Las ONG se unen para reclamar más medidas de protección a los menores

La crisis migratoria actual no tiene precedentes y no solo por las cifras de llegadas, también por el perfil de los protagonistas, cada vez más vulnerables. El número de menores que viajan hacia las Islas en las precarias barcas ha crecido, lo que preocupa a las organizaciones dedicadas a la infancia. La Plataforma de Infancia, Save the Children y Unicef España se han unido para enviar un documento en el que exigen a las autoridades implicadas en la identificación, protección e inclusión social de los niños la puesta en marcha de una serie de medidas de «carácter urgente» para «garantizar la adecuada» protección de los jóvenes que llegan al Archipiélago. 

«Hemos hecho una serie de recomendaciones y propuestas porque nos preocupa que se estén produciendo ciertas situaciones», explica la técnica de Políticas de Migración y Asilo de Unicef en Canarias, Sara Casero, quien afirma que las organizaciones han detectado que se está produciendo «problemas» a la hora de determinar la edad de los menores. «Nuestra preocupación fundamental es que haya menores que acaban en centros de adultos», reconoce. Según la información obtenida por las organizaciones, se están notificando a las Fiscalías «muchos casos» de presuntos menores de edad que no han sido correctamente identificados y que han sido derivados a centro de mayores gestionados por el Ministerio de Migraciones.

Las ONG consideran esencial que la identificación de la edad se realice «en las primeras horas tras el desembarco», ya que después los procesos son, según Casero, «lentos, intrusivos y generan impacto psicosocial en los menores». Por ello, reclaman la presencia de profesionales especializados en infancia en el momento de la reseña policial que apoyen a la Policía Nacional en la detección y reconocimiento de la minoría de edad. Y que estos también estén en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y dispositivos asimilables. «Si los menores no van a los centros adecuados, acaban expuestos a situaciones de riesgo», lamenta Casero. Una identificación incorrecta supone dejar a los niños «desprotegidos» y sin acceso a los derechos de la infancia como la educación o la reagrupación familiar. 

Las organizaciones, además, apuntan en el documento la «falta de claridad» en las instrucciones comunes por parte de la Fiscalía de extranjería a las entidades que forman parte del programa de atención humanitaria a la hora de establecer los pasos a seguir cuando se detectan casos de menores en centros de adultos. «Ahora no hay instrucciones claras de cuándo actuar y cómo hacerlo, hay que tener claros los pasos porque si no, esos procedimientos se retrasan», advierte la técnica de Políticas de Migración y Asilo de Unicef en Canarias. 

Las ONG proponen, además, que la Fiscalía dicte instrucciones para evitar el «uso sistemático» de pruebas de determinación de edad cuando «no admite dudas o existe documentación probatoria» de la misma, ya que este tipo de procedimiento, según indica Casero, «pueden ser intrusivos para el niño y traumáticos». Por ello las organizaciones apuestan por apoyarse en profesionales de la infancia que con entrevistas en la lengua materna de los migrantes puedan identificar la edad y la vulnerabilidad en cada caso. Actualmente en Tenerife hay pendientes 1.900 expedientes de determinación de la edad y más de 800 en Gran Canaria. 

Sumado a esto, las organizaciones detectan que la apertura de nuevos dispositivos como consecuencia del aumento en la frecuencia de llegadas dificulta «realizar» una serie de actuaciones como las evaluaciones del interés superior del niño, informar e identificar necesidades de protección internacional o trata o garantizar apoyo psicosocial suficiente. «Cuando se abren centros con muchas personas es imposible garantizar los derechos de los niños, debemos tender a centro con plazas limitadas», advierte Casero. 

En el documento las ONG también insisten en la necesidad de agilizar los traslados a otras comunidades autónomas para permitir al sistema de protección de infancia canario proporcionar una adecuada atención y protección de los niños. Y se realiza un llamamiento al Ministerio de Derechos Sociales y a las comunidades autónomas pidiendo el incremento del número de plazas de acogida en sus sistemas de protección y flexibilización de los requisitos para hacer posible el traslado de los menores migrantes. 

Precisamente ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y migraciones, José Luis Escrivá, lamentó la «desigual» respuesta de las comunidades autónomas a la petición de solidaridad del Gobierno canario para acoger a los menores no acompañados que están llegando a sus costas en los últimos meses. Según Escrivá, en la actual coyuntura, la cifra de personas que acogerá la Comunidad de Madrid, con siete millones de habitantes, es la misma que Asturias con un millón, lo que «habla bien» de la solidaridad del Principado «y no tan bien de otras comunidades».

El responsable del área, además, ha convocado para el próximo 20 de noviembre una reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, con participación de los consejeros autonómicos y representantes de los entes locales. Un encuentro que el Ejecutivo autonómico lleva meses reclamando. La convocatoria de la Sectorial fue acordada en la reunión que mantuvo la pasada semana el ministro con los consejeros y con alcaldes de los principales municipios para informarles de los traslados de migrantes a la Península.

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