Pérez niega que desista del teletrabajo y advierte que no es un derecho laboral

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, negó ayer que el Gobierno tenga intención de dejar «aparcado» el decreto del teletrabajo como insinúan las cinco organizaciones sindicales con representación en la mesa de la Función Pública. Pérez indicó que su intención es llevarlo la próxima semana a debate en el Consejo de Gobierno para solicitar el informe preceptivo del Consejo Consultivo y después aprobarlo. El texto ya cuenta con diversos informes, entre ellos el de los servicios jurídicos, que le ha dado su plácet.

El también portavoz del Ejecutivo regional recordó a los sindicatos UGT, CCOO, Sepca, Intersindical y CSIF que el teletrabajo «no es un derecho» sino «una forma de organizar el trabajo» y cuestionó que desde las centrales sindicales se esté lanzando la idea de que se trata de una regulación que solo afecta al Gobierno y a los empleados públicos cuanto también es «una forma de prestación singular que afecta a los ciudadanos y a la prestación de los servicios públicos».

La intención del titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad es establecer un periodo transitorio por el cual los tres días a la semana que se permitirán para el trabajo a distancia se apliquen de forma paulatina, es decir, primero un día, posteriormente dos y después los tres en aquellos puestos de trabajo en los que se pueda ejercer.

Los sindicatos que conforman la mesa general de negociación han pedido al Gobierno de Canarias que sea «valiente» y apruebe el decreto que regule el teletrabajo sin dejarse «amedrentar por las presiones infundadas de determinados empresarios». En un comunicado conjunto, los sindicatos CSIF-Canarias, UGT, CCOO, IC y Sepca consideran que «es hora de acallar a quienes lanzan soflamas contra el teletrabajo» y piden al Ejecutivo autonómico que «sea fiel» a lo que manifestó en su momento en cuanto a que esta práctica laboral «ha venido para quedarse».

Recuerdan que el 14 de noviembre de 2022 se negoció el proyecto de decreto. Desde esta fecha tal proyecto aún no ha sido tomado en consideración por el Gobierno de Canarias «y mucho nos tememos que ello obedece a las presiones ejercidas por determinados empresarios», critican.

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