La emergencia que Madrid no entiende: 31 centros nuevos y 10 millones al mes

Canarias lo puede decir más alto, pero no más claro. El sistema de acogida de niños y adolescentes migrantes está desbordado; las oenegés están al límite de sus fuerzas; y la llegada irregular de menores a las costas ha pasado de ser puntual para convertirse en un problema estructural. El Gobierno de España hace oídos sordos ante la emergencia humanitaria y queda de manifiesto su inacción. Ni han comenzado las derivaciones, ni se ha modificado el marco legal, ni ha destinado a las Islas suficientes recursos económicos extraordinarios para garantizar la correcta atención de los menores. El único paso al frente que ha dado el Ministerio de Infancia y Juventud es poner sobre la mesa 15 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas. Una cifra que Canarias considera ridícula, pues cada mes destina 10 millones al cuidado de los cerca de 5.500 niños que están bajo su tutela. Lejos de traer una solución en su cartera, Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, está en Tenerife para conocer la situación de los centros de acogida y mantener una reunión con el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, quien le presentará la propuesta que ha elaborado su Ejecutivo para agilizar la reforma legal que permitiría distribuir equitativamente a los menores migrantes por todo el territorio nacional.

Las arcas públicas canarias están asumiendo en solitario la manutención de los niños y adolescentes que han llegado al Archipiélago sin el respaldo de un familiar. Además de garantizar su alimentación y vestimenta, esto supone sufragar el alquiler de los inmuebles en los que se instalan los centros de acogida, el acondicionamiento de los espacios y la compra de muebles; así como los traslados, las actividades, las clases de español, la limpieza de los recintos y el salario del personal que les atiende. Según las estimaciones de la Consejería de Bienestar Social, esto suma unos 10 millones de euros, a los que hay que sumar la inversión que hacen las consejerías de Educación y Sanidad.

Clavijo reclama «respuestas concretas» al Gobierno central y acción a la UE

El reparto de los menores entre todas las comunidades autónomas es una medida crucial para garantizar los derechos de los niños y no agravar su situación de vulnerabilidad. Desde que en septiembre comenzó el intenso ciclo migratorio que todavía continúa, Canarias ha ido parcheando dignamente la situación abriendo centros de acogida a una velocidad sin precedentes en España. En solo seis meses, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha 31 recursos, hasta llegar a los 70 que existen en la actualidad y a los que la semana que viene habrá que sumar otros dos más. 

Han pasado 112 días desde la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se acordó la derivación de 339 niños y adolescentes acogidos en el Archipiélago a otras regiones. Hasta ahora no ha salido ni uno. En el momento en el que se cerró ese convenio, el 11 de octubre, el Ejecutivo Canario tutelaba a unos 3.300 menores y ahora casi supera los 5.500. En enero, 984 niños han arriesgado su vida para tratar de llegar a Europa atravesando la frontera más cercana: la del Archipiélago. Solo en la última semana han arribado 366 menores a las Islas sin la compañía de un adulto, más que los que se pactó repartir a lo largo del año por todo el territorio nacional.

Soluciones concretas

Después de un fin de semana negro en El Hierro, a donde llegaron 1.286 personas en solo tres días, Clavijo bloqueó su agenda para visitar la isla. Desde allí, reclamó "respuestas concretas" por parte del Gobierno español "y una respuesta mucho más decidida" por parte de la Unión Europea. El presidente autonómico se mostró contrario a "entrar en un conflicto competencial" dado que la ley actual de los menores "no se diseñó para contemplar un fenómeno como este", sino para cuando un juez que le quitaba la tutela a los padres o por fallecimiento. 

"No hacer nada es tomar una decisión y no hacer nada es que persista esta situación en El Hierro y en Canarias y no nos lo podemos permitir", aseveró y detallóque ya no hay más recursos para alojar a los menores no acompañados. "Hay que escolarizarlos, hay que enseñarles el idioma y hay que garantizarles que tienen un proyecto de vida", señaló Clavijo, quien apuntó que esto le corresponde al Gobierno de España y aseguró que desde las Islas no se va a utilizar como "arma política". "Nosotros no vamos a entrar en este conflicto", sentenció.

Enero terrible

“La situación es límite”, afirmó el presidente canario, tras conversar con los efectivos de los cuerpos de seguridad y rescate y los servicios de emergencias de los puertos herreños de La Estaca y La Restiga, donde han atendido a más de 3.500 personas en enero. Sus declaraciones coincidieron con el desembarco de un cayuco que transportaba a 162 personas de origen subsahariano, entre ellas 18 menores. "Estamos viviendo un mes de enero terrible y la situación no va a cambiar hasta que la Unión Europea haga los trabajos de cooperación y desarrollo con los países emisores, pero mientras esto exista y este fenómeno persista, lo tenemos que gestionar", señaló. 

A lo largo de la mañana, Clavijo se reunió con el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas (PSOE), quien reconoció que la solución "geopolítica" de la crisis migratoria "no está al alcance de una isla con apenas 11.000 habitantes, que se ve desbordada en el día a día al tener que poner sus recursos para atender a los miles de migrantes que llegan a sus puertos".

Llegan tantos niños en un fin de semana como los que se van a repartir entre todas las comunidades

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantuvo una reunión con su homóloga en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, para analizar el contenido de la Conferencia Sectorial de Infancia, que tuvo lugar lunes en la capital y en la que participaron todas las comunidades autónomas para abordar el reparto de los niños y adolescentes migrantes. Tras el encuentro Delgado señaló que hay que seguir exigiendo al Estado “mayor coordinación y mayor financiación” para poder atender a los niños e hizo hincapié en la necesidad de actualizar los protocolos de determinación de la edad, para evitar que haya posibles conflictos de menores en los centros de mayores o mayores en los centros de menores.

Por su parte, la consejera madrileña mostró su preocupación por el “descontrol” en la gestión de la crisis migratoria que está tensionando el sistema de acogida de menores no acompañados y también reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez más información y más recursos para hacer frente a la situación. “Tenemos la extrema necesidad de que el Gobierno actúe de forma proactiva en garantizar la comunicación, planificación y financiación a las comunidades autónomas que dan atención de los menores en solitario”, destacó Dávila-Ponce de León, quien recordó que Madrid atendió en enero a 400 nuevos menores, con respecto a los 77 que recibía de media al mes durante 2023. “Queremos que el Gobierno se involucre para que las comunidades puedan atender a los migrantes”, afirmó. Además, pidió celeridad en las actuaciones y medidas en los países de origen para paliar la crisis migratoria.

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