Silencio de Marlaska sobre posibles sanciones en la Guardia Civil por el ‘caso cuarteles’

Nada ha cambiado para el Gobierno central en el llamado ‘caso cuarteles’ desde hace exactamente un mes, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, compareció en el Congreso para dar sus primeras explicaciones, pese a las nuevas informaciones y datos difundidos durante todo este tiempo. El fondo sobre la investigación sobre la adjudicación supuestamente irregular de 193 contratos de obras en la Guardia Civil sigue siendo para el Ejecutivo que fue el anterior gobierno del PP quien frenó la investigación de Asuntos Internos del instituto armado y que ha sido el actual equipo del ministerio quien la reabrió. Es decir, que, como señaló el ministro en la mencionada comparecencia del pasado 27 de marzo, este es “el enésimo caso de corrupción que afecta al PP”.

Esta es la conclusión a la que cabe llegar a la vista de la respuesta que el Gobierno ha dado al senador de CC, Fernando Clavijo, a la batería de 17 preguntas sobre este asunto, y en la que se limita a remitirse precisamente a las explicaciones y la versión de Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso. Todo ello pese a que la indagación del senador autonómico canario apunta a otras vías distintas a las que respondió el ministro ante los diputados. Clavijo pone el énfasis en sus preguntas al Gobierno sobre qué iniciativas disciplinarias se han tomado por parte de los órganos competentes de la Dirección General de la Guardia Civil en relación con los miembros del Cuerpo que están siendo investigados en las diligencias previas seguidas por la juez instructora del caso, María Isabel Durántez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Hasta la fecha, el principal encausado en el teniente general Pedro Vázquez, quien según Marlaska tuvo un ascenso “meteórico” durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior —ascendido dos veces en tan solo ocho meses, hasta alcanzar la máxima categoría de teniente general— y que fue también este antecesor suyo quien puso a este alto mando al frente de la Subdirección General de Apoyo, desde el que tenía el control de las fianzas del instituto armado y desde el que presuntamente propició las irregularidades ahora destapadas al instigar a los jefes de las 13 comandancias bajo sospecha a contratar al constructor canario Ángel Ramón Tejera de León, alias ‘Mon’, amigo suyo. Otro de los implicados es Carlos Alonso, teniente coronel de la Guardia Civil y ex jefe de la Comandancia de Ávila en la época en que se adjudicaron los contratos.

Clavijo requiere al ministro en sus preguntas sobre si, en el supuesto de que se hayan tomado las medidas disciplinarias, se han adoptado además medidas cautelares como la suspensión de funciones y el cese en el destino en relación con el personal del Cuerpo que esté siendo investigado, o si la disciplina ampara el cumplimiento de órdenes que supongan infracción del ordenamiento jurídico de contratación pública. También se interesa sobre cuáles son los servicios que se prestan por parte del personal de la Guardia Civil a oficiales generales que hayan cesado en su relación de servicio y hayan sido declarados retirados, y sobre si los pabellones o viviendas de la Guardia Civil o de Patrimonio del Estado pueden seguir siendo usadas por quienes hayan pasado a retiro con el empleo de oficial general de la Guardia Civil.

“¿Se ha previsto dictar algún tipo de instrucción para evitar que oficiales generales de la Guardia Civil retirados puedan seguir accediendo a dependencias del Cuerpo como si estuvieran en servicio activo?”, pregunta asimismo el senador de CC, quien también reclama información sobre las previsiones del Ministerio del Interior “para impedir que la imagen de la Guardia Civil se vea deteriorada por los múltiples casos de corrupción que han sido conocidos por la opinión pública” desde que saltó este asunto a los medios de comunicación. Otra de las preocupaciones que expresa el dirigente de CC es sobre si se tiene prevista alguna medida para reforzar los mecanismos anticorrupción en la contratación de la Guardia Civil, y sobre la razón de no haber creado y puesto en funcionamiento un órgano interno de prevención en este sentido en el Instituto Armado como recomendó el programa GRECO, el plan comunitario de prevención de la corrupción en las instituciones.

Clavijo reclamaba información sobre si el general Espinoa daba medallas pensionadas a embajadores para blindarse

Clavijo también lanzó una serie de preguntas, que no han obtenido respuesta por parte del Gobierno central, sobre el otro caso de presunta corrupción con origen en Canarias en el que se han visto envueltos altos cargos de la Guardia Civil, el llamado ‘caso Mediador, que afecta en especial al general Francisco Espinosa Navas, único investigados en estas tramas que ha ingresado en prisión. A este respeto, el senador nacionalistas reclamaba información sobre si este imputado daba medallas pensionadas a embajadores para blindarse, interesándose también sobre sin han fallado los filtros a la hora de conceder ascensos, “a la postre no merecidos”, o si el Ministerio del Interior va a potenciar el papel y las funciones de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para prevenir la corrupción.

Marlaska, a cuya comparecencia en el Congreso hace un mes se remite el Gobierno central en su respuesta a Clavijo, recordó en aquella ocasión que fue en 2016 cuando Asuntos Internos de la Guardia Civil inició una investigación sobre los contratos que llevaron a ‘Mon’ Tejera a facturar casi tres millones de euros en obras que habían experimentado un inusual y considerable coste en su facturación durante el periodo 2014-2016. Las fechas son en este caso un dato importante, porque en torno al calendario pivotan las acusaciones que el titular de Interior hizo contra quienes le precedieron en su departamento, los ministros Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido, el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el ex director general de la Guardia Civil José Manuel Holgado.

La Guardia Civil, en todo caso, no ha apreciado hasta ahora “mala voluntad” en los responsables de los acuartelamientos donde se han detectado irregularidades en la adjudicación de obras, sino desconocimiento técnico, achacando a “conductas individuales” y no generalizadas en el Cuerpo los sucedido en el ‘caso cuarteles’, aunque si avanzó en su momento que “si se determina alguna responsabilidad en ellos se actuará con contundencia”, según señaló el teniente general jefe del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, Arturo Espejo, en otra comparecencia en el Congreso a finales de marzo. 

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