El Estado no ve margen para ampliar las competencias canarias en Costas

El pleito entre Canarias y el Gobierno central por el traspaso completo y sin límites de las competencias en Costas se mantiene en todo lo alto y con las posiciones muy encontradas y sin visos de coincidir. El Ministerio de Transición Ecológica, titular oficial de esa atribución hasta el pasado 1 de enero, no ve margen para ampliar el traspaso a la Comunidad Autónoma que se llevó a cabo en esa fecha pese a la reiterada y enfática petición que el Ejecutivo regional está haciendo en ese sentido.

El departamento que dirige la ministra Teresa Ribera acaba de señalar en una respuesta parlamentaria por escrito que dicho traspaso se realizó en la fecha indicada “sin condicionamientos ni limitaciones que impidan el pleno ejercicio de la competencia autonómica en materia de ordenación y gestión del litoral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias”.

La respuesta, tramitada en realidad a través del Ministerio de Política Territorial como encargado de tramitar dichas transferencias, señala que “no consta” en ese departamento “la existencia de obstáculos o dilaciones injustificados que impidan la efectividad del traspaso” en los términos en que se acordó en la reunión de la Comisión Mixta Canarias-Estado celebrada el día 27 de julio de 2022, donde también se propuso la creación de un grupo de trabajo de carácter técnico y bilateral que abordase las cuestiones relativas a la gestión de los expedientes en tramitación.

En la contestación del Gobierno central a una pregunta por escrito del senador por La Gomera, Fabián Chinea (ASG), se insiste en que el procedimiento para que Canarias se haga con la gestión y ordenación del litoral se basa en las “previsiones normativas” establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, recodando en este sentido todos los aspectos que incluye el texto estatutario.

Es justamente apelando a lo establecido en la ‘carta magna’ autonómica cómo el Gobierno regional, tanto el actual del pacto entre CC y PP como el anterior liderado por el PSOE, exige las transferencias completas, considerando que el Ministerio de Transición Ecológica se ha reservado algunos ámbitos de actuación contraviniendo el acuerdo entre ambas partes fijado en la Comisión Bilateral. El principal pleito entre Canarias y el ministerio de Ribera se refiere a la capacidad de conceder autorizaciones de obras y actuaciones en el litoral, y en definitiva del uso del dominio público marítimo terrestre, aspecto que afecta a varios expedientes sobre distintos proyectos hoteleros en varias islas y en particular a los de la cadena RIU en Fuerteventura, los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Fue precisamente la paralización cautelar ordenada en septiembre por el Tribunal Superior de Justicia a las obras de remodelación que en mayo había autorizado el Gobierno canario la que encendió la señal de alarma. El Abogado del Estado sostiene que la resolución de la  Consejería de Transición Ecológica que recurre el Estado es "nula de pleno derecho" porque Canarias asume competencias que son de la Administración General del Estado en relación con la Ley de Costas.

La respuesta parlamentaria da a entender que el Estatuto de Canarias no contempla los aspectos de esta competencia que reclama el Gobierno regional y que no hay por tanto margen para cambiar las condiciones del traspaso ya efectuado. Cabe recordar en este sentido que la Consejería de Transportes, titular ya ahora de estas competencias, se ha dirigido al Ministerio de Transición Ecológica para que estas le sean transferidas en su totalidad, pero el departamento de Ribera se quitó el problema de encima y remitió cualquier solución al ámbito político y en concreto a una nueva negociación del decreto de transferencias que regula esta cuestión.

Desde la dirección general de la Costa y el Mar y la subdirección general de Dominio Público Marítimo-Terrestre del Ministerio se trasladó hace dos semanas a la consejería de Obras Públicas, en una reunión mantenida en Madrid, que Transición Ecológica es un “mero ejecutor” del decreto de transferencias aprobado el año pasado y que corresponde al Ministerio de Política Territorial dirimir este conflicto con Canarias en el marco la Comisión Bilateral entre ambas administraciones para, en su caso, reformar en esa instancia el decreto de transferencias de la gestión de Costas. El Gobierno de Canarias anunció en ese momento que pediría una convocatoria de ese foro bilateral para aprobar un nuevo decreto en el que las competencias queden todas de forma clara en manos de Canarias, y que la gestión de las mismas no se vea sujeta a la interpretación restrictiva que ahora hace el Ministerio de Rivera.

Fabian Chinea: “Dicen que está todo perfecto, pero vemos cómo el Ministerio está interviniendo en expedientes de actuaciones en la costa contra los criterios del Gobierno regional”

Sin embargo, por la contestación que el Estado ha ofrecido al senador Chinea se deduce claramente que el Estatuto de Autonomía no ampara una ampliación del traspaso y que las competencias están transferidas en su totalidad e integridad. “La respuesta es un poco sorprendente porque apela al cumplimiento del Estatuto cuando parece claro que algunas de las competencias que todavía se atribuye el Ministerio están reconocidas como competencias de la comunidad autónoma”, señala el senador por La Gomera. “Dicen que está todo perfecto, que no hay obstáculos ni limitaciones a la plena transferencia, pero vemos cómo el Ministerio está interviniendo en algunos expedientes de actuaciones en la costa contra los criterios del Gobierno regional”, resalta Chinea.

Nuevo decreto

“La reflexión jurídica del Ministerio es que ellos son un órgano ejecutor de las normas que conllevan el desarrollo de las competencias, que ya están definidas en la Comisión Bilateral que se hizo en su momento aplicando el Estatuto de Autonomía haciendo el decreto de transferencias, y que para modificar el mismo habría que ir por la vía de Política Territorial y volver a poner sobre la mesa esas competencias de Canarias”, afirmó el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, tras la reunión de hace dos semanas en Madrid

“No se pone en duda el Estatuto, sino que el decreto de transferencias interpreta lo que el Estatuto dice de ese traspaso de competencias”, recalcó.

En su artículo 157, el texto estatutario señala que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva que incluye en todo caso: el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos y planes; la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y, en todo caso, las concesiones de obras fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecer por motivos medioambientales en las aguas costeras interiores y de transición”.

También señala el texto que compete a la Comunidad Autónoma “la regulación y la gestión del régimen económico-financiero del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la legislación general; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general; la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales; y el informe previo de la Comunidad Autónoma sobre la ejecución de obras de interés general en el litoral canario”.

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