La huelga de letrados finaliza tras suspender más de 11.233 juicios en Canarias

Tras 63 días de conflicto, la huelga nacional de letrados de la administración de justicia (LAJ) llega a su fin. Por el camino, más de 11.233 juicios y vistas fueron suspendidos en Canarias, con previsiones poco halagüeñas para recuperar la normalidad perdida en estas semanas. En algunos casos, se habla de entre un año y un año y medio para volver a señalar estos procedimientos que no se celebraron. El comité que defendía los intereses de estos operarios jurídicos y los Ministerios de Justicia y Hacienda sellaron este martes el último acuerdo propuesto por el Estado, del que solo ha trascendido un incremento salarial de entre 430 y 450 euros brutos al mes.

"Tenemos todos una sensación agridulce porque para llegar a este acuerdo ambas partes hemos tenido que renunciar a aspectos importantes, pero creo que era lo que procedía hacer en estos momentos", reconoció Juan José Yáñez, portavoz de los huelguistas y miembro de la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), una de las tres asociaciones convocantes del paro, en declaraciones que dio a los medios tras finalizar la reunión en Madrid.

En un encuentro de casi dos horas con el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, el comité de huelga ha revisado y definido "hasta la última coma" del documento final, recoge Efe.

13,9 millones parados

Además de los juicios suspendidos, la huelga de letrados también ha provocado que 13,9 millones de euros estén retenidos en las cuentas y depósitos judiciales, 6,3 millones en la provincia de Santa Cruz de Tenerife -según los datos recogidos hasta la pasada semana- y 7,6 millones en Las Palmas, según datos a 28 de marzo. Dinero que ha entrado en estas semanas y que no se ha podido disponer, ya que son estos funcionarios quienes deben firmar las autorizaciones. Asimismo, los convocantes cifran en 17.658 las demandas pendientes de incoar en los juzgados de las islas, y en casi 51.000 los escritos sin tramitar.

En el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se informó también de 40.400 resoluciones sin firmar por parte de los letrados que secundaron la huelga en este periodo, así como de 1.600 procedimientos de Registro Civil parados. Mientras, en la provincia de Las Palmas, los convocantes detallaron que hubo 5.383 ingresos en cuentas de consignaciones que no pudieron producirse y hasta 5.053 diligencias de todo tipo que no se tramitaron, incluidas aquellas relacionadas con el Scace -servicio común de actos de comunicación y ejecución-.

Con este panorama, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, anunció la semana pasada que el máximo órgano judicial de la comunidad autónoma estudiaría la implantación de un "plan de contingencia" con el que dar respuesta a las suspensiones que se produjeron en estas semanas. Todo ello con el objetivo de intentar recuperar la normalidad, algo que en su opinión costará, una vez concluido el paro. Aunque precisó que "la incidencia no es la misma" en cada uno de los departamentos, sí que sería necesario "dimensionar un plan" para atajar el problema.

Nuevo frente

Tras conocerse el acuerdo al que llegaron los LAJ con el Ministerio, tanto Comisiones Obreras (CCOO) como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) amenazaron con movilizaciones, sin descartar otra huelga, si estas mejoras retributivas no se trasladan también al resto de operarios jurídicos. Justicia ya tiene programadas reuniones con la judicatura esta semana y con asociaciones de fiscales la próxima.

Por su parte, Justicia comunicó este martes que ya trabaja con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Fiscalía en un plan para actuar ante el atasco en los juzgados provocado por la huelga.

Suscríbete para seguir leyendo