Canarias ya tiene justificado el 36% del dinero del convenio de carreteras

Los trabajos certificados, en su mayoría de los grandes proyectos viarios del Archipiélago, suman 76 millones

Dos operarios durante unas obras en una carretera.

Dos operarios durante unas obras en una carretera. / Juan Carlos Castro

M. Á. Montero

La Comunidad Autónoma ya ha certificado la ejecución de obras del convenio de carreteras con el Estado por un montante de 76 millones de euros. Una suma que equivale al 36,2% del total de los fondos del acuerdo entre las Administraciones central y regional, que asciende a 210 millones. Si se tiene en cuenta que aún no ha finalizado la primera mitad del año, el porcentaje que representan los trabajos ya certificados –la certificación es el paso previo a la transferencia de los dineros desde Madrid y, por tanto, a la ejecución presupuestaria–, el ritmo parece el adecuado. No obstante, no será hasta las postrimerías del ejercicio cuando en verdad pueda evaluarse en qué medida se han ejecutado los fondos del convenio de carreteras, o lo que es lo mismo: en qué medida el dinero consignado en los presupuestos generales del Estado ha pasado o no del papel a los hechos.

A 31 de marzo, es decir, al cierre del primer trimestre de 2023, aún no figuraba como ejecutada en las cuentas de la Dirección General de Carreteras ninguna cantidad con cargo a esos 210 millones de euros del convenio con la Comunidad Autónoma. De hecho, el grueso de las grandes partidas con que cuenta Canarias en los presupuestos del Estado para este año –no solo para obra pública, sino en general– todavía está por movilizarse. En el caso del acuerdo en materia de carreteras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige Raquel Sánchez Jiménez, va librando o transfiriendo los dineros conforme el Gobierno de Canarias va certificando cada obra. De modo que se termina el trabajo en cuestión –la construcción de una nueva vía, por ejemplo–, el Ejecutivo regional comprueba que todo está correcto y, de ser así, eleva a la Dirección General de Carreteras el correspondiente certificado de la finalización de la obra y del coste de la misma. Es entonces cuando en el Ministerio se inician los trámites para ingresar en las arcas públicas isleñas la correspondiente cuantía con cargo a los 210 millones del convenio. Y hasta que no se transfiere de manera efectiva, ese dinero no se contabiliza dentro de las obligaciones reconocidas netas, que es donde figuran las cantidades debidamente invertidas, certificadas y remitidas a la Comunidad Autónoma. En otras palabras: las cantidades debidamente ejecutadas.

El Anillo Insular y la carretera de La Aldea acaparan una parte importante de las certificaciones

El caso es que, de momento, las obligaciones reconocidas netas en relación con el convenio de carreteras están a cero, o al menos lo estaban a 31 de marzo. En realidad no se trata de algo extraño. Más bien al contrario. No solo es habitual que los porcentajes de ejecución de los capítulos de inversiones sean muy bajos hasta finales de año, sino que, además, ya es casi una norma no escrita eso de que el ejercicio termine con buena parte del dinero sin gastar. Conseguir ejecutar un 80% del dinero presupuestado para inversión pública bien puede considerarse un éxito, tanto en Canarias como en las demás Comunidades Autónomas, si bien hay que puntualizar que el Archipiélago se caracteriza por unos históricos bajos niveles de ejecución –históricos, cabe insistir–. En la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional, que timonea Sebastián Franquis, son conscientes de ese problema recurrente y por eso vienen pisando a fondo el acelerador para sacarle todo el jugo posible al convenio de carreteras, y lo que es más importante: para hacerlo en los plazos marcados. De ahí que el consejero se llevara bajo el brazo a Madrid el pasado febrero, para la reunión de la comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma, una carpeta con las certificaciones de una serie de obras por importe de 76 millones de euros. Así que en cuanto el Ministerio transfiera al Ejecutivo canario la totalidad de esos 76 millones, ya estaría ejecutado un 36,2% de los fondos con que cuenta el convenio. En principio, si no hay ningún inconveniente administrativo, esa cantidad debería figurar en las obligaciones reconocidas netas de la Dirección General de Carreteras en los próximos meses.

Grandes proyectos

La mayoría de esos 76 millones de euros corresponde a certificaciones de trabajos que forman parte de los grandes proyectos viarios del Archipiélago. Se trata, en concreto, del cierre del Anillo Insular de Tenerife; de la segunda fase de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria; de la nueva autovía entre La Caldereta y el aeropuerto de Fuerteventura; de los trabajos en la LP-1, que discurre entre las localidades de Bajamar y Tajuya, en La Palma; y de la remodelación de la GM-1, que enlaza Paredes, Alajeró y el aeropuerto insular, en La Gomera. Será a finales de noviembre, según explicaron este jueves desde la Consejería de Obras Públicas, cuando se celebrará una nueva comisión bilateral en la que se elevarán las nuevas certificaciones, con lo que, por tanto, no será hasta las últimas semanas del año cuando el Ministerio deberá de transferir los fondos correspondientes a ese segundo gran lote de certificados.

Los 200 millones de la deuda por los recortes del PP al convenio no llegarán hasta finales de año

Otra cosa bien distinta son los 200 millones de euros de la deuda que el Estado aún mantiene con Canarias por el hachazo que el Gobierno central, entonces gobernado por el PP, le asestó sin previo aviso al convenio de carreteras vigente en aquel entonces. Ese dinero, presupuestado en las cuentas estatales para 2023, no llegará hasta los últimos días del año, y, además, no necesariamente ha de destinarse para las carreteras, sino que puede emplearse en otros fines.

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