El Consultivo acelera una decena de decretos por las prisas del Gobierno

El Ejecutivo regional pretrende aprobar, antes de que finalice el actual mandato, el teletrabajo, servicios sociales, Competencia, consumo, Hemodonación y policías locales

Portavoces y diputados de los grupos parlamentarios charlan en el hemiciclo de la Cámara autonómica. | | E.D.

Portavoces y diputados de los grupos parlamentarios charlan en el hemiciclo de la Cámara autonómica. | | E.D. / R. Acosta

El Gobierno regional apura las últimas semanas de mandato antes de las elecciones del 28-M para aprobar los decretos que sean posibles por la vía de urgencia, ya que a partir del 29 de mayo el Ejecutivo entra en funciones y solo puede abordar asuntos de trámite. La acción gubernamental también afecta a otros organismos, entre ellos el Consejo Consultivo, que tiene sobre la mesa en este periodo por las prisas del Gobierno hasta un decena de proyectos de decreto con cuestiones relevantes como la regulación del teletrabajo de los empleados públicos, el consejo canario de Defensa de la Competencia, el nuevo catálogo de Servicios Sociales o la transformación jurídica del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH).

En sus dictámenes el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma ha cuestionado en varias ocasiones la proliferación de decretos leyes y decretos remitidos por el Ejecutivo por la vía de urgencia, procedimiento extraordinario que reduce los plazos de tramitación para que el Consultivo se pronuncie con más celeridad. Esta ha sido la tónica habitual en una legislatura algo atípica debido a las emergencias provocadas por la pandemia del Covid y la erupción volcánica de La Palma. Sin embargo, en otros asuntos que no están vinculados directamente a estos imprevistos también el Ejecutivo ha incrementado sus peticiones de dictámenes por la vía rápida, lo que ha sido cuestionado por los juristas y expertos del Consultivo ya que no puede convertirse en normal habitual una facultad extraordinaria que tiene la Administración para despachar asuntos sin un análisis más somero de la legalidad de los mismos.

El órgano consultivo ha cuestionado en varias ocasiones el excesivo uso de la vía de urgencia

En estos últimos compases de la legislatura se han remitido al Consultivo proyectos de ley y decretos por la vía de urgencia tras un largo procedimiento al que se le ha conferido celeridad en la recta final del mandato. Algunas normas se han quedado por el camino tras las críticas del Consultivo, como sucedió con la nueva ley de coordinación de las policías locales de Canarias, que finalmente el Ejecutivo decidió dejar aparcada también por la falta de consenso entre las partes afectadas.

Una vez disuelto el Parlamento y, por lo tanto, sin posibilidad de legislar hasta la próxima legislatura, el Ejecutivo tiene acumulados en el Consultivo varios decretos que pretende aprobar por la vía rápida antes de la cita con las urnas del 28-M, imprimiendo también celeridad al Consejo Consultivo, que da entrada y analiza los textos que le envía el Consejo de Gobierno.

Sobre la mesa del Consultivo están asuntos que han permanecido en el debate político a lo largo de la legislatura y que, por una u otras circunstancias, no han salido adelante y ahora se ha solicitado el dictamen por la vía de urgencia para aprobarlos antes de finalizar el mandato legal del Ejecutivo. Es el caso por ejemplo de la regulación del teletrabajo en la Administración autonómica, que se ha demorado por diferencias internas en el seno de los partidos que forman el cuatripartito y que el consejero Julio Pérez intenta salvar con una disposición añadida para que la aplicación de este sistema de trabajo se realice de forma escalonada en un año, para pasar de uno a tres días de trabajo a distancia a la semana.

Derechos Sociales

El catálogo de prestaciones de Servicios Sociales es otro asunto relevante que desarrolla la Ley de Servicios Sociales, aprobada hace cuatro años sin que se hayan cumplido los plazos que estipula la misma. En los próximos días se dará a conocer el contenido del dictamen del órgano consultivo.

La Consejería de Derechos Sociales también ha solicitado otros dictámenes de ultima hora que han sido informados por el Consejo Consultivo, en una carrera contrarreloj que el departamento que dirige Podemos ha realizado en los últimos meses de legislatura, incluyendo la ley de Renta de Ciudadanía. Además del catálogo de Servicios Sociales, la actualización de las prestaciones de las personas cuidadoras de dependientes o las cantidades asignadas a las familias que acogen a menores tutelados por la Comunidad Autónoma en situación de desamparo.

También se han estudiado por el Consultivo la regulación de los servicios de atención a la clientela, las características y el procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa en las relaciones de consumo y la designación de la autoridad de ejecución de la Comunidad Autónoma para el control del cumplimiento de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y su actuación.

El Gobierno ha aprobado más decretos leyes que decretos en esta legislatura

En los últimos días el Ejecutivo tiene en ciernes dos nuevos decretos. Tras el acuerdo al que se ha llegado para cambiar la figura jurídica del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), que deja de ser un organismo autónoma para integrarse en el Servicio Canario de Salud, el Ejecutivo prepara los informes y el proyecto de decreto, que tendrá que ser informado por el Consejo Consultivo, aunque con el tiempo muy justo. Asimismo, en los últimos días también se ha pactado el nuevo reglamento que regula los criterios de acceso, selección y movilidad de las policías locales, un texto que ahora tendrá que pasar por los diferentes informes e ir al Consejo de Gobierno como decreto.

Desde que se inició esta legislatura el Ejecutivo ha aprobado 55 decretos. Se da la circunstancia inédita de que en estos cuatro años el Consejo de Gobierno ha aprobado más decretos leyes –60– que decretos, lo que da idea de las emergencias que se han sucedido en este periodo. Los decretos leyes los aprueba el Ejecutivo pero después tienen que ser convalidados por el Parlamento, mientras que los decretos es una potestad del Gobierno con los informes preceptivos pertinentes.

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