El presidente del TSJC avisa del más que posible «colapso» de la Justicia en Canarias

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha advertido este lunes de que «están saltando todas las señales de alarma» en el sistema judicial canario y hay riesgo de «colapso».

En una intervención ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias para presentar la memoria correspondiente a 2022 ha afirmado que hay «datos preocupantes» y que «hacen falta más y mejores medios» con el fin de «garantizar la independencia del poder judicial».

Lorenzo, que ha ironizado con que el poder judicial «es el más débil» ya que «no tenemos presupuesto ni para comprar un bolígrafo», ha insistido en que sin medios adecuados «difícilmente se puede hablar de derechos a la tutela efectiva», y pese a la «relación fluida» y «lealtad institucional» con el Gobierno canario, entiende que hacen falta más recursos.

Lorenzo ha detallado que la dinámica de 2023 «no cambia sustancialmente» a la de 2022, cuando la litigiosidad aumentó un 6% sobre el año anterior (en todos los órganos menos el contencioso-administrativo), con las Islas a la cabeza del Estado con 181 asuntos por cada 1.000 habitantes, diez puntos más.

Ha indicado también que en 2022 aumentaron un 8,4% las denuncias por violencia contra la mujer, subieron los concursos de acreedores y las demandas por despido y también las de divorcio, a la cabeza de España con 248 por cada 100.000 habitantes.

Alto rendimiento

Frente a esos datos ha destacado el «alto rendimiento» de la administración de justicia en Canarias, con un 1,6% más en tasa de resolución de procedimientos, si bien la pendencia aumentó un 11%, situación que «se ha agudizado» este año por la huelga de abogados y funcionarios.

Lorenzo ha tildado de «acuciante» la necesidad de habilitar diez juzgados nuevos, al tiempo que ha lamentado que el año pasado se crearon cinco pero tres no entrarán en vigor hasta junio en Granadilla (Tenerife) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) por la falta de locales.

Además ha apuntado que los nuevos juzgados no pueden atender a una «regla matemática» por población sino tener en cuenta la tasa de litigiosidad pues en el caso concreto de Canarias, por ejemplo, hay que tener en cuenta la «población de hecho» derivada del turismo y el impacto de las economías de servicios en la litigiosidad.

Como ejemplo del retraso en infraestructuras ha tildado de «exasperante» la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife y tampoco se ha acometido el traspaso del edificio ‘Auditorio’, que debía servir como «solución transitoria».

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