La ministra Sánchez copa la lista de deberes pendientes del Estado

Canarias mantiene en estos momentos una amplia agenda de asuntos abiertos y pendientes de negociar con el Gobierno central que las elecciones del próximo 28 han paralizado o en el mejor de los casos están ralentizados y cuya resolución no tiene por ahora horizonte temporal. Algunos se refieren a cuestiones afectadas por algunas iniciativas legislativas en tramitación en las Cortes, y por tanto a expensas del calendario parlamentario en el Congreso y en el Senado, pero otras forman parte de las relaciones bilaterales entre ambas administraciones y solo dependen de la voluntad política del Ejecutivo central para impulsarlas o resolverlas. Buena parte de esa agenda afecta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, cuya titular, Raquel Sánchez, copa en este contexto de impasse electoral la lista de deberes con el Archipiélago.

Una de las cuestiones que actualmente negocian Canarias y el departamento de Sánchez es la aprobación y puesta en marcha de una Obligación de Servicios Público (OSP) para una conexión entre Lanzarote y Madrid como proyecto piloto para tratar de abaratar los costes de los billetes de avión sobre todo en periodo vacacional. Ambas partes alcanzaron un acuerdo el pasado mes de febrero para poner en marcha esa línea subvencionada tras superar los reparos que ponía el ministerio, y en marzo se concretó que el trayecto al que se aplicaría sería el de Lanzarote-Madrid. La idea inicial, según avanzó entonces el consejero de Transporte del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, es que la ruta estuviera operativa en junio, pero en estos momentos no parece que ese calendario se pueda cumplir.

Fuentes de la negociación señalan que se sigue negociando con el ministerio de Raquel Sánchez aspectos técnicos y operativos del funcionamiento de la OSP, y que todavía se está en proceso de comunicación con otras partes afectadas por la operación como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la Comisión Europea, e incluso otros ministerios, especialmente el de Hacienda.

Transportes ha dejado para después de las elecciones las compensaciones a los transportistas

Es el departamento que dirige la ministra María Jesús Montero quien finalmente tiene que dar el visto bueno al gasto que la puesta en marcha de esta OSP supondría. En todo caso, Raquel Sánchez es la responsable política de que, una vez anunciado en su día ese acuerdo para buscar una solución al encarecimiento de los billetes aéreos desde que se aprobó el 75 % de subvención para los residentes, se concrete de forma efectiva y que para ello deberá convencer a Hacienda si fuera el caso de que Montero pone objeciones.

En materia de transporte aéreo, el ministerio de Sánchez también debe concretar, junto con el grupo parlamentario socialista en el Congreso, si aceptan una enmienda de CC a la ley de Movilidad Sostenible para blindar en esa norma el 75 % de subvención al billete en los territorios extrapeninsulares. Los nacionalistas canarios entendían que algunos artículos de esa ley dejaban abierta una puerta al cuestionamiento de este porcentaje de subvención después de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propusiera en su último informa cambiar el sistema por una ayuda fija.

Queda en el aire el blindaje por parte del Gobierno al 75% de bonificación en la nueva legislación

El proyecto de ley se encuentra en estos momentos pendiente de que empiece a debatirse en la Comisión de Transporte del Congreso y todo parece indicar que no se aprobará hasta después de pasadas las elecciones del día 28.

Otro de los asuntos importantes que están sobre el tejado del ministerio dirigido por Raquel Sánchez en la actualización de las ayudas al transporte de mercancías para ajustarlos al coste actual de los fletes, que se han incrementado entre un 300 y un 500 % desde la ultima actualización en 2019 y una de las causas que mantiene el alto coste de la cesta de la compra en las Islas. Aunque hay un proceso de negociación abierto a través de la comisión mixta de precios, la ministra ya aclaró hace varias semanas en el Senado que este asunto no se resolverá hasta después de las elecciones.

También implica a este departamento el litigio sobre la privatización de las torres de control del tráfico aéreo en los aeropuertos, sobre el que la ministra se ha comprometido a "analizar y valorar" la solicitud del Gobierno de Canarias de frenar, al menos temporalmente para abrir una negociación, el proceso en los casos de las instalaciones de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur que el Estado pretende llevar a cabo en un plazo de dieciocho meses.

En materia de vivienda, desde Canarias se está muy vigilante el efecto de la ley del Derecho a la Vivienda que acaba de pasar al Senado, así como el número de las públicas de que dispondrá de las 183.000 anunciadas por el Ejecutivo. El martes pasado, la ministra no acudió a responder al Senado a las dudas que a este respecto le planteaba el senador de ASG, Fabián Chinea, pero en su lugar lo hizo la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien aseguró que Canarias disponía de 520 vivienda en manos de la Sareb, de las que 217 están okupadas por familias dependientes, y 331 pendientes de rehabilitación para su posterior adquisición por las administraciones para su posterior alquiler social.

La ministra Sánchez no está viviendo precisamente sus mejores horas al frente de un ministerio de especial relevancia y de los llamados "de gestión". La pasada semana fue reprobada en dos ocasiones, en días consecutivos, primero el miércoles pasado en el Senado, y 24 horas después en el Congreso. Aunque dichas reprobaciones se referían fundamentalmente a los problemas que acarrea eicio de Renfe y Adif en Cataluña y otras comunidades autónomas, muchos grupos aprovecharon para poner en la picota toda la gestión de la ministra catalana. En ambas cámaras, una mayoría de grupos, se sumó a los promotores de la iniciativa y ha constatado el cuestionamiento de su labor por parte de las formaciones políticas no solo de la oposición, sino de socios del Ejecutivo como ERC, precisamente el impulsor de esas mociones de reprobación.

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