Consideraciones sobre la gestión

La inmigración irregular en Canarias se caracteriza por la llegada de migrantes en embarcaciones precarias procedentes de las costas africanas más próximas. Últimamente el punto de partida se ha desplazado de Marruecos y Mauritania hacia Senegal, desde donde salen la mayoría de los grandes cayucos que están arribando a la isla de El Hierro, alguno de ellos con más de 270 ocupantes. El incremento general de las llegadas y la presión migratoria que están soportando las islas occidentales, con excepción de La Palma, eran previsibles por el periodo de calmas propio de la época y la situación de inestabilidad que atraviesan los países del Sahel y el África Occidental.

Los migrantes, al llegar a tierra tras las tareas de búsqueda y salvamento, son recibidos por efectivos de Cruz Roja para prestarles atención humanitaria urgente y derivar a aquellos que lo necesiten a centros sanitarios. Posteriormente ingresan en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (Cate) donde, después de recibir la ayuda sociosanitaria necesaria, se procede a su filiación por la Policía Nacional para ser documentados. Los inmigrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen o que han solicitado asilo, que son la gran mayoría, pasadas 72 horas pueden desplazarse libremente y muchos de ellos se acaban instalando en países europeos del espacio Shengen. En cambio, los menores que llegan sin compañía deben ser tutelados por la Comunidad Autónoma, lo que implica la movilización de importantes recursos materiales y personales de carácter asistencial, educativo y social.

La gestión de este tipo de inmigración, en las diversas fases del proceso, precisa de una serie de actuaciones coordinadas que competen a numerosas instituciones de distintas administraciones. Según la Constitución, las competencias sobre inmigración, extranjería y asilo están reservadas al Estado. No obstante, la comunidad de Canarias ostenta también importantes atribuciones en la materia que están reconocidas en el Estatuto de Autonomía. Entre ellas destaca la competencia exclusiva para la atención sociosanitaria y de orientación de los inmigrantes no comunitarios, así como la protección de menores, su acogida e integración.

La actuación de los responsables políticos de Canarias en este ámbito ha estado orientada a demandar a la Administración central ayuda económica para la atención de los menores y, principalmente, a exigir una solidaridad interterritorial obligatoria por ley que permita el reparto equitativo de los menores entre todas las Comunidades, ya que acceden a territorio español y europeo por Canarias a través de las fronteras insulares que el Estado tiene la obligación de controlar. Eso es lo justo y así ocurre con la solidaridad interinsular. Sería impensable que el Gobierno de Canarias abandonara a su suerte a las instituciones herreñas para que se hicieran cargo por su cuenta de la oleada de migrantes que están recibiendo.

No obstante, la dificultad mayor estriba en la imprevisibilidad porque la Administración canaria, que debe prestar la ayuda inicial a los migrantes y atender a los niños y adolescentes, no puede conocer de antemano el número de personas que arribarán a nuestras costas ni el lugar de desembarco, lo que impide planificar los recursos asistenciales que deben estar disponibles de manera inmediata y en un determinado lugar. Aunque estos problemas no puedan resolverse de manera absoluta, se gestionarían mejor si se pusieran en marcha mecanismos de colaboración más eficaces entre las instituciones estales y autonómicas para coordinar unas responsabilidades que son compartidas. Hay que tener en cuenta a este respecto que el Estatuto reconoce el derecho de la Comunidad Autónoma a participar en las decisiones estatales sobre inmigración que afecten a Canarias (artículo 144.3) y también competencias en materia de protección civil y salvamento marítimo (artículo 149), las cuales necesitarían un mayor desarrollo.

En este sentido, a raíz de la crisis de los cayucos de 2006 con la llegada a Canarias de más de 30.000 migrantes, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, propuso la creación de un mando único para hacer frente a la inmigración irregular en Canarias con el objetivo de optimizar los recursos humanos, gestionar la información sobre los grupos criminales dedicados al tráfico de personas en cooperación con los países de origen y coordinar las intervenciones de todos los organismos que actúan en el proceso migratorio. Finalmente, mediante una orden de 10 de octubre, se dio publicidad al acuerdo de Consejo de Ministros por el que se disponía la creación de la autoridad de coordinación de las actuaciones relacionadas con la inmigración irregular en Canarias, de la que depende el Centro de Coordinación Regional de Canarias con sede en Las Palmas. La autoridad de coordinación la ejerce actualmente el Teniente General de la Guardia Civil jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima (Mafront) quien convoca regularmente reuniones técnicas de coordinación a las que asisten representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional, de los tres ejércitos, Delegación del Gobierno en Canarias, Capitanías Marítimas, Sasemar, Centro de Coordinación de Emergencias y Dirección de Seguridad del Gobierno de Canarias, Secretaría de Estado de Migraciones, Cruz Roja Española y Vigilancia Aduanera.

En esas reuniones se coordinan las actuaciones operativas relacionadas con la inmigración en y hacia las islas Canarias, pero la autoridad de coordinación carece de capacidad de mando sobre los demás cuerpos e instituciones convocadas y la Comunidad Autónoma carece de un interlocutor claro estatal para solventar problemas concretos. 

Por ello, la reclamación de un mando único para gestionar los asuntos migratorios que afectan a Canarias tiene mucho sentido ya que, además de las complejas labores de coordinación operativa ante el elevado número de actores, resultaría muy útil la creación de un mando único conjunto Estado-Canarias del máximo nivel político que comparta toda la información disponible y pueda adoptar las decisiones necesarias de carácter vinculante para orientar la actuación de las instituciones actuantes. Ello al objeto de optimizar los recursos y mejorar la gestión de los flujos migratorios, teniendo en cuenta que las competencias en este ámbito son compartidas y que Canarias tiene derecho a participar en las decisiones estatales sobre inmigración que le puedan afectar.

Otra cuestión controvertida es si el Gobierno de la nación hace lo necesario para explicar ante la UE la grave situación migratoria de Canarias y solicitar la implicación de las instituciones comunitarias, especialmente en lo que respecta a la ayuda económica a los países de origen y la colaboración de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), ya que los migrantes que llegan a nuestro Archipiélago acceden a territorio europeo. Se ha puesto como ejemplo la actuación del gobierno italiano en la crisis de Lampedusa. Aunque la situación no es comparable (considerando que la pequeña isla italiana, con una población de 6.000 habitantes y una superficie algo menor que La Graciosa, ha recibido en un mes prácticamente los mismos inmigrantes que han llegado en lo que va de año a todo el archipiélago canario), el apoyo financiero a Túnez de la UE para el control de fronteras podría extenderse a los países emisores de la migración canaria, como Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, al tener la misma justificación. 

Canarias, por su parte, podría establecer también una alianza con las regiones del Mediterráneo que padecen situaciones migratorias similares, como el caso de Sicilia o la región griega del Egeo, para tener más fuerza en sus peticiones de ayuda comunitaria, de manera similar al foro MED-9 que agrupa a los países mediterráneos europeos para coordinar una posición común.

Sin desmerecer el excelente trabajo que realiza la Guardia Civil en el control fronterizo y la importante colaboración de la red de oficiales de enlace destacados en los países africanos emisores de migrantes, así como el despliegue de patrulleras y el patrullaje conjunto de vigilancia marítima con la gendarmería, la intervención de Frontex podría reforzarse en el ámbito de la prevención de la emigración, especialmente mediante la implementación de las operaciones marítimas de vigilancia en aguas próximas a los países de origen.

Por último, el Gobierno de Canarias tiene también una importante tarea por delante para mejorar la gestión de la inmigración, no solo en el ámbito nacional y europeo, sino también en el autonómico, teniendo en cuenta que algunas competencias estatutarias están por desarrollar o pendientes de ejercer. A modo de ejemplo sería conveniente una mayor colaboración de la Policía canaria en el traslado y ayuda a la tutela de los menores inmigrantes, como establece el artículo 19 de la Ley de 2008. 

No obstante, quizás lo más relevante, en mi opinión, sea la ausencia de una estrategia sobre la acción exterior de Canarias en la que se definan las prioridades, se configure la red canaria de delegaciones en el exterior, se contemple la participación en reuniones internacionales para tratar asuntos estratégicos como la delimitación de los espacios marítimos o la negociación de convenios de readmisión de migrantes menores con países africanos, cuestiones a abordar en otro momento, si se diera el caso.  

Ángel Llorente

Magistrado y Consejero de cooperación jurídica de la embajada de España en Rabat

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