Clavijo evita censurar a Ayuso: «no hay regiones buenas y malas»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, evitó este martes calificar las declaraciones de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el traslado de migrantes desde el Archipiélago a la Península y a la propia comunidad madrileña, pero destacó al mismo tiempo que la baronesa popular «no se ha negado» a recibir menores migrantes no acompañados. Clavijo aseguró que no va a «juzgar institucionalmente las declaraciones de la señora Ayuso» y evitó también responder a las críticas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el expresidente canario Ángel Víctor Torres, por no rechazar «con la suficiente contundencia» la «xenofobia» que, según el Gobierno central y el propio Torres, encierran las palabras de la dirigente madrileña.

«Aquí no hay comunidades buenas y malas, hay una situación de desesperación de niños y niñas que huyen de violaciones, de hambres, de muerte y de miseria que vienen y que tienen derecho a un proyecto de vida, y Canarias, con 4.700 menores acogidos, es imposible que pueda asumir ya garantizar en solitario atender como se merecen esos niños y niñas», afirmó Clavijo, para quien «es el Estado el que no puede mirar para otro lado, igual que está haciendo Europa, y eludir sus responsabilidades».

De esta forma, el presidente regional respondía a la pregunta sobre las declaraciones de Ayuso en las que aseguraba que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, «utiliza a Canarias como puerta de entrada» a Europa de una «oleada» de migrantes enviándolos «por la noche» y «de tapadillo» a la Comunidad de Madrid, además de vincular delincuencia e inmigración, algo por lo que la presidenta madrileña fue acusada de «racismo» por parte del Ejecutivo central.

Clavijo se centró en explicar la posición del Gobierno de Canarias respecto al traslado de menores migrantes no acompañados hacia otros territorios a partir de la propuesta de reforma legal que está elaborando el Ejecutivo regional. Recordó que ha convocado a los grupos políticos del Parlamento de Canarias para explicarles esa propuesta antes de remitirla al Gobierno central «para que esa distribución de menores la haga el Estado de acuerdo a los criterios que pacte con las comunidades autónomas, de PIB per cápita, de población, de superficie, que se distribuyan». Según dijo, «ese proceso legislativo, entendemos que puede ser a través de un decreto ley que luego puede ser convalidado en el Congreso».

«Yo huiría de esa confrontación», afirmó antes de señalar que Ayuso «en ningún momento se ha negado» a recibir menores migrantes, y que «lo que buscamos es que el Estado asuma ese liderazgo que tiene que asumir porque esos niños no vienen a Canarias, sino a Europa». «Estamos de acuerdo en que se tiene que hacer por ley y, a partir de ahí , institucionalmente no vamos a entrar en esa bronca y en esa crispación. Sería una falta de respeto por los propios niños y niñas migrantes», recalcó.

Por su lado, el vicepresidente de Canarias y líder de los populares de las Islas, Manuel Domínguez, al que el ministro Torres acusó de «cómplice» con las declaraciones «xenófobas» de la presidenta madrileña, insistió en «celebrar» que comunidades como Madrid, Galicia o Aragón «hayan dado un paso al frente para poder acoger a los menores no acompañados que llegan a Canarias y basados únicamente en la solidaridad». También exculpó a su compañera de partido asegurando que él no ha escuchado «a Díaz Ayuso que no está favor o que no va a aceptar que haya derivaciones hacia la Comunidad de Madrid y eso es lo que desde Canarias tenemos que celebrar». Por ello, sostuvo que «ahondar más allá en la interpretación de algo que particularmente desconozco es echar más leña al fuego y continuar en esta España de la división, del enfrentamiento, de la bronca».

Su compañero de partido, el presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Juan Manuel García Casañas, valoró ayer la constitución de la Comisión Interministerial de Inmigración pero duda que la designación Ángel Víctor Torres, al frente de este órgano y de la política migratoria del Gobierno de España, «vaya a solucionar los problemas de Canarias». García Casañas entiende que su «pésima» gestión de esta materia como presidente del Ejecutivo canario en la pasada legislatura «no es el mejor aval».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó por su parte al PP y Vox a ser «honestos y responsables» con la ciudadanía para no volver a correlacionar inmigración y delincuencia, como hizo Díaz Ayuso, porque esa vinculación, que es «completamente falsa», crea alarma social, miedo y odio: «No lo voy a tolerar», enfatizó.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Interior de esta legislatura, el ministro defendió en el Congreso su gestión migratoria dentro de una política de «seguridad humana» que, según dijo, se mantendrá en los próximos años. Marlaska respondió a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmo el pasado lunes que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, llevada a cabo por la Delegación del Gobierno, fue «ilegal» por la «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería y porque lo prohíbe «de manera lapidaria» el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tras dejar claro que el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, Marlaska defendió que las autoridades se ajustaron «en todo momento» al ordenamiento jurídico y actuaron bajo el principio superior del interés del menor.

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