La realidad del racismo inmobiliario: "Me colgaban el teléfono por ser africano"

«Pagué la fianza y un mes de alquiler. Horas después me llamaron para decirme que no podían alquilar la habitación a una persona negra». François Kpoghomou tardó casi medio año en encontrar una casa en la que vivir. Tener una nómina que le permite pagar el alquiler y contar con contrato de trabajo no era suficiente para ganarse la confianza de los propietarios. El problema estaba en el color de su piel y en su lugar de nacimiento. «Lo primero que me preguntaban era cómo me llamaba y de donde era, al descubrir que soy de Guinea Conakry me colgaban el teléfono o me decían que la habitación ya estaba alquilada», recuerda este joven, que llegó a Canarias en patera con apenas 16 años. La tasa de discriminación en el ámbito de acceso a la vivienda se sitúa en un 31%, según el estudio Percepción de la discriminación por el origen racial o étnico por parte de las potenciales víctimas, elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre) para el Ministerio de Igualdad. Este informe refleja que una de cada dos personas de origen subsahariano o magrebí ha experimentado discriminación en el acceso a la vivienda, y su situación ha empeorado gravemente en la última década.

El caso de Kpoghomou no es único. María José Rodríguez, profesora de español para menores migrantes en la Asociación Nahia, ha acompañado a varios chicos en el proceso de búsqueda de una vivienda. Les ayuda a superar la barrera del idioma, les asesora en el uso de herramientas como los portales inmobiliarios y les informa sobre sus derechos como inquilinos. «Nada más iniciar la conversación advertimos que el alquiler es para una persona migrante, porque la experiencia nos ha enseñado que esto supone un problema en muchas ocasiones. No te dicen que no abiertamente, pero cuando les das información sobre el inquilino ya no te contestan más», relata Rodríguez. 

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Lo más habitual es que opten por una vivienda compartida, porque es prácticamente imposible que consigan alquilar una casa completa. «El problema no es tanto el dinero, sino los requisitos que les imponen. Hemos visto que piden hasta un aval para alquilar una sola habitación», detalla Rodríguez. 

La técnica del Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Cedre, Clara Herrero, subraya que los compañeros de piso, a veces, tienen conductas discriminatorias, que se reproducen entre los vecinos. Kpoghomou también se ha enfrentado a diversos episodios racistas con las personas con las que ha convivido. Una vez cumplió la mayoría de edad, consiguió entrar en un centro para adultos en el que pudo estar nueve meses. En la primera casa en la que vivió tenía una compañera que, a pesar de que sabía que trabajaba hasta tarde, le hacía salir de la habitación a las seis de la mañana. «Me decía que no me podía quedar en la casa hasta más tarde porque era negro», rememora el joven guineano.

La discriminación en el acceso a la vivienda es un fenómeno multidimensional que se origina, por un lado, en las inmobiliarias; y por otro lado, en las comunidades de vecinos, que se organizan para impedir la entrada de ciertos colectivos a sus espacios residenciales, según se recoge en el estudio del Cedre. «Esto se ocasiona por los estereotipos en torno a ciertos grupos, sobre los que se proyectan situaciones de vulnerabilidad que podrían generar procesos de hacinamiento habitacional, delincuencia, o la disminución del valor de la vivienda propia», revela el informe.

Multa pionera

Desde la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) insisten en que las agencias no son las que implantan las condiciones de arrendamiento, pues son los propietarios los que marcan los requisitos que quieren imponer a sus inquilinos. «Nosotros no tenemos conocimiento de que exista discriminación racial y dudo mucho que alguno de nuestros asociados la tengan como política», sostiene Maurizio Cattarossi, portavoz de ACEGI y presidente del Comité de Tenerife. A su juicio, las condiciones para alquilar una casa o una habitación «se han endurecido una manera natural, porque el mercado está muy caro». Por esto, alega que «no se puede confundir un tema de xenofobia con una cuestión financiera».

La discriminación inmobiliaria a los migrantes es una práctica normalizada en España, según se desprende del informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler. Este documento, elaborado por Provivienda para el Ministerio de Migraciones, concluye que el 72,5% de las inmobiliarias contactadas aceptaron formas explícitas de discriminación. Esto es, que bloqueaban directamente el acceso a la vivienda a personas migrantes.

Los mecanismos discriminatorios no siempre son detectados, según el estudio de Provivienda, pues «muchos se emplean de forma oculta». Y, además, los propietarios o las inmobiliarias «se aprovechan del desconocimiento de las leyes en materia de vivienda e incluso de los propios derechos que como colectivo migrante tienen en España». Así, según este mismo estudio, del 27,5% que no admite la discriminación explícita, el 81,8% lleva a cabo prácticas de discriminación indirecta. Por ejemplo, anuncian el piso más caro, piden el permiso de residencia, aumentan las condiciones de la fianza, piden excesiva información económica, recogen más datos sobre el número de personas que va a convivir, reducen el periodo del contrato o incluyen cláusulas de recuperación de la vivienda.

En el sector de la vivienda existe una infradenuncia de estas situaciones discriminatorias, porque «los afectados no lo consideran útil», ya que lo que necesitan es solucionar su problema de forma inmediata, según explica Herrero, quien sostiene que debido a su situación de vulnerabilidad les cuesta visibilizarse y, además, la discriminación es muy difícil de demostrar. «Esta situación hay que trabajarla desde la prevención, para que las inmobiliarias sean las que conciencien a los propietarios», afirma la técnica del Cedre.

Cattarossi explica que cuando el dueño de una vivienda busca inquilinos se preocupa porque sean una o dos personas solventes. «Esto no significa que gane suficiente para pagar la casa, sino que también tiene que ganar para vivir. El Banco de España recomienda dedicar a la vivienda no más de un 30-35% de los ingresos», detalla. Además, apunta que los propietarios, cuando se les explica, entienden que la importante es encontrar a alguien que de garantías económicas, independientemente de donde hayan nacido. 

En 2021, el Ayuntamiento de Barcelona impuso una sanción pionera en España y multó con 45.000 euros al dueño de una vivienda y a una inmobiliaria por negarse a alquilar el piso a un chico marroquí por racismo. La discriminación se produjo cuando, después de mostrar interés en alquilar la vivienda y acreditar su solvencia, la agencia inmobiliaria no respondió a la petición y argumentó se habían declinado por otro candidato, a pesar de que el piso siguiera vacío y disponible semanas después.

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