Hartos del lento avance de la recuperación, los afectados por el volcán Tajogaite, en La Palma, proponen un cambio de estrategia para conseguir que se escuchen sus demandas. Este martes, cuando se cumplían dos años de la erupción, los damnificados decidieron reunirse con representantes del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte para dar una última oportunidad a la clase política. Lejos de ofrecer a los nuevos gestores una carta en blanco, la sociedad palmera propuso iniciar un calendario de reuniones que deje atrás la vía de la confrontación y dé paso al diálogo. Todo, bajo la clara advertencia de que las protestas volverán si no se les tiene en cuenta.
«No creíamos oportuno hacer protestas o concentraciones porque estamos ante nuevos gobiernos», apuntaba ayer a este diario Fátima Ramos, una de las integrantes de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja, organizadora de la reunión. El encuentro, que comenzó a las 17.00 y terminó a las 19.00 horas, se celebró en el Museo Arqueológico Benahoarita de Los Llanos y contó con la presencia de 11 plataformas de afectados.
Durante la cita, las distintas asociaciones manifestaron sus demandas a los representantes públicos y les emplazaron a concretar reuniones en las que «comuniquen en qué han estado trabajando en estos dos meses y en qué línea van a caminar en esta legislatura». La intención, afirma Ramos, es que se cumpla un lema que ha acompañado en estos dos años a los damnificados: «Que se haga todo por los afectados contando con los propios afectados».
La situación dos años después de la erupción sigue siendo crítica para muchas familias. Aunque hay quienes han tenido acceso a viviendas provisionales, viven de alquiler o están alojados en segundas residencias, 72 personas siguen alojadas en hoteles, 31 en casas de madera y 85 en contenedores. Ante esto, la comunicación directa es una de las peticiones clave para los damnificados, que realizan, a través de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja, 23 demandas a las instituciones:
- Zonas recuperables. Solicitud de los informes del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Geológico y Minero de España sobre la zona afectada por volcán.
- Áridos. Consulta sobre qué cantidad de áridos resultaron de la erupción y cuál será el uso que se dará a estos recursos en distintos sectores económicos.
- Ordenación del territorio. Exigencia de los bocetos finales de la nueva ordenación, ya sea una afección temporal o definitiva.
- Normativa para el suelo. Solicitud de modificaciones de la normativa vigente a efectos de facilitar la recuperación económica de los distintos sectores. También se busca establecer excepciones sobre suelos no edificables.
- Decreto de recuperación. Consulta sobre la prórroga de las medidas del decreto 1/2022 o, por el contrario, comunicación de la fecha del fin de su vigencia.
- Pérdida de vivienda. Petición de información sobre las solicitudes de ayudas por pérdida de vivienda, las partidas presupuestarias de las que dependen y los plazos previstos para abonarlas.
- Casos especiales. Se pide articular subvenciones que contemplen la realidad de quienes no tenían regularizadas administrativamente sus casas, en particular aquellas que se encontraban dentro de parcelas pertenecientes al núcleo familiar.
- Ayudas comprometidas. Se demanda que el Gobierno canario entregue ayudas a la primera vivienda por valor de 30.000€, tal y como se había comprometido de forma inicial.
- Plan habitacional. Exposición pública de los avances realizados en el plan habitacional, haciendo especial énfasis en las medidas previstas para las personas alojadas en hoteles o albergues.
- Patrimonio destruido. Se exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de Canarias relativos al pago del valor del patrimonio privado destruido por la erupción.
- Criterios de prioridad. Se pide atender a criterios de edad a la hora de otorgar cualquier ayuda con el fin de compensar primero a las personas más vulnerables.
Las familias que dos años después siguen en hoteles y contenedores continúan pidiendo apoyo institucional para sus proyectos vitales
- Residencias de mayores. Comunicación constante sobre el estado de los proyectos de las residencias para la tercera edad en el valle de Aridane.
- Cáncelación de préstamos. Se pide cancelar aquellas hipotecas sobre primeras viviendas que se hayan visto afectadas por la catástrofe.
- Reconstrucción agrícola. Determinación del proyecto para abastecer de tierra vegetal las nuevas sorribas, las zonas donde quedarán establecidas las fincas comunes y el lugar donde se posibilitará la recuperación de fincas.
- Pago por fincas perdidas. Consulta de los plazos previstos para el pago de las compensaciones por la pérdida de inmuebles y fincas destinadas a explotaciones del sector primario.
- Pérdida de renta. Petición de información sobre el compromiso adquirido para la insularización del histórico del POSEI del cultivo de plátano, así como de una posible protección de la marca insular hasta la recuperación de los índices económicos previos a la erupción.
- Expropiación forzosa. Demanda de modificación de la ley de expropiación forzosa a efectos de crear una excepción que permita poner precios a valores anteriores a una erupción volcánica.
- Ley de seguros. Posibilidad de asegurar terrenos destinados a actividades económicas, independientemente del sector, en zonas de riesgo volcánico.
- Accesiones de bienes. Hasta ahora no se reconocen las catástrofes volcánicas como accesiones naturales a bienes inmuebles, suponiendo un agravio comparativo para el pueblo canario.
- Régimen fiscal homogéneo. Establecimiento de un régimen fiscal homogéneo entre las distintas administraciones hasta que la Isla recupere los índices económicos anteriores a la erupción.
- Información sobre los gases. Comunicación de las medidas preventivas tomadas en Puerto Naos y La Bombilla así como las soluciones económicas al cierre.
- Infraestruturas públicas. Exposición de la planificación prevista para reponer las infraestructuras públicas perdidas en el Valle de Aridane.
Si la idea que reina entre los afectados es de «parálisis» o «lentitud», desde el Ejecutivo estatal se hizo este martes una defensa de la gestión. El delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, aseguró que «siempre se tuvo claro» que el volcán suponía «uno de los mayores desafíos que en las últimas décadas» haya enfrentado la Unión Europea.
«No se trataba solo de daños ocasionados en viviendas, o de la paralización temporal de la economía, sino del impacto de la erupción en miles de proyectos de vida, en las principales fuentes de ingreso y en un patrimonio natural de valor incalculable. Por eso, debíamos actuar con celeridad. Y el resultado ha sido muy positivo», afirmó Pestana.
El Gobierno de España asegura haber destinado 640 millones de euros a la recuperación de la Isla Bonita, con medidas que han beneficiado a más de 33.100 familias, empresas y trabajadores del sector primario. Entre este apoyo se encuentra el abono de 700 ayudas por pérdida total o parcial de la vivienda, por un importe de 35,62 millones de euros, el 99% del total estimado.
