La controversia sobre la exención a la tasa al queroseno llega a las Cortes

La controversia sobre la exención de Canarias de la tasa al queroseno en los vuelos comerciales llega a las Cortes tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y las críticas lanzadas por Coalición Canaria (CC). Los nacionalistas han exigido las comparecencias del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso y en el Senado para que expliquen el alcance real de las negociaciones de la directiva que implantará esta tasa en 2024 y en la que Canarias ha solicitado quedar exenta por los riesgos que supone para el sector turístico. El PSOE canario respondió de inmediato a CC con su apoyo a que ambos ministros den explicaciones pero con argumentos bien diferentes: la formación nacionalista niega que Canarias haya conseguido la exención y culpa a Torres de "confundir" y no decir la verdad, mientras que los socialistas lamentan que el senador y candidato Fernando Clavijo no se alegre de esta medida y esperan que los ministros aclaren la situación.

Tras el anuncio realizado en el debate televisado del pasado martes por Ángel Víctor Torres, en el que dio a entender que la decisión ya estaba tomada por el Consejo Europeo, el propio organismo comunitario se encargó después de matizar esta afirmación dejándolo en una propuesta de los técnicos que aún está en fase de borrador. Clavijo lanzó ayer duras críticas contra el jefe del Ejecutivo:  "Torres no ha dicho la verdad sobre la tasa verde y su obligación es rectificar, cuando se trata de un asunto muy serio y que terminará pasando factura al motor económico de las Islas, al sector turístico". Por ese motivo, Coalición Canaria ha exigido al presidente canario que "haga público el documento al que se refirió el pasado martes y que rectifique públicamente para no seguir generando más confusión". Asimismo ha solicitado las comparecencias de los ministros Albares y Montero en las Cortes.

Por el contrario, el PSOE isleño critica a la formación nacionalista al demostrar una vez más "que son capaces de anteponer sus intereses partidistas a los de esta comunidad autónoma" cuando se trata "de una excelente noticia para Canarias, de la que se beneficiará sobre todo nuestro principal sector económico, el turismo". Por eso han apoyado la petición de que ambos ministros comparezcan en el Congreso y en Senado "pues de este modo el señor Fernando Clavijo tendrá la oportunidad de aclararse sobre el verdadero alcance de lo que es, sin género de dudas, una de las mejores noticias que ha recibido el sector turístico de Canarias en los últimos tiempos".

No es definitivo

En este sentido, el portavoz del Gobierno regional, Julio Pérez, admitió ayer tras la reunión del Ejecutivo que "se presentó como un acuerdo definitivo pero es cierto que queda algún trámite, pero eso no devalúa la importancia del acuerdo que excluye a Canarias". «Desde el día 11, el grupo de trabajo que está preparando la Directiva y en el que están representados los 27 países llegó a un acuerdo para que en el texto se incluya una referencia a que Canarias, en aplicación del tratado de funcionamiento de la UE, no sea objeto del impuesto al queroseno», señaló Pérez. Aquí, añadió que el texto de la Directiva ha pasado ya a otra materia, dejando este asunto como «ya tratado y acordado», incidiendo en que el proyecto tendrá que culminar su aprobación por los órganos de gobierno de la UE correspondientes.

Lo que tampoco conoce a ciencia cierta el Ejecutivo es si durante la presidencia de España de la UE en el segundo semestre del año habrá tiempo para aprobar definitivamente la nueva Directiva con la excepción de Canarias. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo indicó que «ojalá el texto definitivo se apruebe durante la Presidencia española del Consejo Europeo para que entre en vigor la tasa», añadió Pérez. La UE, insistió, está intentando disuadir a los países, regiones y consumidores del uso de este combustible si bien en Canarias se da «la paradoja» de que si no entra en funcionamiento «no la paga ni Canarias ni nadie, así que no tenemos prisa porque cuando eso se implante quedaremos fuera».

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