«La Policía Canaria debe ser partícipe de lo que ocurre en la ruta migratoria»

«Los bulos en el incendio de Tenerife dieron falsa sensación de inseguridad»

«Preocupa que el porcentaje de ejecución de los fondos europeos sea del 1,54%»

La viceconsejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto.

La viceconsejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto. / Andrés Gutiérrez

Clara Morell

Nieves Lady Barreto regresa a la gestión en el Gobierno de Canarias al frente de una consejería, la de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que considera «un pulmón» del Ejecutivo, que para ella «no podría funcionar sin financiación ni personal». Se ha iniciado en el cargo con dos incendios, uno en La Palma y otro en Tenerife, y con el reto de devolver a la Isla Bonita lo perdido tras el volcán.

Concede esta entrevista cuando estamos saliendo de una emergencia por un incendio sin precedentes en Tenerife. ¿Cómo ha sido gestionar un problema de estas dimensiones?

Hemos vivido un incendio poco usual en Canarias y eso que hemos tenido incendios muy complicados. Normalmente los grandes incendios tienen dos cabezas, pero este tuvo cuatro y casi seguidas. Personas con larga experiencia al frente de la coordinación han sufrido mucha frustración porque las técnicas de ataque que planteaban desde el principio no salían como debían. Este incendio tenía su propia meteorología y afectaba también a la meteorología general. Federico Grillo decía que era una bestia a la que solo se le pudo empezar a hincar el diente a partir del cuarto día. 

¿Qué le preocupó más?

La desinformación, porque crea inseguridad entre los ciudadanos y frustración en los equipos de extinción. Es normal que haya confusión entre los vecinos y se llamen porque crean que se está quemando un colegio. Pero lo que ha habido no ha sido eso, sino ganas de crear desconfianza a través de mensajes de WhatsApp con fotos distorsionadas o noticias antiguas, donde se ponía en duda a quien se acerca a cinco metros de la llama a pagarla. Yo no había visto esto en ningún incendio, esa necesidad inmensa de generar desinformación. Tenemos a los mejores aquí, no podemos dudar de su capacidad y profesionalidad. Hay casas y restaurantes que tienen el fuego pegado a la puerta y eso es fruto del esfuerzo. 

¿Se están estimando los daños económicos de la que será catalogada Zona Catastrófica?

Sabemos que los ambientales son importantes. Las infraestructuras serán principalmente cuartos de apero mientras que los daños municipales son en redes de riego y canalizaciones. Una vez cuantificados habrá que trasladarlos al Gobierno de Canarias y al de España para solicitar los medios. El Gobierno estatal suele ingresar la cantidad a la que se compromete. Después está la línea de ayudas que saca el Gobierno de Canarias para los particulares que, al igual que con el último incendio de Puntagorda y Tijarafe, la idea es que la gestión se haga en los Cabildos porque así es mucho más rápido. El ciudadano afectado va al Cabildo, presenta la solicitud y el Cabildo ingresa la ayuda.

¿Cambiará este incendio la forma en que se afrontan las emergencias en la Consejería?

Posiblemente cuando acabe esta emergencia, la Dirección General de Emergencias y la Dirección General de Seguridad nos sentaremos y veremos qué hay que corregir, pero creemos que la coordinación ha funcionado. Cada incendio tiene una manera diferente de afrontarlo porque todos suponen una desorganización controlada y para eso existe un protocolo que hemos cumplido.

¿Por qué separaron las áreas de Seguridad y Emergencia?

Aunque hayan estado juntas, estructuralmente son diferentes y cada una tenía su personal. El objetivo era hacer los cambios que necesita la Policía Canaria, para los que precisamos una Dirección General de Seguridad.

Concretamente, ¿cuáles son los cambios organizativos a acometer en la Policía Canaria?

Canarias está en una situación estratégica pero también donde hay muchas inseguridades que evitar. Necesitamos ser partícipes y conocedores de todo lo que pasa, no solo en nuestro territorio, sino en nuestras aguas. Tenemos que tener información de primera mano de qué está pasando en la costa de África y la previsión de la ruta canaria de la inmigración. Ser partícipes pasa por tener una Policía Canaria que desarrolle esa parte. Esta ruta es la mayor que tiene España, no la del Mediterráneo. Y para nosotros es muy sensible. Primero, porque creo que hay que asegurar que el que sale por las razones que sean de su país llegue a tierra. Y luego, porque tenemos que asegurar que una vez llegan se cumplen todos los protocolos. Yo creo que en eso la Policía Canaria tiene que formar parte.

Y respecto a la presencia de estos agentes, ¿cómo harán crecer el cuerpo?

Ahora mismo está en torno a 300 agentes y tenemos una promoción nueva de 75 agentes que viene de la pasada legislatura, estos están en fase de formación y se incorporarán en breve. Además, vamos a sacar una oferta de empleo de 100 agentes más. 

¿Van a exigir la financiación para la Policía Canaria al Gobierno de España?

Cuando se creó la Policía Canaria se acordó que mientras no llegara a 290 efectivos estaría financiada por el Gobierno regional pero, una vez se pasara esa cifra, el Gobierno de España asumiría el coste, así que tienen que hacerlo por obligación. He solicitado una reunión con el Ministerio de Interior precisamente para tratar asuntos como los pagos, que deberían ser automáticos pero habrá que pelear por ello, como siempre.

La Ley de Coordinación de Policías Locales lleva varias legislaturas enquistada. ¿Van a retomar el proyecto del anterior equipo de Gobierno?

En la legislatura del 2015 al 2019 dejamos en tramitación parlamentaria un borrador aceptado en la Comisión de Coordinación de Policías Locales, donde los sindicatos y los representantes de la Fecam votaron a favor. Sin embargo, en la legislatura del 2015 al 2019 se decidió iniciar un nuevo borrador que se estancó en un conflicto entre policías y ayuntamientos. Y ahora tengo escritos sindicales que nos piden retomar un borrador y otros que nos piden retomar el otro. Lo que haremos será convocar las Comisiones de Coordinación para volver a llegar a un acuerdo, que es vital ante el déficit de policías locales que tenemos en muchos municipios, donde solo hay uno o dos agentes.

¿Qué retos tienen en materia de estabilización de empleo?

El Plan de Estabilización de Empleo Público finaliza en 2024 y por ahora están saliendo los procesos de estabilización. También se está tramitando el estudio de las puntuaciones que había que hacer. Yo diría que, aunque ha sido engorroso, estamos en ello y va bien. Es verdad que hay OPEs que tenemos que sacar porque podrían caducar y no lo podemos permitir. Necesitamos fortalecer el personal de función pública y vamos a tener unos meses en que no vamos a ser capaces de dar respuesta inmediata a todo. Estoy preocupada pero sé que hay un personal muy bueno.

¿Se llegará a tiempo para cubrir las jubilaciones?

El problema con las jubilaciones es que se está perdiendo el conocimiento de tantos años. La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios va a empezar a encauzar, junto al Instituto Canario de Administraciones Públicas, un reservorio de conocimiento con el que queremos que cada persona quiere anticipar su jubilación y tiene años de experiencia, pueda trasladar ese conocimiento a quien llega.

¿Cómo avanza la gestión de fondos europeos? ¿Hará falta personal?

El porcentaje de ejecución en la Consejería está en 1,54%. Es verdad que no tenemos el grueso de los fondos europeos aquí, pero me preocupa esa cifra. Hemos tenido ya varias reuniones, se han creado unidades específicas para la gestión de los fondos y se han dotado del personal. Este personal no tiene experiencia en la parte administrativa pero cogerá rodaje. Debemos correr porque en 2026 tiene que estar todo finalizado. 

¿De qué forma se intentará la simplificación administrativa?

Estamos dando los primeros pasos a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios. La idea es crear un grupo multidisciplinar de funcionarios e incorporar a personal externo de las universidades. Estamos en el germen de aminorar el trabajo diario administrativo del personal y de reducir los trámites que el ciudadano tiene con la administración. 

¿Qué obras son prioritarias en Justicia?

En Tenerife está la creación de la Ciudad de la Justicia, ya se ha comprado un edificio y está en fase de tramitación el primer pago. Ahora hay que montarlo todo dentro y con eso se resolverá parte del espacio que se necesita, pero no todo, por lo que habrá que abordar la construcción de otro edificio cerca. En La Palma se necesitan soluciones en Santa Cruz y Los Llanos. En Fuerteventura hay un problema con los terrenos y habrá que buscar otro lugar. Y también tenemos que pensar en aperturas de salas. Estamos preparando un informe con las prioridades en ese sentido para elevarlo al Gobierno de Canarias. 

El Gobierno de España se comprometió en sus presupuestos a dar 100 millones de euros a La Palma tras la erupción. Ese ingreso parece no llegar, ¿lo dan por perdido?

Yo no lo doy por perdido. Eran 100 millones durante cuatro años y ese dinero sigue estando en el Gobierno de España y en el presupuesto a nombre de La Palma. Lo hemos reclamado nuevamente y también el Cabildo de La Palma lo ha hecho. El Gobierno de España en funciones tiene capacidad ejecutiva suficiente para transferir los millones. No vamos a esperar a diciembre porque la partida es de los presupuestos de 2023. 

En caso de que se ingresen, ¿a qué se van a destinar?

Cuando nosotros lo pedimos en la negociación de los presupuestos, nuestra enmienda era para que los 100 millones fueran para ingresar dinero a la gente que había perdido sus casas tras la erupción. Al margen de eso, según la Consejería de Agricultura la cuantificación de las hectáreas de plátanos afectadas está en 108 millones de euros. Si tuviéramos 100 millones de euros podríamos resolver esa papeleta ya. Pero lo que creo es que hay que hacer un Plan de Pago e ir a lo más importante, las casas. 

¿Cuántas personas que perdieron sus casas siguen sin ser compensadas?

El 48% de los afectados cobraron del consorcio de seguros y eso permitió que buscaran camino, muchos tienen pisos o casas comprados ya. Sin embargo, el otro 52% que no tenía seguro ha cobrado la ayuda de los 60.000 euros, aunque todavía quedan algunas por cobrar que no he logrado identificar. A esos 60.000 euros hay que sumar otra ayuda del Gobierno de Canarias de 30.000 euros, que también faltan expedientes por pagar. En total, han ingresado 90.000 euros. En La Palma hoy con 90.000 euros no se puede comprar un piso para vivir una familia, quizás sí un estudio. No podemos permitir que el hecho de tener o no seguro sea lo que te castigue cuando el seguro no es obligatorio salvo si tienes una hipoteca. 

¿Ustedes van a habilitar nuevas ayudas?

Creemos que el Gobierno de Canarias tiene que poner dinero en esto, que se dijo mucho en la anterior legislatura que si hacía falta se ponían 100 o 50 millones. Y aparte hay fondos que el Gobierno de España ha transferido para vivienda y el Gobierno de Canarias se comprometía a poner otra cantidad, pues eso no está. Tampoco están los fondos de salud mental que para nosotros eran vitales.

¿Por qué han creado una viceconsejería específica para La Palma?

Queríamos que hubiera una parte ejecutiva y un órgano que coordinara todas las áreas dentro del Gobierno y a los cabildos y ayuntamientos. Por eso hemos montado esta viceconsejería que tiene capacidad ejecutiva y es transversal. Con ella lo que queremos es ir a lo prioritario, los decretos y los fondos. Tenemos mucho trabajo con los decretos.  

¿Qué es prioritario arreglar en cuanto a estos decretos?

En primer lugar, los decretos se suponía que estaban hechos y que se podían aprobar, pero nunca se llegaron a aprobar. Nos tenían que haber contado cómo estaban los decretos porque he tenido una reunión con el Consejero de Agricultura, el Director de Ordenación, el Director de Agricultura, el Viceconsejero de Recuperación y el Comisionado de Reconstrucción del Estado y me han manifestado que los decretos tienen advertencias de varios ministerios por supuestas irregularidades y por una posible inconstitucionalidad. Y de eso nos enteramos ahora. A veces te sientes impotente porque son dos años perdidos. 

¿Cree que chocará este viceconsejero con el Comisionado del Estado?

No, de hecho en la reunión que tuvimos con el Comisionado y el Subsecretario de Estado, el Comisionado nos dijo a todos que ya era hora de que hubiera un órgano que coordinara desde el Gobierno de Canarias. Muchas veces le dije a Ángel Víctor Torres que él era el presidente de ocho Islas, que era entendible que no pudiera estar 24 horas al día con La Palma, pero que La Palma necesitaba a alguien dedicado 24 horas. Esto no significa que este órgano tenga que llevar todos los asuntos, pero tiene que ser el que coordine y que tenga un aparato administrativo.

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