Fiebre de inauguraciones en Canarias ante la inminente convocatoria electoral

Representantes de todas las administraciones se entregan a la realización de actos públicos antes de su restricción el 4 de abril

Ángel Víctor Torres y Noemí Santana inauguran  el Centro Sociosanitario de Estancia Diurna Josefina Plá en Fuerteventura

Ángel Víctor Torres y Noemí Santana inauguran el Centro Sociosanitario de Estancia Diurna Josefina Plá en Fuerteventura / E.D.

Se acaba la legislatura y a todos les entran las prisas. Inauguraciones de plazas y miradores, obras aquí y allá, presentaciones de las iniciativas más variopintas... La convocatoria electoral es inminente y la fiebre por sacar a relucir ante los ciudadanos el trabajo hecho se ha apoderado de los representantes públicos de ayuntamientos, cabildos y Gobierno canario. Mientras hace unos meses podían pasar semanas para que existiera una convocatoria pública de más de un concejal o consejero, en el último mes las apariciones políticas se han multiplicado. La agenda se ha llenado de visitas a centros sanitarios o escolares, colocaciones de primera piedra en edificios públicos, presentaciones de proyectos futuros o inauguraciones de las cosas más diversas, desde marquesinas de paradas de guagua hasta camiones de bomberos.  

Pero, ¿cuál es el motivo de este sprint de actos? Hay que buscarlo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General –conocida como la Loreg– que en su artículo 50 dice que desde la convocatoria de las elecciones y hasta su celebración «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenta alusiones a las realizaciones a los logros obtenidos». Asimismo, también queda prohibido «realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos». Y, ¿cuándo llegará esa fecha? Pues el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la convocatoria de elecciones locales del próximo 28 de mayo y el real decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el próximo martes 4 de abril. Momento a partir del que entrará en vigor y desde el que no se podrán convocar este tipo de actos de vanagloria política. 

Presentaciones de paradas de guagua o coches de bombero llenan la agenda estas semanas

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer en Canarias la convocatoria de las elecciones autonómicas. El decreto se publicará en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el lunes y entrará en vigor el martes, el mismo día que el de las elecciones municipales. De ahí la carrerilla de muchos por apurar en estos últimos días de gracia, antes de que tengan que cortar el grifo de las inauguraciones. 

«Definitivamente, no es casualidad, se están haciendo multitud de cosas ahora porque si se hacen al principio de la legislatura nadie se acuerda cuando llegan las elecciones, por eso se aprovecha», valora José Adrián García Rojas, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de La Laguna (ULL). Recuerda que hasta el año 2011 la prohibición de realizar actos e inauguraciones afectaba estrictamente a las dos semanas de campaña electoral, pero en ese momento cambió la ley para que la prohibición se hiciera efectiva desde el momento de la convocatoria, cuando se inicia el denominado periodo electoral. «La ley cambió porque había muchas quejas de la oposición», sostiene. Este tipo de actos aseguraban mucho foco mediático a los partidos que habían conformado el gobierno en esa legislatura. «Esto se traduce en propaganda, sin tener que decir que me voten porque eso solo puede decirse en los últimos 15 días antes de las elecciones», apunta. 

García Rojas explica que la veda afecta sobre todo a ceremonias de apertura con cortes de cinta incluido y puestas en funcionamiento de instalaciones o servicios así como actos extraordinarios. Pero no se aplica a las actividades ordinarias o del día a día que requieran la presencia de los representantes públicos de una determinada administración. Por lo tanto quedan eximidas, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa, a la que muchos políticos acuden en representación de la institución o las romerías que se celebren hasta el 28 de mayo. 

Los políticos canarios apuran estos últimos días produciendo un auténtico carrusel de convocatorias. El lunes, última jornada antes del inicio de la prohibición, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria han convocado un acto de supervisión de la instalación de una marquesina en la parada piloto de la MetroGuagua junto al parque Doramas. Mañana, los concejales de Desarrollo Local y Movilidad de Las Palmas presentan las primeras unidades del servicio de préstamo de patinetas.  

La ley prohíbe los actos que tengan alusiones a los logros obtenidos durante la legislatura

Esta misma semana se han sucedido también multitud de actos como la presentación del vehículo de bomberos en San Bartolomé de Tirajana o la colocación de la primera piedra, no del colegio sino de la cubierta del centro educativo de Sardina, en Gáldar. En Tenerife también esta semana Ayuntamiento y Cabildo cortaban la cinta de la residencia para personas con discapacidad de La Victoria o se abría el segundo Centro de la Juventud en la Casa Mascareño de Santa Cruz. 

El carrusel de actos también se ha contagiado a los consejeros del Gobierno de Canarias. El de Sanidad, Blas Trujillo, realizará el lunes la visita al local donde se ubicará el nuevo consultorio periférico de Las Galletas, en Arona, y esta semana también estuvo en el de Araya, en Candelaria. Otras consejeras como Elena Máñez o Alicia Vanoostende también han multiplicado sus apariciones en estos últimos días. 

Pero estas prisas por las inauguraciones generan situaciones que rozan lo absurdo en algunos casos. «Se han llegado a inaugurar plazas que luego se cierran porque la obra no estaba del todo terminada», apunta García Rojas, que sostiene que para nada es una casualidad «que la obra del Palacio de Carta, en Santa Cruz de Tenerife, se haya acabado justo ahora, ni antes ni después». 

El profesor de la ULL experto en sistemas electorales advierte que quienes no cumplan con la prohibición se arriesgan a sanciones, económicas y de otro tipo, que serán establecidas por la Junta Electoral. «Lo normal es que exista previamente una denuncia o que el hecho sea tan flagrante que se actúe de oficio», concluye. 

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