Canarias alerta: dejar a Cataluña la gestión migratoria bloquea los traslados

Preocupación y alerta en Canarias tras el acuerdo entre el PSOE y Junts para ceder competencias en materia de inmigración a Cataluña. Aunque no se conocen los detalles del pacto, las pistas que han dado algunos dirigentes de la formación independentista han alarmado al Gobierno regional, a partidos políticos y sindicatos policiales. El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, fue rotundo: «no puede ser que de manera bilateral por acuerdos puntuales se altere el equilibrio territorial y el reparto de migrantes entre las comunidades, sean adultos o menores». El PP, que forma parte también del Gobierno, cuestiona la estrategia de su socio en las Islas, Coalición Canaria, por respaldar los decretos leyes aprobados en el Congreso: «CC debería revisar su posición en Madrid y renegociar los acuerdos suscritos para que Sánchez no vuelva a abandonar y traicionar a las Islas», advierte el presidente regional del PP y vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez.

Ante este acuerdo entre bambalinas en un asunto especialmente sensible para Canarias, el Gobierno regional ha solicitado una reunión urgente de la comisión sectorial de migración al considerar que es el foro más adecuado para hablar de posibles competencias porque en el mismo se sientan todas las comunidades autónomas. Alfonso Cabello criticó que «un acuerdo bilateral no puede condenar la situación de la inmigración en Canarias porque la respuesta ante este fenómeno debe ser unitaria del Estado español y de la Unión Europea». El Ejecutivo cree preocupante que se cambie la atención a los migrantes «en función de la comunidad autónoma a la que lleguen». Canarias insiste en que exista una «corresponsabilidad real» que evite la pérdida de vidas y mejore la atención a los migrantes por parte del Estado, las comunidades y la UE.

Desde el Gobierno central se precisó ayer que aún no se ha determinado el alcance de las competencias de inmigración que se van a transferir a Cataluña y que éstas tendrán que aprobarse mediante una ley orgánica, lo que requiere de una mayoría cualificada del Congreso. En este sentido, la portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE canario, Elena Máñez, indicó ayer que «se trata de una posibilidad que está recogida en el marco de nuestra Constitución, en el artículo 150.2, y que cuenta con todas las garantías y que además se tienen que tramitar como ley orgánica, con las mayorías que eso requiere y en cuyo trámite parlamentario todos los grupos tendrán la oportunidad de exponer sus planteamientos. Se tramitará, por tanto, conforme a todas las garantías que ofrece nuestra Constitución».  

Junts aspira a controlar la entrada de migrantes, el control de fronteras y las expulsiones

Sin embargo, la preocupación de Canarias surge por las manifestación de algunos dirigentes de Junts, que hablan de que Cataluña tendrá competencias en el control de los flujos migratorios, por lo que se teme que puedan ponerse impedimentos a la entrada de migrantes procedentes de Canarias, por las derivaciones que se están produciendo, y bloquear la acogida de menores como exige el Gobierno canario que se haga por ley. Asimismo, el partido independentista también aspira a tener el control de fronteras, documentación y permisos de residencia y la capacidad de decidir si expulsa a inmigrantes reincidentes en delitos.

Críticas

El respaldo de CC a los decretos impulsados por el Gobierno de Sánchez, mientras se pactaba esta transferencia a Cataluña, ha causado malestar en el PP tanto en la dirección nacional como en la canaria. El diputado popular por Las Palmas y miembro de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, cree que CC «se equivoca» al respaldar a Sánchez «sin conocer los acuerdos finales a los que llega con los independentistas» y recuerda que ya Puigdemont dijo tras el acuerdo de investidura que Cataluña aspiraba a contar con las competencias en inmigración. Mariscal recuerda que hay elecciones autonómicas en Cataluña a final de este año o principios de 2025 y la inmigración es un tema crucial de campaña para los partidos nacionalistas.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, en su calidad de presidente regional del PP sostiene que el presidente del Ejecutivo central tampoco se sonroja a la hora de beneficiar a ciertos territorios en detrimento de otras regiones españolas, «y todo por su interés personal». «Abrir la puerta a perjudicar la libertad de movimiento de las empresas o trocear competencias cruciales como la inmigración no tiene importancia alguna para el Partido Socialista de Sánchez. No olvidemos que algunas de estas decisiones afectan directamente a Canarias, como la derivación que se pretende llevar a cabo de los menores migrantes».

Los sindicatos critican que se quiten competencias exclusivas a la Policía Nacional

La posibilidad de que Cataluña asuma la gestión integral de la inmigración también alarma a los sindicatos y asociaciones que representan a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. El secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Canarias, Marcos Santiago, criticó la posibilidad de que se traspasen competencias que tiene la Policía Nacional a los Mossos d’Esquadra: «por ley orgánica tenemos las competencias en inmigración y extranjería y el control de fronteras, no entendemos que se transfieran a los Mossos cuando es una política que a nivel europeo cada vez está mas centralizada», advierte. Todos los sindicatos y asociaciones policiales han reclamado una reunión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para tratar este asunto que dejaría prácticamente fuera de Cataluña tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. Marcos Santiago cuestiona que sea el Gobierno catalán el que decida si acoge o no migrantes derivados de otras comunidades como Canarias. 

«Hay muchas incógnitas y por eso queremos que el Ministerio nos aclare todas esas circunstancias que están en el aire», añade Santiago, que advierte que el Gobierno central «está continuamente derivando competencias de los cuerpos de seguridad del Estado que no pueden ser transferidas, como es este caso de los asuntos de inmigración y extranjería».

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