Canarias vive una crisis habitacional por, entre otros motivos, la falta de vivienda pública. Solo uno de cada cien pisos en el Archipiélago pertenece a la Administración, frente a la media europea de nueve de cada cien. Este es uno de los datos que aportó este jueves Rafael Yanes, Diputado del Común, tras entregar a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el Informe Extraordinario sobre la situación de la Vivienda en Canarias elaborado por la Diputación y que incluye 37 medidas «de urgencia» con las que facilitar el acceso a un techo.
El texto es el cuarto informe habitacional que realiza la Diputación del Común y ha sido elaborado desde una perspectiva social tras una reunión con todos los sectores afectados, como los 88 ayuntamientos, los siete cabildos, la Comunidad Autónoma, los colegios profesionales, las asociaciones empresariales y los colectivos implicados en la materia.
Las 37 propuestas fueron ofrecidas a los grupos parlamentarios «con humildad» –según Yanes– para que las sometan a debate, modifiquen las que consideren oportunas y añadan otras nuevas que estimen más acertadas. Será ahora el Parlamento el que fije una fecha para la comparecencia del Diputado Común, una vez que el informe se entregue a la comisión creada a tal fin, momento en el que se desgranará el contenido.
La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, agradeció al Diputado del Común el trabajo desarrollado para la redacción del informe, que calificó como «muy necesario para ayudar a diseñar las políticas futuras sobre una cuestión que tanto preocupa a los habitantes del Archipiélago».
La intención es que el informe sirva de base a la hora de «consensuar políticas de vivienda en Canarias» y aporte «una solución que supere la alternancia partidaria en el Gobierno» a través de «un pacto con vocación de continuidad». La urgencia de tomar medidas llega porque «la dificultad en el acceso a un techo es cada día mayor para la gran parte de la población».
Entre las propuestas recogidas, Yanes señaló que se insta a actuar sobre el ámbito privado con el fin de que bajen los precios del mercado inmobiliario y del alquiler. Y, en el caso del ámbito público, el Diputado del Común apuntó que «es fundamental» contar con un parque público de vivienda en Canarias, porque en el Archipiélago apenas un 0,96% de los pisos son públicos –casi uno de cada cien–, frente a la media europea del 9,3%.
Sobre la creación de ese parque de vivienda pública, Yanes advirtió de que en ocasiones se hace un uso fraudulento de estas edificaciones, con arrendamientos que no son legales y ventas irregulares. Por ello, matizó que si se apuesta por la creación de un parque de vivienda social «potente», los pisos deben mantenerse en el tiempo con la categoría de «públicos», evitándose que pasen al sector privado.
En cuanto a las dificultades a la hora de acceder a la vivienda, el informe concluye que no existe tanta diferencia generacional. Más que la edad, el factor diferencial suele ser el territorio, con islas especialmente tensionadas como Lanzarote y Fuerteventura, y áreas concretas de Tenerife y Gran Canaria, como el sur o las zonas metropolitanas.
Aspectos como el alza de los alquileres –de un 18% en agosto– o de los tipos de interés –que se encuentran en un elevado 4,5 tras subirlos el Banco Central Europeo el pasado 14 de septiembre otros 25 puntos– justifican la necesidad de tomar decisiones inmediatas para favorecer el acceso a un techo. A esto hay que sumar que el euríbor cerrará septiembre en el 4,15% y encarecerá la hipoteca media en 1.900 euros anuales. Ante esta situación, Yanes recuerda que «las administraciones deben tener como objetivo irrenunciable garantizar el derecho a una vivienda digna, tal como recoge el artículo 47 de la Constitución».
Entre las soluciones a los elevados precios, el Diputado del Común planteó la posibilidad de combinar fondos europeos con la Reserva para Inversiones de Canarias –que devuelve parte de su inversión a las empresas a través de beneficios fiscales– para poner en el mercado casas asequibles.
A estos problemas hay que sumar el del alquiler vacacional, que es «una realidad que está ahí», por lo que la Administración debe «contemplar su existencia», si bien Yanes admitió que en este caso la normativa vendrá después de la realidad. De hecho, esta misma semana la consejera de Turismo, Jéssica de León, anunció que se creará una ley para regular la vivienda vacacional en Canarias ante el rápido crecimiento de esta modalidad turística en los últimos años y sus efectos en el mercado del alquiler de larga estancia.
Aunque no se dio un plazo óptimo de solución al déficit habitacional, Yanes reconoció que las políticas de vivienda son «de largo recorrido» porque el «problema es estructural» y no se subsana poniendo más dinero y personal público, como sí ocurre con las políticas para mejorar la dependencia.
