Los papeleos administrativos cuestan 9.400 millones a las empresas canarias

La excesiva burocracia en las administraciones canarias es un mal endémico que, lejos de corregirse, cada vez asfixia más a las empresas isleñas, la mayoría pymes, y desmotiva a los inversores que quieren instalarse en las Islas. Montar un negocio, pedir licencias a distintas administraciones, informes o papeleos una vez abiertos se convierte en un vía crucis para los pequeños y medianos empresarios y autónomos, al margen de los impuestos que han de pagar. La normativa es abultadísima y crece: «En los últimos cuatro años se han generado más de 1.100 textos normativos solo en el ámbito regional», afirma José Cristóbal García, vicepresidente y secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

La patronal de Tenerife (CEOE) ha elaborado un estudio en el que cuantifica la carga burocrática para las empresas canarias en 9.446 millones de euros, recursos que dejan de ganar o invertir.

Estas cifras muestran la dificultad a la que se enfrenta cualquier persona emprendedora. La ingente cantidad de trámites para la puesta en marcha de una empresa y los costes regulatorios a los que tienen que hacer frente una vez creadas suponen uno de los mayores obstáculos para la gestación de proyectos de emprendeduría. De hecho, España es el séptimo país de la UE que más trabas establece en la apertura de negocios. Y Canarias está a la cola, sentencian las patronales canarias.

Independientemente de la actividad económica que se realice, la carga burocrática en Canarias se concentra en micropymes, lo que pone de manifiesto el coste que debe afrontar este tipo de empresas, gastos que se reducen a medida que aumenta el tamaño de las mismas. Las empresas con mayor personal disponen de estructura humana y de capital para hacer frente a la serie de obligaciones administrativas y burocráticas, ya sea para gestionarlas internamente o externalizar el servicio a asesorías especializadas, que es lo que suelen hacer las pequeñas empresas ante cualquier papeleo.

Las patronales censuran el teletrabajo de los funcionarios ante las demoras

El coste burocrático se mide no solo en la apertura de un negocio, la gestión de los expedientes, estar atentos a las normativas sino en el tiempo que se invierte. Así lo precisa José Antonio González, director de Consultoría de Corporación 5, que es la firma que se encarga de los informes de coyuntura de CEOE-Tenerife. «La burocracia en sí no es mala porque se tiene un control de los recursos públicos», expone, pero hay un exceso de normativas que generan inseguridad a quienes tienen que aplicarlas, y es cuando se empantanan los expedientes porque se piden informes para cualquier tramitación y todo se demora.

Según el estudio que han realizado, Canarias, por ejemplo, necesita un promedio de 142 días para obtener la licencia de construcción y 177 días para la obtención de la conexión eléctrica, entre otras múltiples cuestiones.

Sectores

En términos de actividad económica, los mayores costes regulatorios se sitúan en la agricultura y la construcción. En el sector agrícola, el marco burocrático se muestra desde el cumplimiento de la seguridad alimentaria de los cultivos hasta la utilización de tecnologías para la plantación y su tratamiento. Los costes en papeleo afectan principalmente a las micropymes (de hasta nueve empleados), que han gastado 1.440 millones en gestiones, frente a los 55 millones de euros de empresas medianas (de 10 a 249 empleados), y los 39 millones de las grandes empresas (más de 250 trabajadores).

La actividad económica de la construcción se enfrenta a cargas burocráticas que van desde la eficiencia energética hasta los procesos administrativos previos a la ejecución de la construcción o la de riesgos laborales, dado el nivel de seguridad que requiere este sector. Las pequeñas empresas han invertido de su dinero 1.205 millones en cargas burocráticas, las medianas, 46 millones y las grandes 33 millones.

Con la vista puesta en las elecciones del 28 de mayo, las confederaciones empresariales de Las Palmas y de Tenerife demandan a las administraciones que resulten elegidas tras los comicios que uno de sus principales cometidos debe ser, de forma imperativa, una reestructuración profunda de la administración para darle agilidad, y ponen en entredicho el teletrabajo de los funcionarios en un momento, tras la pandemia, que los expedientes requieren celeridad.

Según José Cristóbal García, la excesiva producción normativa y la calidad de las normas están condicionando la inversión y tienen implicaciones negativas para empresas que necesitan seguridad jurídica, regulaciones claras, simples, estables y de consenso.

Es inviable que en los últimos cuatro años se hayan generado más de 1.100 textos normativos sólo en el ámbito regional, expone, a través de decretos leyes, decretos del presidente, órdenes o resoluciones. En 2019 cuantifican 416; en 2020, 181; en 2021 fueron 224 y en 2022, 284.

«Es uno de los problemas para atraer inversión, porque estamos atravesando un nivel de inseguridad jurídica brutal; al final conviven unas normas con otras y no hay seguridad», remarca. Pese a que es una demanda reiterada, la reforma de la administración para agilizar la burocracia administrativa «no se ha hecho; Canarias sigue a la cola y España también. No mejoramos y aquí los funcionarios quieren el teletrabajo», censura.

LA CCE calcula que en esta legislatura se han generado más de 1.100 textos normativos

A juicio de la CCE se tiene que cambiar hacia un nuevo modelo de la administración pública y con una legislación uniforme y clara. Para los empresarios se ha de buscar la sencillez, una repuesta rápida al ciudadano, la atracción de talento, la especialización en la toma de decisiones que afecten a áreas empresariales claves, la máxima digitalización de los servicios y la transparencia.

Pedro Alfonso, presidente de la CEOE-Tenerife, reflexiona que 9.400 millones se hayan quedado en las ventanillas de las administraciones en vez de en la productividad de las empresas certifica la necesidad de una transformación profunda de la administración, y no se pueden dar respuestas como el teletrabajo de los funcionarios, sino «poniendo a funcionarios que rindan», y que se agilice la Ley de Procedimientos Administrativos que es « farragosa y no permite la celeridad de las licencias».

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