Tras un mandato atípico el bagaje legislativo del cuatripartito es más bien pobre en comparación con la planificación realizada por el Ejecutivo a principios de legislatura. De las 50 leyes programadas por Presidencia del Gobierno y las diez consejerías se han aprobado nueve, una de ellas como proposición de ley, es decir, sólo un 18% de lo previsto. El covid y la erupción volcánica de La Palma han condicionado de tal forma la acción del Ejecutivo que la mayoría de las leyes aprobadas en el Parlamento provienen de decreto leyes destinados a paliar por la vía de urgencia las consecuencias de la pandemia pero, a la misma vez, se han colado modificaciones puntuales y cambios en varias normas para diferentes sectores y ámbitos.
El Ejecutivo presume de que ha logrado aprobar dos leyes que eran santo y seña de la legislatura: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias. Junto a ellas han salido adelante de la programación inicial las leyes de Economía Social, de Sociedades Cooperativas, de Políticas de Juventud, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, la modificación de la Ley de Cabildos Insulares y las de creación del Colegio Profesional de Pedagogía y Psicopedagogía de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.
Sin embargo, otras iniciativas destacadas se han quedado por el camino pese a los compromisos iniciales. Es el caso de leyes como la de Juegos y Apuestas, Función Pública, Policías Locales, Atención Integral a la Infancia, Salud Pública y Ordenación Sanitaria, Sector Agrario, Industria, Economía Circular, Biodiversidad o Reforma de la Ley del Suelo. En unos casos se trataba de modificar y actualizar leyes ya vigentes y, en otros, de nueva regulación.
Un vistazo al balance legislativo del Parlamento evidencia que una buena parte de la actividad normativa salida de la Cámara proviene de la profusión de decretos leyes que se han aprobado en estos cuatro años, nada menos que 60, que después deben ser convalidados por el Parlamento y algunos de ellos terminan convirtiéndose en leyes. Las urgencias que provocó el estallido del Covid desde marzo de 2020 y la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 2021 determinaron que varias de las leyes previstas se quedaran por el camino junto a otros factores como la falta de personal, la lentitud de los procesos administrativos y la falta de acuerdo con los sectores afectados, por lo que las asignaturas pendientes que ya venían de la anterior legislatura seguirán en el nuevo mandato tras las elecciones del 28 de mayo.
Cambios y novedades
En el programa legislativo aprobado por el Gobierno figuran 50 leyes entre modificaciones normativas y nuevos textos. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad fue la más ambiciosa ya que incluyó en la planificación nada menos que 16 iniciativas legislativas, algunas de ellas de enjundia pero sin que la mayoría hayan podido salir. Entre los compromisos de este departamento figuraban la Ley de Medidas Administrativas, Económicas y Sociales; Juegos y Apuestas –que ha sufrido varios cambios y cuya modificación se ha quedado a las puertas–; Función Pública, Cargos Públicos, Coordinación de las Policías Locales, Protección Civil y Salvamento Marítimo y Mediación.
El programa legislativo del resto de las consejerías ha sido menos numeroso pero algunas de ellas ni siquiera han sacado las leyes que tenían en su programación. La Consejería de Sanidad contaba, entre otras iniciativas, con la Ley de Salud Pública y Ordenación Sanitaria, la de Ordenación Farmacéutica o la del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, cuya reforma se ha pactado en el último suspiro de la legislatura y con el Parlamento ya disuelto.
La Consejería de Transición Ecológica logró aprobar la Ley de Cambio Climático pero se han quedado en el camino las de Economía Circular, Biodiversidad y la reforma de la Ley del Suelo, que ha quedado limitada a diferentes modificaciones durante la legislatura pero sin una reforma en profundidad, como pretendía el departamento que dirige José Antonio Valbuena.
La legislación de nuevos impuestos medioambientales o de la contratación pública responsable son iniciativas de la Consejería de Hacienda que no han llegado a la Cámara, al igual que la modificación de las leyes de Ordenación del Turismo, la de Renovación y Modernización Turística, una nueva Ley de Industria y de Protección de los Consumidores y Usuarios desde el departamento de Turismo, Industria y Comercio.
La Consejería de Agricultura solo tiene planificada una iniciativa de nueva regulación, la Ley del Sector Agrario, que finalmente no ha prosperado, y que pretendía actualizar toda la normativa del sector primario.
Durante los cuatro años de legislatura se han modificado leyes y sectores aprovechando los decretos leyes que se han aprobado para hacer frente a la emergencia del Covid y de la erupción volcánica en La Palma. Medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial; garantizar la continuidad de la gestión de RTVC; la gestión de los fondos Next Generation, cambios puntuales en la Ley del Suelo y las obligadas leyes de presupuestos que el cuatripartito ha aprobado desde 2020.
