Crisis migratoria | Las cesiones a los independentistas, en cuestión

Torres advierte a Junts que Cataluña no podrá negarse a recibir migrantes

Expertos constitucionalistas y juristas avisan de la ilegalidad de la transferencia al ser la inmigración competencia exclusiva del Estado y una política unitaria

Llegada de migrantes al Hierro.

Llegada de migrantes al Hierro. / EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, negó este viernes que la cesión de competencias en materia de migración a Cataluña, como acordó el Gobierno de Pedro Sánchez con Junts, vaya a suponer que el Govern pueda rechazar la acogida de menores no acompañados, aunque precisó que aún falta por definir el texto legislativo. Torres quiso despejar «la afirmación falsa» de que Cataluña vaya a poder rechazar la acogida de menores no acompañados de otros territorios.

El ministro ha precisado que el acuerdo con Junts no supondrá una transferencia a Cataluña, sino que se delegarán las competencias en materia de migración, un mecanismo que, según ha explicado, otorga al Estado la posibilidad de recuperar estas competencias. Eso sí, Torres ha recordado que aún no existe un texto concreto para la cesión de estas competencias en materia de migración, apostillando que Junts está en su «propuesta de máximos», aunque ha precisado que posteriormente se tiene que someter al Congreso de los Diputados, negando que no sea constitucional.

Por su parte, también la diputada nacional del PSOE por Las Palmas, Dolores Corujo, matizó este viernes que se trata de competencias «de gestión» y de «tramitación» porque hay un grueso de responsabilidades del Estado en esta materia «que son indelegables». Además, ha sostenido que las aspiraciones de Junts en este campo no son realistas, porque dependerían de la aprobación de una ley orgánica, que necesita de una mayoría absoluta en el Congreso, lo que es difícil de conseguir en las actuales circunstancias de la legislatura.

En cualquier caso, defendió que el acuerdo con Junts sobre la delegación de competencia en migración a Cataluña no afecta a Canarias ni a su demanda de que se establezca una corresponsabilidad obligatoria entre todas las comunidades autónomas en materia de acogida de los menores que llegan en pateras y cayucos.

La catalana es de las regiones que más personas recibe, pero sus centros no están tensionados

Pese a que el Gobierno sostiene que esta delegación de competencia encaja en la Constitución, los expertos sí ven este traspaso con visos de inconstitucionalidad y contraproducente con la política europea sobre inmigración y asilo tendente a centralizar las políticas migratorias, sobre todo tras el reciente pacto alcanzado por los Veintisiete. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, subraya que la inmigración, la extranjería y el derecho de asilo son competencias «exclusivas» del Estado según el artículo 149 de la Carta Magna, si bien el artículo 150 establece un mecanismo por el cual el Estado puede transferir o delegar competencias estatales a las comunidades autónomas bajo determinados requisitos y en forma de ley orgánica.

Pérez cree que hay materias que por su naturaleza requieren de una política unitaria en todo el territorio nacional y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional conocida hasta ahora «es claro y evidente que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado y que la naturaleza de esta competencia implica que será difícil de defender que se pueda transferir a las comunidades», asegura.

Diferentes interpretaciones

El experto constitucionalista reconoce que la Carta Magna se puede interpretar de diferentes formas, más o menos flexibles, pero la literalidad de la Constitución limita que determinadas competencias puedan ser traspasadas, entre ellas la inmigración. Gerardo Pérez prefiere esperar a una hipotética ley y su contenido para conocer exactamente el alcance de la transferencia o delegación, si bien a priori lo ve «muy dudoso» a la luz de la jurisprudencia que ha promulgado el Tribunal Constitucional: «Ahora mismo si me pide un pronunciamiento me decanto por la inconstitucionalidad», asevera.

Por su parte, el abogado especializado en extranjería Daniel Arencibia advierte que el Tratado de la Unión Europea recoge que las fronteras deben ser soportadas de forma solidaria por los Estados. «España lleva mucho tiempo reivindicando que los países frontera no sean los únicos que gestionen la política migratoria, por lo que cualquier decisión de que haya un territorio que pueda ir por libre es sentar un precedente peligroso porque es fundamental que haya una gestión unificada de las fronteras», cuestiona Arencibia.

Corujo (PSOE) matiza ahora que hay materias migratorias que son «indelegables»

El abogado de Somos Red recuerda que tanto Cataluña como el País Vasco han sido bastante solidarios acogiendo en sus territorios un cupo importante de migrantes procedentes de Canarias en los últimos años. No obstante, ante el escenario que se ha abierto por el posible traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat catalana, «es clave la unidad y la solidaridad de toda Europa en soportar los efectos de las fronteras. España exige unidad de acción europea y lo que no tiene sentido es que mientras pedimos eso dentro del país se tomen decisiones en el sentido contrario y habrá que ver cómo puede afectar esta situación a Canarias», añade Arencibia.

La exigencia de Junts en que Cataluña tenga las competencias en inmigración preocupa a Canarias porque esa comunidad ha sido tradicionalmente uno de los territorios que más han acogido migrantes procedentes de las sucesivas oleadas que han llegado a las Islas, tanto adultos como menores no acompañados. Como ejemplo, en octubre de 2023 Cataluña acogió desde principios de ese mes a 1.955 migrantes adultos y 33 menores procedentes de Canarias, durante un mes que dejó cifras sin precedentes en la ruta migratoria canaria. El Ministerio de Inclusión y Migraciones trasladó a territorio catalán solo ese mes a 1.988 migrantes que habían llegado a las Islas.

Asimismo, la red de acogida establecida por el Ministerio de Inclusión y Migraciones en noviembre, impulsada por el exministro José Luis Escrivá, supuso el reparto de 43.000 plazas por todo el territorio nacional convirtiéndose Cataluña en la tercera comunidad con más migrantes acogidos –6.023– después de Andalucía –9.874– y la propia Canarias –6.363–. Sin embargo, los centros catalanes de internamiento de extranjeros no están saturados ni tensionados porque muchos migrantes que llegan a esta comunidad siguen hacia Francia para dirigirse a otros países de la UE donde tienen familia como Bélgica, el Reino Unido o el país galo, por lo que Cataluña se convierte en un lugar de paso.

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El papa Francisco recibe el lunes en audiencia privada al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar entre otros asuntos la emergencia migratoria registrada en los últimos meses en el Archipiélago. La cifra con la que se cerró 2023 marcó récord en Canarias y en España, con un total de 39.910 personas que cruzaron el Atlántico desde la costas africana en embarcaciones precarias (un alza del 154,5%). En lo que va de año son ya 1.430. Ayer arribaron 99 a El Hierro, 126 fueron localizados al sur de La Gomera y 30 más a Tenerife. Al encuentro en el Vaticano también prevén asistir el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Lady Barreto, y la titular de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado. Se suman a la comitiva Bernardo Álvarez y José Mazuelos, obispos de Canarias. A la salida del Vaticano el presiente de Canarias acudirá a entrevistarse también con la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá. | LP/DLP

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