Madrid tira la toalla en la pelea por la total exención de Canarias de la ‘tasa verde’

No va a resultarle sencillo al Ejecutivo canario convencer al Gobierno de Pedro Sánchez de que haga un último esfuerzo en Bruselas en pos de lograr la total exención de las Islas de la llamada tasa verde. Primero porque en Madrid ven «difícil» lograr que las autoridades comunitarias accedan a librar también a los vuelos internacionales del recargo al queroseno; y segundo, y sobre todo, porque en el Ejecutivo estatal, a diferencia de en el autonómico, consideran que con las excepciones conseguidas en favor de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) es suficiente para «mitigar eficazmente» las posibles «distorsiones» de la medida medioambiental estrella de la Unión Europea (UE). «Distorsiones» que no son precisamente de poca importancia, ya que afectan de lleno a la principal industria del Archipiélago: el turismo. La tasa verde encarecerá los billetes de avión que pagan los alemanes, ingleses, franceses o neerlandeses para pasar sus vacaciones en Canarias, con lo que en última instancia está en juego parte del negocio del que depende alrededor del 40% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.

Las RUP, con el Archipiélago a la cabeza, han logrado arrancarle a Bruselas una serie de excepciones en la aplicación de su ambicioso plan Fit for 55, ese con el que la UE pretende descarbonizar su territorio aun a costa –al menos a juicio de las cada vez más numerosas voces críticas con la deriva verde comunitaria– del bienestar y las conquistas de sus ciudadanos, sin ir más lejos la movilidad. Lo más importante es que los vuelos dentro de la Comunidad Autónoma y entre esta y el resto del territorio nacional –Península y Baleares– estarán exentos del nuevo gravamen. Lo contrario supondría reducir al mínimo las posibilidades de los canarios de moverse dentro su país y por ende dentro de la UE. Con todo, ni siquiera esto estaba garantizado, lo que da una idea de hasta qué punto están dispuestas las autoridades comunitarias a sacar adelante sus planes medioambientales. Pero falta que en Bruselas entiendan que sus RUP, y más en concreto Canarias, no pueden permitirse el lujo de encarecer las vacaciones de sus visitantes, básicamente porque de ese gasto que hacen los turistas viven sus ciudadanos.

El Ejecutivo central ve complicado que Bruselas libere también a los vuelos internacionales

El Gobierno de Ángel Víctor Torres no pretende que las Islas queden excluidas sin más de la tasa verde, sino que propone medidas alternativas para suavizar el daño medioambiental de la industria turística una vez el visitante esté aquí. Pero ni por esas. Lo último desde Bruselas es que al parecer tienen unos estudios de mercado –así lo avanzó la directora general de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Monika Hencsey, precisamente en una reciente visita a la región– que demuestran que el sobrecoste de la tasa verde no disparará los precios. Tras las palabras de Hencsey, Torres no se arredró y avisó a la representante del Ejecutivo comunitario que él y su gabinete «van a seguir batallando» para conseguir la total exención del nuevo tributo. Para esa misión, el Gobierno canario necesita sí o sí de la implicación del Ejecutivo central, entre otras cosas porque son los Estados miembros, en este caso España, los únicos interlocutores válidos en Bruselas. Y ocurre que el gabinete de Sánchez parece haber tirado la toalla.

«En términos de ambición climática se trata de una excepción difícil de aceptar» por la UE

Así se desprende de una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso este diario, a la bancada del PP en el Congreso. En la contestación, el Gobierno estatal expone que no se ha logrado una «excepción adicional» para los vuelos entre cualquier aeropuerto del Espacio Económico Europeo y los aeropuertos de las RUP, «pues en términos de ambición climática se trata de una excepción difícil de aceptar tanto para el Consejo [Europeo] como para la Comisión» [Europea].

El Ejecutivo continúa con que «se ha establecido la exención temporal de la tasa de dióxido de carbono a los viajes entre islas/RUP y a los viajes entre las islas/RUP y sus territorios Estados», así como que se bonifique el sobrecoste «siempre que se utilice combustible sostenible». Y esto le parece suficiente al Gobierno central: «Estas medidas contribuirán a mitigar eficazmente en las RUP europeas y en concreto en las islas Canarias las posibles distorsiones futuras o los problemas de accesibilidad del transporte que puedan derivarse de la aplicación de esta Directiva».

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