El Gobierno reclama a los cabildos fondos sin gastar en plazas de mayores

Cuatro de los siete cabildos canarios tendrán que reintegrar al Gobierno regional fondos autonómicos del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que no han ejecutado, después de seis años desde que se firmó entre la Comunidad Autónoma y las siete corporaciones insulares. El ultimátum del Ejecutivo es que el plan tiene que finalizarse «sí o sí» en 2024 cuando habrán pasado siete años, cuatro prórrogas, la pandemia de por medio y un sinfín de problemas que se han tenido que sortear para acometer una planificación que preveía la construcción de poco más de 5.000 plazas, entre residencias y centros de día, y un volumen de inversión pública cercano a los 260 millones de euros, 161 de ellos de financiación autonómica.

Una vez cogidas las riendas de la Consejería, el equipo que encabeza Candelaria Delgado se está reuniendo con todos los cabildos para cerrar el eterno II Plan y poner al día las partidas ejecutadas y las que no para que éstas sean devueltas, aunque también existe la opción de la compensación por parte de las corporaciones insulares. «Hay cabildos que son conscientes de que tienen que reintegrar fondos porque no han ejecutado lo previsto en el plan», advierte el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil. Los más perjudicados por esta situación son los cabildos de Lanzarote y El Hierro que, según los datos en manos del Ejecutivo, no han ejecutado ninguna de las plazas previstas cuando se firmó el convenio en diciembre de 2017. También los cabildos de Tenerife y Gran Canaria tendrán que devolver dinero aunque se están negociando las cantidades concretas, mientras que los cabildos de La Palma, La Gomera y Fuerteventura sí han ejecutado la totalidad de las plazas a las que se habían comprometido.

Según las cifras de la Comunidad Autónoma las plazas contempladas por el documento original del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias eran 5.053, de las que finalmente fueron planificadas 4.476. El programa fue firmado por el primer Gobierno de Fernando Clavijo y los siete cabildos en diciembre de 2017 y se extendía por tres años, hasta 2020. La isla con más plazas planificadas es Tenerife con 2.540, seguida de Gran Canaria con 1.301. Le siguen La Palma -278-, La Gomera -185-, Lanzarote -180-, Fuerteventura -150- y El Hierro -27-. Cuando ya se entra en la recta final de 2023, La Palma ha finalizado 141 plazas, La Gomera 185, Fuerteventura 167 y Gran Canaria 84. Tenerife, Lanzarote y El Hierro no han culminado ninguna infraestructura al cien por cien. A día de hoy hay 577 plazas finalizadas.

Solo Fuerteventura, La Gomera y La Palma han cumplido con la planificación de residencias

Francis Candil considera que en 2024 se debe cerrar definitivamente el plan y da margen a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife para que culminen varias obras que están en marcha y que daría un impulso a la planificación en su último año de plazo. Junto a los fondos del plan hay que añadir ahora 72 millones de euros más procedentes de los fondos europeos Next Generation que tendrán que programar las instituciones para ejecutarlos antes de 2026. Candil admite que el reintegro debe realizarse por parte de los cabildos que han incumplido, si bien aún se están «ajustando» las cantidades y las compensaciones que se puedan realizar.

La consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, recuerda que este II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias ha pasado por múltiples vicisitudes porque se firmó sin ningún tipo de planificación ni cronograma, de tal forma que ni había suelo ni proyectos redactados para invertir los fondos a corto plazo. Con la pandemia del Covid se paralizó todo y desde entonces islas como Gran Canaria han acelerado a fondo para finalizar las plazas planificadas, de tal forma que a lo largo de 2024 estarán prácticamente todas acabadas según las estimaciones del Cabildo grancanario. «Ha sido imposible para los cabildos hacerlo más rápido, cuando se empieza de cero no se puede establecer tres años como se hizo en su momento», añade Mena.

Las islas capitalinas aceleran el cierre de la mayoría de plazas antes de finalizar el plan en 2024

La consejera insular reconoce que el Gobierno canario reclama al Cabildo unos seis millones de euros de cantidades no ejecutadas de los años 2017 y 2018, años en los que «nadie ejecutó nada» porque se estaba en busca de suelo y redactando proyectos. En cuanto a los fondos europeos, la Corporación insular está a la espera de cerrar con el Ejecutivo el acuerdo para el traspaso de los fondos que corresponden a Gran Canaria.

¿Y el futuro? Tanto el Ejecutivo como los cabildos consideran que es necesario un III Plan pero esta vez sin cometer los errores del aún vigente y que no solo contenga una relación de obras, residencias y plazas en un plazo determinado. La Consejería de Bienestar Social está empeñada en dar una vuelta a la asistencia a los mayores y discapacitados en consonancia con las nuevas tendencias en la asistencia sociosanitaria. El viceconsejero Candil cree necesario potenciar la ayuda domiciliaria en los próximos años porque la única respuesta a las personas mayores no es la «residencialización». Tanto Candil como Mena creen necesario un nuevo plan sociosanitario porque siguen siendo necesarias más plazas, pero también que sea una planificación en la que se dé la misma importancia a otras alternativas como los centros de día, la teleasistencia, centros ocupacionales o la ayuda a domicilio. «El modelo del futuro es estar más en casa», añade Isabel Mena. «Hay que dar un salto cuantitativo y cualitativo importante en los próximos años y realizar una planificación más integral», indica el viceconsejero de Bienestar Social.

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