Las Comunidades Autónomas siguen de cerca todo lo que rodea el posible pacto entre el PSOE y el independentismo catalán para que Pedro Sánchez continúe en la Moncloa. Y Canarias no es una excepción. Aunque la polémica por el flirteo entre los socialistas y Junts, el partido de Carles Puigdemont, se ha centrado en la amnistía a los encausados por el procés y el referéndum de autodeterminación, hay una tercera exigencia de los secesionistas que afecta de lleno al resto de comunidades: la amnistía financiera. Tanto Junts como Esquerra quieren una quita de la mayor parte de la deuda pública de Cataluña a cambio de su voto favorable a la investidura de Sánchez, para lo que antes debe fracasar el intento de Alberto Núñez Feijóo, que no cuenta con suficientes apoyos en el Congreso de cara al debate de los próximos días 26 y 27. Pero si hay quita en favor de Cataluña, tendrá que haber quita en favor de Canarias. Así lo advierte el Ejecutivo regional, que incluso va un paso más allá y avisa que se tendrá que compensar a las Islas por todos los años en que sus ciudadanos sufrieron los rigores y recortes del control financiero mientras «otros gastaban lo que tenían y más», subraya el vicepresidente Manuel Domínguez.
Cataluña tiene, según los últimos datos del Banco de España (BdE), la friolera de 85.456 millones de euros de deuda. Más de una cuarta parte de todo el débito público autonómico y, con diferencia, la más alta del país. De ese total, alrededor de 70.000 millones corresponden a la deuda que la comunidad mediterránea tiene contraída con el Estado por los créditos que se le concedieron en su día con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA. Un instrumento de financiación con el que el Gobierno central facilitó recursos a las regiones en los momentos más duros de la Gran Recesión de 2008-2014, cuando muchas tenían cerradas las puertas de los mercados. Canarias, que nunca llegó a estar en esa situación, también recibió cantidades del FLA, como las demás comunidades, aunque en ningún caso en las cuantías en que lo hizo Cataluña. De hecho, la deuda pública del Archipiélago asciende a 7.178 millones de euros, siempre de acuerdo con la estadística del BdE. Son esos 70.000 millones de euros adeudados al FLA, y por ende al Estado, los que los independentistas catalanes quieren que Sánchez le perdone a esta región a cambio de su voto.
«Tendrán que devolverles a los canarios el esfuerzo que ellos sí hicieron»
Esta exigencia, como las de la amnistía y el referéndum, supone una encrucijada para Sánchez, ya que despreciada la opción de una gran coalición con el PP a la alemana, el voto favorable de los de Puigdemont le es imprescindible para tener mayoría en el Congreso. En lo que respecta a la quita de deuda –que también exige Compromís con los 40.000 millones que la Comunidad Valenciana le debe al FLA–, parece evidente que el eventual gobierno de Sánchez no tendría otra que concederla también a las demás regiones, entre ellas Canarias. No obstante, es incomparable lo que se le perdonaría a Cataluña, los susodichos 70.000 millones de euros, con lo que se le perdonaría al Archipiélago, que ni siquiera serían esos algo más de 7.000 millones, sino solo la parte del FLA, que asciende a menos de 1.300.
Una enorme diferencia que obedece en gran medida a la gestión que sus respectivos Gobiernos hicieron durante los años más duros de la crisis financiera. Mientras que el de Canarias se afanó para controlar el déficit y la deuda, como mandaba Bruselas, el de Cataluña siguió gastando a espuertas. Unos españoles sufrían recortes y ajustes del gasto público y otros, no. Por eso el Gobierno presidido por Fernando Clavijo avisa que no basta con el café para todos, es decir, con una quita de la deuda generalizada, sino que habrá que compensar a las regiones que sí se apretaron el cinturón.
«Si se da esa situación, exigiremos que el saldo sale a devolver», avisa Domínguez. «No puede ser que se le perdone la deuda a quien gastaba a manos llenas mientras nosotros les pedíamos a los canarios un esfuerzo en una situación de contención, rigor presupuestario y ahorro», argumenta el vicepresidente. «Nos tendrán que devolver, porque los niveles no son los mismos; si se les perdonan 70.000 millones, es obvio que tendrán que devolverles a los canarios el esfuerzo que ellos sí hicieron», precisa el también consejero de Economía.
En la misma línea se expresa el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, que recuerda cómo durante aquellos años de crisis financiera «unos jugamos con las reglas que se nos marcaron» y «otros no». «¿Cuál sería ahora la situación si todos hubiésemos vulnerado esas reglas?», apunta el además portavoz del Ejecutivo.
