El 28-M trastoca el calendario de la agenda canaria en Madrid

A poco más de 40 días de las elecciones autonómicas, locales e insulares del 28 de mayo, parte de la agenda canaria en Madrid se mantiene congelada o al ralentí y muy probablemente no avanzará significativamente hasta después de la cita con las urnas, o incluso hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo en el Archipiélago, algo que dependerá de las negociaciones para articular los pactos de gobernabilidad y que por tanto podría retrasarse hasta llegado el verano. Algunos de esos asuntos se verán afectados directamente por la gestión de los tiempos políticos en el Ejecutivo central en el actual contexto electoral, otros por el propio calendario parlamentario, y también por la actitud de los ministerios implicados, o de la posición de los grupos parlamentarios en el Congreso respecto al fondo y contenido de algunas medidas y proyectos legislativos por los que están afectados.

En concreto, Canarias tiene abiertas en estos momentos hasta cinco materias sobre las que está esperando algún avance bien en el ámbito de la Administración central, bien en el de la tramitación parlamentaria, y es muy probable que ninguna de ellas vaya a resolverse antes de las elecciones pese a la expectativas que se crearon en su momento para el impulso y el avance de la mismas. En el ámbito parlamentario, por ejemplo, están pendientes tanto el proyecto de Ley de Movilidad, sobre la que se ha abierto un debate respecto a su posible incidencia en el sistema de subvenciones del transporte aéreo a residentes o la financiación de las Obligaciones de Servio Público (OSP), así como la Proposición de Ley de Parlamento de Canarias para que una modificación del REF permita ampliar las condiciones del comercio triangular.

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La actualización de las ayudas al transporte marítimo como mecanismo para intentar abaratar precios y combatir la inflación en las Islas; la apertura de una OSP entre Lanzarote y Madrid como medida piloto para tratar de abaratar los precios de los billetes en los vuelos entre Canarias y la Península; el intento desde el Gobierno regional de frenar la privatización de las torres de control del tráfico de los aeropuertos de las islas capitalinas, o la defensa de las singularidades canarias en la ley de Vivienda que el Gobierno ya ha pactado con los socios parlamentarios y que quiere aprobar antes del 28-M son otros de los asuntos que están pendientes de abordarse en las relaciones entre Canarias y el Estado y sobre los que las elecciones del último domingo de mayo condicionan tanto su calendario como el debate político al respecto.

El Ejecutivo central y el PSOE quieren sacar de esa agenda todo aquello que suene a controversia y le exponga ante la opinión pública en el actual contexto político, mientras que, del otro lado, la oposición tratará hacer causa todas aquellas materias que considere que el Estado no está respondiendo a los intereses o los derechos de los canarios. Esta distinta mirada sobre estas cuestiones marcará en parte la campaña electoral como ya se está viendo en los mensajes de una y otra parte a cuatro semanas del inicio de la campaña electoral y a dos más de la cita con las urnas.

Blindaje del 75%

Sobre la primera de las reformas legislativas mencionadas, la de Movilidad Sostenible, cuya toma en consideración en el Congreso se aprobó hace algunas semanas, es muy probable que en este misma semana se constituya la ponencia en la que se darán paso a las primeras enmiendas antes de que el proyecto pase a la Comisión de Transportes, con competencia legislativa plena. Aunque este calendario permite aventurar una aprobación de la nueva norma quizá, incluso antes de las elecciones en uno de los dos plenos previsto para el mes de mayo, o como muy tarde inmediatamente después de las mismas, hay aspectos de especial incidencia en Canarias que de momentos no están siendo recogidas. El del blindaje del 75% de la subvención aérea queda a expensas de que el PSOE acepte una enmienda de CC para que una disposición adicional lo especifique de manera indirecta. De no ser así, los nacionalistas lo reclamarán de manera expresa en el Senado.

Queda pendiente por parte del Ministerio de Transportes la apertura de la OSP Lanzarote-Madrid como una solución temporal y experimental a los grandes costes de los billetes de avión

En la misma ley, también se ha detectado por parte de CC un riesgo de que las OSP que se puedan establecer en el futuro tengan que ser financiadas por Canarias, algo que desde el Gobierno regional se ha tachado de «falso debate electoralista» abierto por los nacionalistas.

En todo caso, sigue quedando pendiente por parte del Ministerio de Transportes la apertura de la OSP Lanzarote-Madrid como una solución temporal y experimental a los grandes costes de los billetes de avión, sobre todo sufridos por los residentes pero también por los canarios que no tienen las bonificaciones que supone tener esta condición y, por supuesto, por los extranjeros y nacionales que se trasladan a las islas. La atención está puesta ahora en tratar de convencer a Bruselas de que es una medida justificada pese a que contraviene la legislación comunitaria, según han señalado también la aerolíneas que operan en el mercado canario y que han rechazado esta medida.

Mercancías

Otra de las cuestiones pendiente del ministerio que dirige la ministra Raquel Sánchez es la actualización de las subvenciones al transporte de mercancías para ajustarlos al coste actual de los fletes, que se han incrementado entre un 300 y un 500 % desde la ultima actualización en 2019 y una de las causas que mantiene el alto coste de la cesta de la compra en las Islas. Aunque hay un proceso de negociación abierto a través de la comisión mixta de precios, la ministra ya aclaró hace dos semanas en el Senado que este asunto no se resolverá hasta después de las elecciones. También implica a este departamento el litigio sobre la privatización de las torres de control del tráfico aéreo en los aeropuertos, sobre el que la ministra se ha comprometido a «analizar y valorar» la solicitud del Gobierno de Canarias de frenar, al menos temporalmente para abrir una negociación, el proceso en los casos de las instalaciones de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur que el Estado pretende llevar a cabo en un plazo de dieciocho meses.

El otro gran asunto que se mantiene congelado en el ámbito parlamentario de los abiertos entre Canarias y el Estado es el de reforma de la ley del REF para incorporar a ella la flexibilización de las operaciones de comercio triangular acogidas a las bonificaciones fiscales de la ZEC (Zona Especial Canaria). La proposición de ley remitida por el Parlamento de Canarias se aprobó a principios de febrero pero con la advertencia del Ministerio de Hacienda, competente en la materia, de que rebajaría algunas de las medidas incluidas como la de rebajar del 90 al 50% el gasto necesario de las empresas dedicadas a esta actividad, consisten mover mercancía desde un país a otro sin que el producto pase por Canarias, para poder acogerse al tipo reducido del 4 % en el Impuesto de Sociedades contemplado para entidades ZEC, así como la retroactividad ilimitada de esta medida. Además, el departamento de María Jesús Montero ha dado orden de congelar la tramitación parlamentaria a través de la fórmula de ir ampliando semana a semana el periodo de presentación de enmiendas. Ya son siete los plazos ampliados y todo parece indicar que no habrá novedades hasta al menos después el 28-M.

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