación de funciones» de Europa y de España

Clavijo, "muy preocupado" por el reparto de menores migrantes

Acfi Press

El fin de semana se llegó al límite. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, admitió este jueves que el sistema colapsó con la llegada de 250 menores en solo tres días. Ya no hay donde alojarlos. Derechos Sociales rastrea sin éxito dónde abrir nuevos centros de acogida. De ahí que, como medida in extremis, analice la situación de las 65 infraestructuras educativas en desuso que hay en las Islas para llevar a cabo rehabilitaciones de urgencia ante la negativa del Ministerio de Defensa a ceder los cuarteles de El Fuerte de La Palma, en Marqués de Herrera en Lanzarote y el Anatolio Fuentes en El Hierro. 

De ahí la necesidad de que la solución política llegue cuanto antes. Canarias confía en llevar a buen puerto la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que hará obligatorio, por primera vez, el reparto de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. El consenso político es la única llave que puede abrir las puertas de la solución al colapso del sistema de acogida de las Islas, que vive una situación «muy preocupante», admite Clavijo. «No se puede esperar más», insiste. 

El texto legal ya está pactado entre Canarias y el Estado, y es el PP nacional el que ahora condiciona su apoyo en las Cortes Generales a que se den garantías sobre la financiación de las regiones que acojan a los niños y jóvenes extranjeros y que se abre la negociación a todas las comunidades. Pese al embrollo político, Clavijo se muestra «optimista» y confía en llegar a un acuerdo gracias a la «seriedad y rigurosidad de las fuerzas políticas de las Islas».

En el Archipiélago hay 5.661 menores bajo la tutela del Gobierno regional, de los que 250 han llegado en los primeros días de junio. «El fin de semana se desbordó el sistema», apuntó Clavijo. Desde que repuntó la crisis migratoria y se incrementó la llegada irregular de niños y jóvenes a bordo de embarcaciones precarias, las Islas han asumido en solitario la atención de los menores. Por esto, el jefe del Ejecutivo denuncia que Canarias, como frontera sur, «no se merece este abandono ni esta dejación de funciones por parte de Europa y del Gobierno de España».

El presidente defiende que esta crisis humanitaria hay que resolverla entre todos, con «diálogo y generosidad», pues lo importante es que «estamos hablando de niños». El Gobierno y el Parlamento de Canarias, excepto Vox, ha mantenido una posición «unánime» sobre la necesidad de gestionar una solución conjunta para aliviar el colapso del sistema de acogida. Clavijo recordó ayer, durante la inauguración del IV Encuentro de Mercados Tradicionales y junto al líder regional de los populares y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, que las competencias en migraciones son del Estado, pero que Canarias trabaja de forma bilateral desde hace seis meses en la reforma legal, para la que ahora es necesario «buscar el apoyo político de los grupos parlamentarios».

13 millones de euros

El contenido del texto ya está cerrado, a falta de determinar la forma legislativa por la que se aprobará: real decreto ley o proposición de ley. La primera vía, la que defiende Canarias, asegura una rápida entrada en vigor, ya que solo necesita el visto bueno del Consejo de Ministros, aunque después tiene que ser convalidada por las Cortes en un plazo de 30 días. La apuesta del Estado es una proposición de ley, que ofrece más garantías jurídicas, pero requiere lograr el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso.

Para que la reforma salga adelante la clave es, se use una u otra fórmula para su aprobación, el entendimiento. De ahí que Clavijo respalde e incluso haga propia la petición que ha formulado el PP sobre la necesidad de asegurar a las regiones receptoras de menores una ficha financiera suficiente para responder a sus necesidades durante el tiempo que estén bajo su tutela.

«Existen fondos europeos que se entregan al Gobierno de España y este tiene la obligación de transmitirlos», asegura el presidente canario, quien para «no facilitar el discurso de la ultraderecha», prefirió no dar detalles presupuestarios, pero sí reveló que cada mes salen de las arcas canarias unos 13 millones de euros para la atención de los menores. De hecho, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha puesto reiteradamente sobre la mesa de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia la necesidad de contar con financiación para afrontar los gastos derivados de la atención de estos menores . 

Precisamente para trasladar esta necesidad y la situación límite que viven las Islas, Clavijo, como hizo el miércoles Domínguez, ya había solicitado meses atrás la celebración de la Conferencia de Presidentes y de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud en el Archipiélago.

El texto para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería se ha trabajado desde el Estado en el marco de la Comisión Interministerial de Inmigración, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, en la que está incluido el Ministerio del Interior. El responsable de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer al respecto, a su llegada al Consejo de ministros de Interior de la UE en Luxemburgo, que la modificación legal «va a ser una realidad» y garantizará el principio de solidaridad entre regiones. El ministro se mostró convencido de que «ninguna comunidad autónoma, ningún partido político al frente del Gobierno de las comunidades autónomas, puede oponerse a algo tan importante» como el principio de solidaridad «con los más vulnerables».

CC y PSOE firmaron en noviembre un pacto para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, condicionado por el cumplimiento de la agenda canaria, que en el punto nueve incluye la modificación normativa para que la responsabilidad de los menores migrantes no recaiga sobre las comunidades frontera. De ahí que Grande-Marlaska subrayara que el Gobierno de Pedro Sánchez asumió ese compromiso con el Ejecutivo canario desde el principio de la legislatura y aseguró que su compromiso «va a ser efectivo».

El ministro insistió en que los principios de «responsabilidad y solidaridad» en esa materia también quedaron reflejados en el reciente Pacto de Migración y Asilo aprobado en marzo en la Unión Europea. «Esos principios tienen que tener una aplicación directa dentro de cada uno de los Estados miembros, de lo que a nosotros corresponde en España y sobre todo con las personas más vulnerables. Y si hablamos de las personas evidentemente están los menores».

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