Cuando el presidente canario Fernando Clavijo llamó a Narvay Quintero para ofrecerle que volviera a ser consejero del sector primario, el representante de la Agrupación Herreña Independiente puso la «responsabilidad» y el «honor» por encima de su vida personal y se fijó como objetivo hacer que a los agricultores, ganaderos y pescadores se les dé la importancia que merecen por «hacer que la comida llegue a la mesa»
Regresa a la misma consejería cuatro años después, ¿qué nuevos retos afronta el sector?
El sector primario se ha visto afectado por muchos cambios, la covid-19 en el 2020 y ahora la guerra en Ucrania. A esto hay que sumar la erupción en La Palma, que azotó principalmente a la agricultura en Los Llanos y El Paso así como a la pesca en Tazacorte. Todo esto ha encarecido los costes de producción pero los agricultores, ganaderos y pescadores siguen cobrando lo mismo que hace cuatro años.
Existe un problema en Canarias con la pérdida de cabezas de ganado. ¿Qué políticas van a desarrollar para frenar esto?
Los datos de los mataderos insulares reflejan esa realidad y por eso la primera medida que tomamos fue modificar el Régimen Específico de Abastecimiento, algo que no se había tocado en los últimos cuatro años, para que entrara en aplicación este agosto. Esto lo hemos hecho en tiempo récord porque los costes de alimentación han subido mucho y era necesario ampliar en un 20% las ayudas para hacer que los costes bajen. Además, en los últimos tres años se ha devuelto a Europa dinero de estos fondos y eso nos parecía una mala decisión.
La Ley de Cadena Alimentaria buscaba que se cubrieran los costes de producción al agricultor, ¿en qué está fallando?
El Estado hizo algo muy sencillo al aprobar esa norma y darle la competencia a las comunidades para aplicarla. La ley no es clara cuando dice que se le pague el coste de producción al agricultor ya que no obliga al intermediario o al distribuidor final a pagarlo. Lo que se establece es que se tiene que llegar a un acuerdo y que si no se llega a un acuerdo habrá un mediador, pero tampoco define quien será el mediador.
Para intentar arreglar eso, el anterior Ejecutivo canario inició la creación de un órgano de control, ¿seguirán con ello?
Intentaremos que ese órgano se cree definitivamente para que haya inspecciones y sanciones. También tenemos que validar que los costes de producción de cada producto estén en una plataforma que pueda ver todo el mundo y que sea oficial para que, quien no lo cumpla, se enfrente a sanciones. Será difícil, pero que se cumpla la ley es nuestro objetivo fundamental.
Con la cesta de la compra más cara de España, en Canarias asociaciones de empresarios han pedido retirar el AIEM a los productos básicos. ¿Qué opina?
El AIEM es un mecanismo importantísimo para la protección del empleo. Este arancel es dinámico y el Gobierno siempre estará dispuesto a modularlo, pero quitarlo ni nos lo planteamos.
Exigiremos a Madrid los 1.100 millones de euros que prometió para obras hidráulicas
¿Cómo puede mejorar Canarias su soberanía alimentaria?
El Gobierno anterior dejó un Plan de Soberanía Alimentaria que tiene partes muy interesantes. Todo lo que venga positivo lo vamos a implementar pero es verdad que a ese plan le falta una parte importante, la ficha financiera. La soberanía alimentaria es transversal y tenemos que comprometer a los gobiernos, los cabildos, los ayuntamientos y la sociedad. Nosotros apostamos por medidas como los Ecocomedores, que consiste en llevar a los colegios productos de kilómetro cero. Queremos extender esto a los hospitales y, por qué no, a los hoteles. El sector turístico debe mucho al primario ya que vive del atractivo de su paisaje.
Uno de los problemas del sector es la falta de relevo generacional, ¿cómo se subsana?
Eso pasa por la formación. De la consejería dependen varias escuelas, tres de ellas son de capacitación agraria y están en La Palma, Tenerife y Gran Canaria. También tenemos dos escuelas pesqueras, una en Tenerife y otra en Lanzarote. A pesar de esto, falta mano de obra cualificada en los sectores agrario y ganadero, así que debemos esforzarnos en especificar sus necesidades. Creemos que los jóvenes no ven futuro al sector porque no creen que esté dignificado, por lo que debemos lograr que el ganadero, el agricultor o el pescador tenga una renta digna, sus días de libranzas y vacaciones.
Ya que ha hablado de salarios, el convenio del campo canario lleva caducado desde 2018 y ni siquiera hay diálogo entre la patronal y los sindicatos. ¿Va la consejería a mediar?
Es verdad que no es una competencia del Gobierno sino exclusivamente de la patronal y los sindicatos pero no es menos cierto que tenemos la responsabilidad de ser mediadores. Hace siete años, cuando era consejero, senté en una mesa a uno de los subsectores para que llegaran a un acuerdo y se logró. En el caso del convenio del campo canario, los sindicatos hace tiempo que demandan una reunión y, como no hay avances, nosotros nos comprometemos a sentar en una mesa a las patronales y los sindicatos para intentar que lleguen a un acuerdo.
Cada vez llueve menos y Canarias se seca. ¿Qué van a hacer para mitigar los efectos que esto tendrá en el campo?
El gran reto que tiene Canarias es el agua. El cambio climático y la desertización nos obligan a buscar una forma económica y sostenible de garantizar el agua a los habitantes y al sector primario. En 2018 se firmó un protocolo en el que había un plan conveniado con los cabildos que recogía las obras necesarias para la conducción, el almacenamiento, la transformación y la extracción de agua para uso agrícola. Fueron los cabildos, con sus consejos insulares de agua, quienes planificaron cómo invertir los 1.100 millones de euros de ese convenio en 12 años. No se ha hecho nada en este tiempo y por eso vamos a exigir que se cumpla el convenio con el Gobierno de España. Mientras tanto, intentaremos paliar con fondos propios las obras más urgentes pero Canarias no tiene capacidad económica para hacer todo lo que se planteó en su momento.
¿Cuáles son esas obras urgentes para el agua?
En Lanzarote y Fuerteventura hay dos redes fundamentales que superan los 12 millones de euros. En Gran Canaria queremos actuar en el noroeste, en la zona de La Aldea, así como en el Sur, donde falta mucha agua porque se está apostando por cultivos tropicales y subtropicales. En La Palma, que es la isla que más agua tenía, ya hay carencias y se han planteado las desaladoras para garantizar el suministro a largo plazo. Allí también es necesaria la finalización de la Balsa de Vicario, que parece una obra interminable. En las medianías de Tenerife, como Vilaflor, si no actuamos podría perderse una zona de viñedo espectacular. Y también hacen falta obras de conducción en La Gomera y de almacenamiento en El Hierro.
¿Qué objetivo se marca de aquí al final de la legislatura?
Estabilizar y dignificar al sector primario. Queremos lograr que la flota pesquera no siga disminuyendo como hasta ahora, recuperar la cabaña ganadera que teníamos y que nuestras hectáreas de cultivo sean estables para poder llegar en un futuro al autoabastecimiento.
Deben cambiar las ayudas por el fin del acuerdo de pesca porque dejan fuera a 12 barcos canarios
Fue aterrizar en el cargo y llegar a su fin el acuerdo de pesca entre Europa y Marruecos. ¿Cree que se pudo evitar?
Se sabía desde 2021, cuando salió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que el fin del convenio llegaría el 17 de julio de 2023. Es cierto que el Gobierno de España ha recurrido pero todavía no ha habido pronunciamiento judicial. Sin embargo, creo que se debió negociar el sacar del acuerdo a las aguas que están en disputa y que se pudiera seguir pescando en el resto. Así que lo que ha ocurrido es culpa de Europa y del Gobierno de España.
¿Son suficientes las ayudas estatales a los afectados?
Se articularon unas ayudas temporales con una duración de tres meses pero esto no se va a solucionar ni de aquí a seis meses, así que son muy cortas. Hay una incertidumbre sobre qué va a pasar tras las ayudas porque los barcos parados generan gastos como las nóminas de los trabajadores o el coste del atraque.
¿Se han quedado barcos canarios fuera de la compensación económica?
De los 15 barcos que había en ese acuerdo hay tres que se pueden acoger porque trabajan específicamente en aguas del convenio y se han visto obligados a parar. Y después están el resto de barcos que podían pescar en Marruecos pero que también pescan en otras aguas. Estos últimos si se paran pierden mucho dinero, así que siguen pescando túnidos en aguas de Canarias y, según especifican las bases, no pueden acogerse a las ayudas. Nosotros hemos planteado al Ministerio que a esos barcos se les pague la parte proporcional de la compensación.
Han pedido estar presentes en las futuras negociaciones sobre este convenio. ¿Ya han obtenido respuesta?
Clavijo consideró que en las reuniones pueda estar la región más afectada, que por su cercanía a Marruecos es Canarias. Europa suele invitar a las regiones de vecindad a las reuniones, aunque sea sin voto, para intentar plasmar sus características. Nosotros remitimos una carta al Ministro pero, entre las elecciones y que el Gobierno está en funciones, no ha habido respuesta.
Haremos que el Estado pague los 10 millones de euros que nos faltan del Posei adicional
Es una demanda histórica de los pescadores canarios lograr que se amplíe la cuota de túnidos, ¿están de acuerdo con la cuota actual?
Nosotros exigimos que en Canarias no haya cuotas en cuanto a los túnidos porque nuestra pesca es completamente artesanal, con anzuelo. El artículo 17 del reglamento europeo de pesca sostenible, que fija las directrices que tienen que cumplir los estados miembros, dice que se le tiene que dar una mayor cuota a aquella flota sostenible y artesanal. Esto España no lo cumple. De hecho, 12 barcos de la costa mediterránea se llevan más cuota que 200 barcos canarios. Y los estudios científicos han demostrado que nosotros cogemos los atunes de más de 200 kilos y con ese peso no se pone en peligro la supervivencia de la especie. El Mediterráneo sí pone en riesgo al atún al cogerlo con 30 kilos para luego engordarlo. Es muy distinto pescarlo con 30 kilos que con 200.
En medio de las negociaciones para investir al futuro presidente del Gobierno de España, CC podría ser decisiva. ¿Le ha trasladado a Clavijo alguna petición para su consejería?
Vamos a pedir ampliar las cuotas del atún y la apertura de la pesca todo el año. Limitar la pesca a unos meses satura el mercado y hace bajar el precio. Mientras tengamos cuota, que el objetivo es no tenerla, al menos deberíamos poder pescar todo el año y calcular cuándo es más rentable. Aparte de eso, exigiremos el Posei adicional, que para esta campaña era de 31,6 millones y el Estado solo ha transferido 21 millones. El REF especifica el 100% del Posei adicional y fue un compromiso del Gobierno canario con el Gobierno estatal el ampliar las partidas pero lo hicieron sin ficha económica. Así que el Estado tiene la obligación, porque se firmó, de pagar. Es decir, queremos el pago de los 10 millones de euros que faltan.
