El futuro del territorio pasa por frenar el crecimiento urbanístico

El cuatripartito aspira a confeccionar una nueva Ley del Suelo en la próxima legislatura con la idea de recuperar territorio y verde

Nueva urbanización residencial en Tamaraceite Sur, zona de expansión urbanística de la capital grancanaria. | | J.C. CASTRO

Nueva urbanización residencial en Tamaraceite Sur, zona de expansión urbanística de la capital grancanaria. | | J.C. CASTRO / R. Acosta R.A.D.

Dejar atrás la Ley del Suelo de 2017. Con apenas dos meses que restan de legislatura efectiva el Gobierno regional aspira a cambiar en profundidad la ordenación del territorio como uno de sus principales retos para la próxima legislatura, con el convencimiento de que repetirán las fuerzas del actual cuatripartito. Seis años después la normativa que tanto debate generó en el anterior mandato no ha solucionado los principales desafíos que tenía por delante. Ahora se pretende dar una vuelta de tuerca y frente al expansionismo de la ley vigente se quiere volver a la contención en la ocupación de nuevo suelo, colmatar los espacios ya urbanizados y sus aledaños, con la intención de evitar un excesivo crecimiento urbanístico, y recuperar suelo sin urbanizar para descatalogarlo.

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Ordenación Territorial, José Antonio Valbuena, advierte que la ley vigente se hizo con la idea de «ocupar nuevo territorio», en «cómo hacer las ciudades por construir», mientras que a partir de ahora hay que tender hacia un marco normativo territorial donde «se piense exclusivamente en los espacios ya ocupados y en cómo recuperar espacios para nuestro entorno porque el mayor tesoro que tenemos es nuestro ecosistema».

Uno de los compromisos legislativos del Gobierno cuando comenzó la legislatura en 2019 fue reformar la ley estrella de CC durante la presidencia de Fernando Clavijo. Llegaban al Gobierno las tres fuerzas que votaron en contra de la iniciativa en el Parlamento –PSOE, NC y Podemos– y entre sus objetivos estaba revisar la norma de los nacionalistas, que respaldaron en el Parlamento el PP y ASG, que en esta etapa ha respaldado al pacto de las flores. La Consejería que dirige José Antonio Valbuena se ha volcado en estos años en crear la nueva normativa relativa al cambio climático, que ya condiciona de por sí lo que va a ser en el futuro la ordenación tanto del territorio como de los espacios marítimos.

En estos cuatro años se han realizado varios cambios y retoques a la Ley del Suelo a través de decretos leyes. Han habido diversas modificaciones en diferentes disposiciones y ya desde 2020 comenzaron los cambios para facilitar a los ayuntamientos la posibilidad de que devolvieran a la Comunidad Autónoma sus competencias en las evaluaciones ambientales, con el fin de desatascar los procedimientos. Uno de los grandes objetivos de la ley no cuajaba ante la falta de personal y de medios de muchas corporaciones que no podían asumir lo que les confería la ley. Más de una veintena de ayuntamientos y un cabildo ya han cedido a la Comunidad Autónoma la evaluación ambiental de su planeamiento.

Discrepancias con el Estado

En 2022 se produjo otro importante cambio en la Ley del Suelo derivado de las discrepancias surgidas con la legislación estatal. Entre las modificaciones introducidas se encuentra que en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. En este caso, se establece el sentido negativo del silencio en lugar del silencio positivo previsto en la vigente redacción.

Además de otro tipo de modificaciones, uno de los aspectos que más han provocado controversia ha sido el de los proyectos de interés insular, que se han terminado por convertir en un coladero de proyectos de desarrollo turístico y urbanístico que han terminado en polémicas, enfrentamientos y amenazas judiciales. Los tres proyectos más destacados objetos de polémica son el de Cuna del Alma, en Tenerife; Dreamland, en Fuerteventura, y el ecoresort La Pavona, en La Palma. El primero de ellos una urbanización turística de alto standing en uno de los pocos parajes del sur de Tenerife sin urbanizar, el segundo una especie de ciudad del cine para rodajes y con camas turísticas cerca de las Dunas de Corralejo y el tercero un complejo turístico con campo de golf en Breña Alta, un proyecto que lleva años paralizado y que ahora se ha impulsado de nuevo.

La Ley de Cambio Climático, finalmente aprobada a finales de 2022 frente las previsiones iniciales de 2021, ya contiene una declaración de intenciones de por dónde va a ir la ordenación del territorio en el futuro. A partir de ahora en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de ordenación ambiental, de ordenación de los recursos naturales, territorial, urbanística y sectorial que promuevan o aprueben las administraciones públicas de Canarias en esta materia, se deberá incorporar la perspectiva climática. Asimismo, las administraciones públicas promoverán un cambio de modelo territorial y urbanístico dirigido a la consecución de los objetivos establecidos en la nueva ley, entre ellos el desarrollo de modelos compactos de ocupación del territorio y usos más eficientes e intensivos de terrenos ya urbanizados, garantizar en los nuevos desarrollos urbanísticos una provisión energética con fuentes de energía renovables e incrementar la superficie de verde urbano por habitante.

Desde que Canarias se constituyó como Comunidad Autónoma mediante el primer Estatuto de 1982 la legislación que incide directa o indirectamente en el territorio ha sido profusa. Sin embargo leyes integrales del territorio solo han habido dos: la Ley de Ordenación del Territorio de 1999, que después se fundió con la Ley de Espacios Naturales de 1994 que dio lugar a un único texto del año 2000, y la Ley del Suelo de 2017. Pero por el camino han habido leyes turísticas, las Directrices, Modernización Turística, Evaluación Ambiental y otras muchas normas que se han superpuesto y han cambiado con cierta frecuencia el marco normativo que incide sobre el suelo. Con cada ley que sale el planeamiento de los municipios tiene que adaptarse, lo que ha supuesto una ralentización en la aprobación de los planes generales y un retraso generalizado a todos los niveles.

¿Se pretende que la próxima ley del territorio sea un texto integral y único que actualice todo lo hecho hasta ahora? Primero habrá que ver qué Gobierno se conforma tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo para comprobar la prioridad que le da a este tema. Sea el mismo Ejecutivo que hasta ahora o de otro signo hay dos leyes más que se han quedado sobre la mesa para la nueva legislatura: la ley de Biodiversidad y la de Economía Circular que, junto a la de Cambio Climático, condicionará cualquier nueva normativa que incida en el suelo.

Ya hace seis años los que se oponían a la Ley del Suelo advirtieron que se rompía un modelo de control de la ocupación del territorio, supervisado en última instancia por la Comunidad Autónoma, y se pasaba a otro descentralizado en los ayuntamientos y el riesgo de ruptura de un modelo de desarrollo urbanístico único para Canarias. Ahora las administraciones canarias se tendrán que volver a sentar de nuevo para poner en común lo que ha fallado y enmendar el proceso seguido hasta ahora. Pero una cosa son las intenciones políticas de los partidos y otra bien distinta es que haya mayoría política suficiente para acometer una nueva modificación legislativa del suelo.

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El turismo es el principal sector económico de las Islas y su empuje dinamiza al resto de sectores. Sin embargo, en el ámbito de la ordenación del territorio su influencia ha sido determinante, en buena parte para legislar una y otra vez con el fin de crecer o de contener, en función de los gobiernos que hayan ocupado la Comunidad Autónoma. La mayoría de los gobiernos autonómicos han debatidos los pros y los contras de abrir la mano a nuevas urbanizaciones turísticas o frenar el crecimiento de más camas. Las Directrices fue un buen ejemplo de ello a principios de los 2000 pero esta norma fue modificada y anulada para dar paso a nuevas formas de legislar, pero también de autorizar nuevos proyectos de inversiones en el ámbito turístico. La impronta del cambio climático como condicionante abre un escenario en el que cualquier crecimiento tendrá que pasar por una serie de filtros que tendrán que ser regulados para sustituir las previsiones recogidas en la Ley del Suelo vigente. La figura de los proyectos de interés insular se han convertido en un arma más para autorizar nuevos complejos turísticos, lo que entra en contradicción con la apuesta que se hace desde el Gobierno por frenar la expansión de nuevo suelo para urbanizar y colmatar el que hay.

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