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Canarias confía en aislar su agenda de las tensiones territoriales

El ruido político y la polarización de posiciones en el ámbito estatal están marcando la pauta en este inicio de legislatura tras la conformación del nuevo gobierno de coalición de PSOE y Sumar

Sánchez y Clavijo, el pasado verano en Tenerife.

Sánchez y Clavijo, el pasado verano en Tenerife. / RAMÓN DE LA ROCHA / EFE

Madrid

El ruido político y la polarización de posiciones en el ámbito estatal están marcando la pauta en este inicio de legislatura tras la conformación del nuevo gobierno de coalición de PSOE y Sumar bajo la presidencia del socialista Pedro Sánchez. Buena parte de esa confrontación se está librando en el ámbito territorial, de forma que la pugna entre derecha e izquierda, con los nacionalismos y soberanismos vasco y catalán como piezas claves del tablero, está afectando de manera muy clara y directa a las comunidades autónomas y a sus respectivas relaciones con el Estado.

Canarias no es ajena a esta dinámica, pero se mantiene como una de las pocas autonomías que pretende jugar por su cuenta, que tiene una estrategia independiente y autónoma frente a los demás bloques, y cuyos intereses deberán defenderse en distintos escenarios y aliándose, según los casos, con diferentes socios de uno u otro lado de la trinchera tratando de no embarrarse ni entrar en conflicto con la otra parte.

Este es el punto básico de partida del Gobierno regional presidido por Fernando Clavijo a sabiendas de que la presencia del PP canario en él obliga a un complicado ejercicio de equilibrios y equidistancias para que ninguno de los objetivos de Canarias para la nueva etapa se pierda por el camino. De entrada, el Ejecutivo isleño es el único que liderado por un partido nacionalistas (CC) incluye presencia de los populares, frente al caso catalán de gobierno exclusivo de ERC o el vasco gobernado por la alianza PNV/PSOE.

Doce PP y tres PSOE

El resto de los territorios se reparten de forma muy desigual entre doce gobiernos del PP (cinco de ellos con Vox: Castilla-León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia) y solo tres socialistas (Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha).

La otra singularidad de Canarias en este marco político es que el partido que lidera su Ejecutivo tiene firmado un acuerdo de legislatura con el PSOE para apoyar al Gobierno a cambio de una agenda canaria cuyos principales hitos se ven afectados por esa batalla de fondo entre socialistas y populares, y más específicamente entre el propio Sánchez y el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo. Una pugna que el PP ha trasladado en toda su intensidad a los territorios donde gobierna y que se ha convertido así en una guerra abierta también de todas ellas contra el Gobierno central.

El cumplimiento de varios de los puntos esenciales del acuerdo CC-PSOE para el desarrollo de la agenda isleña, sobre todo el relativo a la reforma del sistema de financiación, dependerá en muchos casos de esa dialéctica entre los bloques.

Canarias confía en todo caso en poder aislar la defensa de sus propios intereses de las tensiones territoriales, suscitadas sobre todo, además de por la amnistía aprobada para los independentistas responsables del referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña, por las cesiones que Sánchez ha hecho sobre todo a ERC en relación con la comunidad catalana.

Especial relevancia tiene la condonación del 20% (15.000 millones de la deuda contraída con el Estado a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómica), además de por el traspaso de competencias como las de los trenes de cercanías. También se han cerrado transferencias al País Vasco en los acuerdos con Bildu y el PNV que causan recelos en otras autonomías.

Todo ello, sobre la cresta de la bronca política entre PSOE y PP por todos los aspectos de la vida política nacional, ha creado un clima de tensión entre el Estado y los territorios que incluso ha arrastrado en distintos aspectos a algunas comunidades socialistas, especialmente a Castilla-La Mancha.

La sensación entre las demás regiones es que el Gobierno central está pactando de manera unilateral una mejora de la financiación para Cataluña casi renunciando ya de antemano a la reforma del sistema que reclaman todas las comunidades y que el propio Sánchez anunció en su investidura.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió el pasado lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que no hay tal «negociación bilateral» con Cataluña, y que habrá condonación de deuda a todas las regiones, accediendo a convocar una nueva reunión de este órgano en enero para explicar de qué forme se aplicará esa quita al resto de territorios.

Pero los presidentes autonómicos quieren abordar de forma directa con Sánchez estas dos cuestiones, reforma de la financiación y condonación, y muchos de ellos han reclamado por carta dirigida a la Moncloa la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

«En breve»

Clavijo fue uno de los primeros que escribió a Sánchez. Hace unos días el jefe del Ejecutivo nacional respondió y le avanzó que la cumbre presidencial se convocaría «en breve», algo que reiteró el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, en el Senado el pasado martes.

El presidente de Canarias está muy lejos sin embargo del lenguaje y los posicionamientos formales de sus colegas del PP y mantiene con el Gobierno central la sintonía de cooperación que dio origen al acuerdo de legislatura para el apoyo de la diputada Cristina Valido (CC) a la investidura de Sánchez.

Clavijo está decidido a mantener esa estrategia mientras considere que el Gobierno central va cumpliendo con la agenda canaria, aunque mantiene al mismo tiempo un hilo de conexión con el PP gracias a su rechazo en la Cámara Baja a la ley de amnistía, y al sumarse al no de las comunidades populares a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para el próximo año.

Ese rechazo al déficit de un -0,1% para las comunidades autónomas lo expresó el lunes en el CPFF la consejera de Hacienda, la popular Matilde Asián, pero fue consensuado entre Clavijo y el líder del PP canario y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez.

Pese a que Canarias no necesita ese margen de déficit al tener sus cuentas saneadas y no era por tanto algo que afectara a sus presupuestos para el próximo año, tanto CC como PP justifican su posición por el hecho de que la regla de gasto en vigor –aprobada por el gobierno popular de Mariano Rajoy– impide a Canarias destinar más recursos al capítulo de gastos.

La próxima tramitación de los presupuestos del Estado para 2024 dará la medida de la cohesión interna en el pacto regional si finalmente CC acaba apoyándolos considerando que respetan el acuerdo con el PSOE. El previsible rechazo del PP nacional a las cuentas estatales obligará a los populares canarios a una visión crítica de los mismos, y eso podría crear los primeros roces con sus socios de gobierno en las Islas.

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