Las reclamaciones interpuestas ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, Daniel Cerdán, por negar a ciudadanos el derecho de acceso a información pública se triplicaron en la legislatura actual frente a la anterior, así se expone en el Informe anual: Balance sobre la transparencia en la X Legislatura de Canarias que presentó el propio Cerdán en el Parlamento regional el viernes. Durante la legislatura a la que ayer echó el cierre el presidente Ángel Víctor Torres tras firmar el decreto para la disolución de la Cámara autonómica, se contabilizaron 1.730 peticiones frente a las 615 recibidas entre 2015 y 2018.
Cerdán achacó las 575 solicitudes de información registradas en 2022 -50 más que el año anterior- a la «propia visibilidad» del Comisionado en medios de comunicación y la web, a las consultas telefónicas y «mails masivos» anuales a miles de operadores en las Islas y al creciente uso de este derecho por los funcionarios para demandar información «a sus jefes, no siempre políticos, sino también a sus directivos administrativos».
El incumplimiento de las resoluciones favorables dictadas el pasado año por el Comisionado aumenta respecto a 2021. Si bien en 2022 en 338 procesos se dio la razón al ciudadano, en el 17,7% de los casos se incumplió el mandato del organismo de transparencia. En 2021 ese mismo porcentaje se sitió en el 10,5%.
No obstante, ¿qué entidades son las que menos cumplieron en 2022? El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana (23 peticiones sin ejecutar), el Servicio Canario de Salud (11), el consistorio de Las Palmas de Gran Canaria (7) y los de Puerto del Rosario, San Cristóbal de La Laguna y Teguise, con tres cada una. El informe resalta a los siete cabildos como referentes en este tema, con el cumplimiento del 98% de las peticiones de acceso a información pública.
Asimismo, el Comisionado subraya que las reclamaciones se formulan cada vez con más seguridad y acierto debido a que en los dos últimos años no ha habido ningún recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Entre 2015 y 2022, de las 2.040 resoluciones sobre derecho de acceso resueltas por el organismo, 1.671 fueron admitidas y 369 rechazadas. De las aceptadas, nueve fueron recurridas ante el TSJC. «En ocho de ellos se confirmaron nuestras resoluciones plenamente y en el noveno se le dio la razón parcialmente a la reclamante», señala Cerdán.
Respecto a la transparencia de las instituciones isleñas, en esta legislatura las entidades evaluadas se han multiplicado por 15 en relación con la anterior, 5.068 inspecciones entre 2019 y 2022 frente a las 342 que se llevaron a cabo en la legislatura anterior. En especial, esta subida se nota en 2022, cuando se registraron 3.161 de los expedientes, es decir, el 62,4 % de las evoluciones del mandato. Cerdán explica que este fuerte aumento se debe al incremento de las subvenciones covid del año previo.
Índice de Transparencia
A partir de estas evaluaciones se elabora el Índice de Transparencia de Canarias (ITCanarias), que mide la calidad de los portales de transparencia de las entidades públicas y privadas subvencionadas de Canarias.
El último estudio, referente al año 2021, puntúa al sector público con una media de notable alto, 7,82, dos décimas más que el ejercicio anterior. Las asociaciones públicas (8,80), las universidades (8,74) y las instituciones autonómicas (8,51) son las que mejor nota sacan. Mientras, las mancomunidades lastran la media, superando el suspenso en transparencia del anterior ejercicio, pero sin despegar del cinco. Las corporaciones de derecho público, que comenzaron a evaluarse en 2019, logran pasar de del 4,52 ese año a un 6,35 en 2021.
¿Cuáles son las entidades públicas con peor nota? El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación con un cero, la Fundación Canaria Alhóndiga de Tacoronte (0,09) y el consorcio orotavense El Rincón (0,30).
En contraposición, el sector privado canario no consiguió rebasar el cinco, pero para Cerdán un 4,48 «no es baja porque es la más alta que conocemos en toda España». Explica que el suspenso se debe a que, generalmente, en las convocatorias, bases de las subvenciones, y en las resoluciones de concesiones no se informa a las entidades de que tienen la obligación de cumplir con las leyes de transparencia si reciben más de 60.000 euros.
El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias se creó en 2015 a raíz de la Ley de Transparencia de Canarias y es elegido por el Parlamento autonómico.
