La residencialización ya alcanza a uno de cada tres apartamentos turísticos

La legislación canaria prohíbe el uso residencial de apartamentos y bungalós en las zonas turísticas desde hace diez años pero las administraciones públicas no ejercen sus funciones para hacer cumplir la ley. La Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013, el posterior reglamento de 2015 y la Ley del Suelo de 2017 dejan claro la incompatibilidad del uso residencial con el uso turístico en aquellas zonas turísticas consolidadas y también que en un complejo alojativo sometido a la unidad de explotación no puede existir el alquiler vacacional, algo cada vez más frecuente y que está fuera de la legalidad.

Los expertos advierten del riesgo de que la residencialización continúe avanzando si no se pone coto por parte del Gobierno canario y de los ayuntamientos, con lo que supone de pérdida de competitividad, camas turísticas, empleo y actividad económica. Actualmente hasta un 30% de la zona turística de San Bartolomé de Tirajana está ocupada por residentes o por la explotación irregular de alojamientos y este porcentaje puede seguir aumentando, lo que aboca a una situación de "anarquía" y un conflicto legal en el que tendrán que decidir los tribunales.

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La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) organizaron ayer una mesa de debate sobre la problemática de la residencialización de los establecimientos turísticos. Los ponentes participantes fueron Rosa Martínez, exjefa de los servicios jurídicos del Gobierno canario y socia de Montero/Aramburu; Salvador Miranda, economista y director de la Cátedra del REF; Antonio Garzón, economista y experto en temas turísticos; Guillermo Morales, doctor en Geografía, y Javier Valentín, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Ejerció de moderador Juan Manuel Bethencourt, periodista y consultor de comunicación.

Rosa Martínez dijo que este debate está en las Islas desde la Ley de Ordenación del Turismo de 1995 y explicó los diferentes hitos legales que se han sucedido desde entonces hasta llegar a las leyes de 2013 y 2017, normativas que ni la Administración autonómica ni los ayuntamientos afectados han cumplido para frenar un fenómeno que en los últimos años se ha crispado por el enfrentamiento entre los gestores de las explotaciones turísticas y los empresarios con la Plataforma que representa a los afectados. Para Martínez esta problemática "se nos está yendo de las manos" y advirtió que "falta compromiso y liderazgo" para cumplir la normativa. Sí reconoció que a la unidad de explotación "hay que darle una vuelta" para actualizarla y que si hay que cambiar parte de las leyes hay que hacerlo, por lo que "es un problema de política públicas" y de la "inacción de las administraciones".

Avance

Guillermo Morales fue uno de los redactores del plan general de San Bartolomé de Tirajana de 1996 y advirtió que en esos momentos este problema no era tan "grave" como lo es actualmente. Resaltó de forma categórica que zonas como Playa del Inglés o San Agustín son exclusivamente turísticas y que la ley de 2017 dejó claro que los que no tuvieran el uso consolidado residencial hasta ese año "no pueden vivir" en estas áreas de uso turístico. Morales puso en evidencia la "falta de estética" y deterioro de las zonas donde conviven los dos usos y los "incumplimientos urbanísticos" con la pérdida, entre otros valores, de la "calidad ambiental", por ello "hay que cumplir las leyes con todas las consecuencias" para no incrementar el 30% de ocupación residencial que ya existe.

Antonio Garzón recordó las pérdidas de empleo y riqueza económica que supone la residencialización con los diferentes estudios que han realizado los expertos del sector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y reclamó "mirar al futuro" con una revisión legal de la unidad de explotación e implantar el concepto de "ciudad turística". En su opinión no se ha cumplido con la tarea marcada por las leyes, por lo que se abre un "conflicto legal" que llegará a los tribunales e incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Javier Valentín recordó que el derecho a la propiedad privada "no es absoluto" porque está sometido a las leyes, abogó por cumplir el principio de la unidad de explotación mientras no se legisle otra cosa, si bien recordó que la vivienda vacacional no surge para romper este principio ni entrar en los complejos a través de los residentes, sino para regular las viviendas que se dedican a la explotación turística.

Como especialista en el Régimen Económico y Fiscal (REF), Salvador Miranda destacó también el "mal uso" que se está dando a la ley de 2013 y defendió la necesidad de que se introduzca en la Ley del REF un añadido en aquellas actividades en las que se puede materializar la Reserva de Inversiones (RIC) para incluir el "incremento de la productividad" que supone la incorporación de un apartamento de uso residencial para la explotación turística, ya que dinamiza la actividad económica y crea empleo. Miranda resaltó que habría que solicitar un cambio legal en el artículo 27 de la normativa que regula el fuero canario.

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