El Ejecutivo canario acelera para certificar a tiempo las obras de carreteras

A 30 de junio, tal como avanzó este lunes este diario, el Gobierno de Canarias y todo su entramado de entidades y empresas dependientes habían ejecutado un 16% de los fondos presupuestados en el capítulo de las inversiones reales, que son las que licita y adjudica la propia Administración autonómica. Un 16% en los primeros seis meses del año, con lo que quedan otros tantos para movilizar el 84% restante. Todo indica, por tanto, que será difícil alcanzar un nivel de ejecución digamos decente al cierre del ejercicio. De hecho, en 2022 no se llegó al 60% y el primer semestre había finalizado con un 12,5%, un porcentaje que solo se mejora este año en 3,5 puntos. En cualquier caso, buena parte del mayor o menor nivel de ejecución de las inversiones directas a final de año depende de la Consejería de Obras Públicas, que es el departamento con mayor peso en este capítulo presupuestario. En especial la Dirección General de Infraestructura Viaria, que tiene para invertir unos 257 millones de euros, en su mayor parte –casi 229,6 millones– para los proyectos incluidos en el convenio de carreteras con el Estado. Por eso el nuevo equipo directivo timoneado por Pablo Rodríguez ha querido darle un empujón a toda esa labor administrativa que también influye en los mejores o peores niveles de ejecución.

El Gobierno tiene por delante cuatro años para movilizar el 50% restante del acuerdo viario con Madrid

«Se trata de ser más ágiles», explicó el consejero. Más ágiles para solventar eventuales retrasos en las obras, para revisar los precios si es necesario y, sobre todo, para «acelerar» las certificaciones. No en vano, para que un determinado trabajo conste como ejecutado no basta con el fin de la obra, sino que esta debe ser certificada. En la certificación, o más bien en el proceso de certificación, la Administración contratante da su conformidad a los trabajos y, en tal caso, reconoce la deuda con la empresa o empresas que llevaron a cabo las obras. Es entonces cuando esa deuda pasa a contabilizarse como obligación reconocida en la liquidación de los presupuestos. En definitiva, es entonces cuando la inversión se ha ejecutado a efectos de contabilidad pública. Así que por mucho que la construcción de una carretera, la mejora de una autopista o el soterramiento de un tramo se finalicen sin ningún inconveniente, la obra no estará ejecutada en sentido estricto hasta que se expida la correspondiente certificación. El caso es que las certificaciones suelen quedar para las postrimerías del ejercicio, con lo que los porcentajes de ejecución de las inversiones reales no mejoran hasta entonces. Y muchas veces ocurre, claro, que ya no queda tiempo para finiquitar el procedimiento. Un mal generalizado en la Administración pública –no exclusivo de Canarias– que en la Consejería de Obras pretenden paliar en la medida de lo posible.

En el primer semestre del año, el departamento que ahora dirige Rodríguez –quien ya estuvo al frente del área entre 2017 y 2019, durante el primer Gobierno de su correligionario Clavijo– apenas ejecutó un 12% de las inversiones presupuestadas, un «bajo» porcentaje que mejorará de manera sensible de aquí a final de ejercicio. Otra cosa es cuánto mejorará, una duda que el consejero asegura no poder aclarar en estos momentos precisamente porque hay que esperar a que estén las certificaciones de los trabajos. «He dado instrucciones para que se agilicen las certificaciones», subrayó Rodríguez. Eso sí, hay que insistir, por un lado, en que Obras Públicas es una parte importante en la tarta de la inversión autonómica, pero no la única; y, por otro, en que los ya históricos bajos niveles de ejecución de la Administración regional no siempre son achacables a la Administración regional, al menos no del todo.

El departamento que ahora dirige Pablo Rodríguez ejecutó hasta el 30 de junio el 12% de la inversión

Parte de los fondos que la Comunidad Autónoma presupuesta para inversión propia es resultado de los acuerdos que se suscriben con el Estado, con el millonario convenio de carreteras como el ejemplo más claro. En consecuencia, un eventual retraso en la firma de un determinado acuerdo, o la tardanza en la aprobación de los presupuestos generales del Estado –donde se consignan los dineros para los convenios–, suele traer consigo la demora en la transferencia de los fondos, lo que a su vez demora la certificación de las obras y, en última instancia, estropea el nivel de ejecución de las inversiones. No obstante, el ritmo que llevan los proyectos del actual convenio de carreteras, tras todo lo sucedido con el anterior acuerdo por los recortes unilaterales que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo en 2012, es positivo. Tan es así, que ya se han comprometido unos 700 millones de euros, esto es, la mitad, de modo que quedan otros 700 por movilizar. La cifra es alta pero hay cuatro años por delante para ello.

Hay que recordar que en estos momentos se están ejecutando obras tan importantes como las de la segunda fase de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria; las que se llevan a cabo en Tijarafe y Tazacorte, en La Palma; y las del cierre del Anillo Insular –que «van avanzadas», precisa el consejero–, Las Chafiras y la autopista del sur de Tenerife, la TF-1.

En términos cuantitativos, el conjunto de la Administración autonómica ejecutó hasta junio 192 millones de los 1.194,2 consignados en el capítulo VI de los presupuestos. Restan 1.002,2 millones. Si se tiene en cuenta que jamás se había manejado una suma tan alta y los históricos bajos porcentajes que caracterizan la gestión en Canarias, ya sería para darse por satisfecho si el ejercicio se cierra con al menos un 60% ejecutado, lo que supondría haber invertido más de 520 millones en el segundo semestre del año.