El Cabildo de Lanzarote ratificó ayer en un pleno extraordinario y por unanimidad su oposición a las concesiones de acuicultura que permiten instalar medio centenar de jaulas marinas en la costa comprendida entre Arrecife y el aeropuerto y facultó a su presidente, Olwaldo Betancort (CC), para impugnarlas en los tribunales.
«Todas las fuerzas políticas coincidimos en que es lo mejor para nuestras islas y agradezco la unión que hoy [ayer para el lector] hemos demostrado aquí en defensa de algo que nos afecta a todos», señala Betancort, en un comunicado del Cabildo, informa Efe. El presidente insular asegura que asume «la legitimidad» que le ha dado el pleno «para defender el litoral de Lanzarote de la mano de todas las administraciones y agentes implicados».
«Es fundamental preservar el ecosistema, preservar nuestra imagen y que esas actividades económicas se posicionen en aquellos lugares en los que realmente se puedan posicionar y que todos en la Isla estemos alineados para no comprometer el litoral», añade Oswaldo Betancort.
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, explica que sigue «la misma línea marcada hasta ahora porque se ha puesto en evidencia el rechazo de instituciones, asociaciones como las cofradías de pescadores, y la población en general, a la instalación de la acuicultura en las costas de Lanzarote». Machín recuerda que «fue durante el anterior mandato cuando se dio la orden de interponer un recurso contencioso administrativo contra dichas concesiones» y, «en un gesto de responsabilidad y compromiso, el gobierno de Betancort asume la petición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que sea el nuevo plenario quien adopte dicho acuerdo».
«Estamos en contra de la acuicultura de Playa Quemada, tal y como defendimos en nuestra etapa en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Agricultura, y de hecho, no hay que olvidar que se introdujo una propuesta del grupo nacionalista en la nueva Ley del Cambio Climático, relativa a que en la ordenación del litoral debe priorizarse siempre el mantenimiento de nuestro ecosistema marino sobre cualquier tipo de explotación de otra índole», remarca Machín.
El PSOE señala a Clavijo
Por su parte, el Grupo Socialista en el Cabildo ha exigido a Oswaldo Betancort que se mantenga en la línea iniciada por Dolores Corujo el pasado mandato y que no se doblegue ante Fernando Clavijo en el conflicto de las jaulas marinas.
Benjamín Perdomo, consejero socialista en el Cabildo, recuerda que fue el anterior gobierno de Clavijo el que aprobó el Plan regional de ordenación de la acuicultura, PROAC, que ha posibilitado la solicitud de instalación de jaulas frente a las costas de la principal zona turística de la Isla y en la que más población local se concentra.
«Fue el gobierno de Loli Corujo el que comenzó una intensa actividad judicial para impedir que siga adelante este auténtico disparate» manifiesta Perdomo, quien exige a Betancort que «no dé ni un paso atrás en la defensa de los intereses de Lanzarote y mantenga las acciones iniciadas por Corujo».
El consejero recuerda que Betancort en su discurso de investidura se comprometió a ir a la capital comunitaria para conseguir que se atiendan las reclamaciones de Lanzarote. «De momento no hace falta que vaya a Bruselas, le basta con ir a Tenerife y exigir a quien ocasionó el problema que lo arregle», ha explicado.
«Escándalo con sello de CC»
En el comunicado del Grupo Socialista se indica: «Como se recordará, la declaración de la zona comprendida entre Costa Teguise y Puerto del Carmen como Zona de Interés Acuícola (ZIA), fue incluida en el Proac, que se aprobó en el Consejo de Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, el 9 de julio de 2018».
Asimismo, relata que el plan se aprobó a iniciativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, dirigida por Narvay Quintero como consejero, que vuelve a ostentar el cargo en la legislatura que se inicia, siendo el lanzaroteño Orlando Umpiérrez el director general de pesca.
A pesar de haber tenido entrada el documento inicial en el Cabildo de Lanzarote, presidido entonces por Pedro San Ginés, la primera institución insular no realizó ninguna alegación en defensa de las costas lanzaroteñas, sentencian desde el PSOE.
