El Ejecutivo se persona en el caso de malversación en centros de menores

El Ejecutivo canario ha decidido personarse en el caso que investiga irregularidades en la gestión de los centros de menores migrantes en Gran Canaria y Lanzarote que dependen de la ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI. En donde existen sospechas de que se usó dinero público para fines privados. Así lo anunció ayer el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias en funciones, Antonio Olivera, quien detalló que el Ejecutivo participará en el proceso como acusación particular ante la posibilidad de que haya sido «perjudicada en la gestión de fondos públicos».

Olivera reveló que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, expuso en la reunión que se suscribieron muchos «contratos de emergencia» para atender una situación «sobrevenida», con unos 3.000 menores migrantes bajo tutela y en medio del «desmantelamiento» del sistema de acogida por parte de gobiernos anteriores.

El viceconsejero defendió la «absoluta transparencia» del Gobierno en la adjudicación de los contratos y su colaboración con la Fiscalía, a quien, según explicó, se ha remitido toda la información. El Ejecutivo no ha detectado «ninguna incidencia» en la atención a los menores en las sucesivas inspecciones de la Dirección General de Infancia y la secretaría general de la Consejería de Derechos Sociales.

Olivera insistió en que no ha habido un «problema» en la atención a los menores migrantes sino en todo caso con la gestión de algunos recursos económicos «de algunas personas que trabajan para la Fundación».