El ‘no’ del partido de Puigdemont a la ley de amnistía frena la agenda canaria
Inquietud en CC ante deriva política estatal por la pugna PSOE-Junts
Valido pedirá compensaciones si se prorrogan de forma definitiva los presupuestos

Cristina Valido vota 'no' a la ley de amnistía / Alberto Ortega/ Europa Press
CC se ha opuesto con firmeza desde el principio a la ley de amnistía que han estado negociando durante meses el PSOE y el Gobierno central con Junts Per Cataluña (JxC), pero el bloqueo sufrido por esta norma el pasado martes en el Congreso, precisamente por el ‘no’ de última hora del partido de Carles Puigdemont a la misma, ha supuesto un grave contratiempo para los intereses de los nacionalistas canarios en la política estatal. La primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez pone en entredicho la precaria mayoría parlamentaria que lo sustenta, y abre una gran incertidumbre sobre el devenir de la legislatura, lo que ha provocado una enorme inquietud en CC por su posible incidencia en el desarrollo de la agenda canaria pactada con los socialistas.
Desde la formación isleña se reconoce que la pugna entre el PSOE y Junts a cuenta de la ley de amnistía, sobre la que ambos partidos tienen ahora un plazo de un mes para desencallarla en el Congreso, tiene un efecto preocupante sobre el conjunto de la marcha de la legislatura, pero especialmente y de manera inmediata respecto a la presentación y tramitación de los presupuestos estatales de este año que el Gobierno central pretendía presentar en febrero o marzo. “Nadie sabe hacia dónde derivará la situación ahora, porque la estrategia de Junts es impredecible. No creo que estén dispuestos a dejar caer el Gobierno porque a ellos tampoco les interesa, pero la incertidumbre que se abre es preocupante”, afirma la diputada de CC, Cristina Valido.
Considera la diputada tinerfeña que “nadie pensaba que el PSOE iba a ir tan lejos en la ley de amnistía”, pero, llegado este punto, duda si el órdago de Junts vaya tan lejos como para forzar una nueva vuelta de tuerca a la medida de gracia para los implicados en el ‘procés’ catalán de 2017, o si un plante de los socialistas en este asunto supondrá la ruptura definitiva del partido de Puigdemont con el Ejecutivo de coalición progresista. Pero, de entrada, ya asume que la votación del martes en el Congreso va a dejar secuelas graves en la dinámica política y en la hoja de ruta que Sánchez tenía proyectada para los primeros meses de la legislatura, incluido el empezar a cumplir con aspectos esenciales de la agenda canaria a través de unos nuevos presupuestos.
Despejar esa incógnita sobre la amnistía es fundamental porque de ello dependerá la posibilidad de que haya nuevas cuentas estatales. Aunque los ministros de Sánchez aseguran que esta derrota parlamentaria no pone en riesgo la legislatura, sí aceptan que afecta a los planes y plazos presupuestarios dado que el voto JxC va a condicionar muy probablemente su imprescindible apoyo a los mismos solo si hay acuerdo en la media de gracia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contaba con tener aprobados los presupuestos de este año en abril o mayo, pero ahora se debe resignar a retrasarlos al menos un mes más. Eso en el mejor de los casos, porque el otro escenario es que se vea obligada a una prórroga definitiva de los mismos tras la que ya se produjo de forma automática el 1 de enero.
Para CC, que llevaba con Montero un buen ritmo de repaso de las partidas isleñas en las cuentas de 2024 antes de que el anteproyecto llegara al Consejo de Ministros según lo previsto inicialmente, la situación actual les deja a medio camino: sin poder iniciar una negociación efectiva, y sin saber si el proceso acabará bloqueado por la posible prórroga definitiva. Los nacionalistas canarios entienden que una prórroga de ese tipo que imposibilitara el desarrollo de la agenda canaria en materia presupuestaria, les obligaría a plantearse hasta qué punto se sentirían atados por los acuerdos con Sánchez, porque quedarían sin resolverse aspectos esenciales del mismo como las inversiones comprometidas en materia de infraestructuras a través de nuevos convenios, cumplimiento del REF, o partidas fijas que se tendrían que fijarse o incrementarse, según los casos, en otra serie de capítulos y programas de la ley de presupuestos.
Asuntos en marcha
CC entiende, según explica Valido, que algunos compromisos de la agenda canaria ya están en marcha por parte del Ejecutivo central, aunque todavía con mucho camino por delante. Eso no se verá afectado por el aplazamiento o una supuesta prórroga de los presupuestos. En concreto se destaca el hecho de que para este año ya estén garantizas por el decreto de medidas económicas urgentes, aprobadas hace tres semanas, la gratuidad del transporte terrestre, y las ayudas a la reconstrucción de La Palma. También se considera encaminada la negociación sobre el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados, aunque habrá que ver cómo resuelve el Estado la reforma legal que se necesita para ello, uno de los aspectos importantes del pacto de legislatura con Sánchez.
Para el resto de las cuestiones con afectación presupuestaria, CC cree que la alternativa a la prórroga definitiva de las cuentas sería negociar una serie de compensaciones en materia de inversiones y ayudas a Canarias que puedan ser aprobadas y ejecutadas por otra vía distinta a la ley de presupuestos. Valido resalta en este sentido que gracias a la mejora de las cuentas de 2023 que CC logró tras la negociación con el Gobierno se puede restar dramatismo a la posible prórroga de las mismas durante todo el 2024, pero reconoce que ese escenario dejaría sin efecto muchas de las cuestiones acordadas con el PSOE para esta primera etapa de la legislatura. Y confía en que Junts acabe cediendo en la pugna con el Gobierno por la amnistía “porque sabe que es el único Gobierno con el que va a poder hablar de ello”, y de esta forma poder continuar con el resto de materias asumidas por Sánchez en los acuerdos de investidura.
La tramitación parlamentaria de unas nuevas cuentas suele durar en torno a los dos meses y medio y la idea de Hacienda es que, tras su paso por el Congreso, el proyecto se remita al Senado en mayo y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio para su entrada en vigor. Es el tope, ya que ir más allá se solaparía con la próxima senda de déficit y la presentación de los Presupuestos de 2025. A eso hay que añadirle la circunstancia de un posible bloqueo por parte del PP en el Senado de los objetivos de estabilidad que retrasa, a su vez, en otro mes la posible presentación definitiva de las cuentas a la Cámara baja. Pero para que este proceso eche a andar el Ejecutivo quiere tener cerrada la negociación con todos sus socios y tener asegurado que ninguna presentará enmienda a la totalidad.
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