Dudas y certezas del ‘caso Cuarteles’

El caso Cuarteles, con un teniente general y un teniente coronel imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en acuartelamientos de hasta 13 provincias, ha supuesto un duro golpe para la imagen de la Guardia Civil, muy dañada a su vez por la investigación abierta a otro general, Francisco Espinosa, único encarcelado de la docena de implicados en el caso Mediador, instruido por la jueza María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres de Santa Cruz de Tenerife.

De hecho, ambos procesos judiciales convergen en un mismo punto, el empresario lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon, quien ya aparecía en el sumario de la trama de presuntas extorsiones y corrupciones en favores y adjudicaciones en el Archipiélago y que es la pieza clave del caso Cuarteles: sus empresas – Angrasurcor, Solocorcho, Impermecork y Canarycork– eran las que realizaron las obras que ahora están bajo lupa, ya que en muchos casos o bien no se llegaron a llevar a cabo o no se ejecutaron del todo. Contrataciones públicas que se le encargaban pese a que el empresario lanzaroteño nunca hizo público en el registro el estado de sus cuentas.

La causa está siendo instruida por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid, que todavía está pendiente del peritaje que se haga en cuarteles de toda España para comprobar si los importes que se pagaron a las empresas de Mon se corresponden con las obras realizadas. La jueza tendrá que atar los supuestos delitos cometidos por los cuatro imputados en un caso del que todavía se mantienen tantas dudas como certezas.

¿Quiénes son los investigados?

El más importante es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue uno de los cargos con mayor rango del Instituto Armado hasta que entró en la reserva a finales de 2018. Según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil que abrió el caso, el que era responsable de la Subdirección de Apoyo ordenó a comandancias de hasta ocho provincias contratar con las empresas de Tejera de León. Otro de los imputados es el teniente coronel Carlos Alonso, responsable de la Comandancia de Ávila desde mayo de 2015 a noviembre de 2017, una época en la que el empresario de Lanzarote consiguió 27 contratos por valor de 170.000 euros. Alonso, según el testimonio de varios testigos, habría ordenado a su vez contratar con Mon y habría llegado a dar luz verde a pagar facturas de obras no ejecutadas. El tercer imputado es el propio Mon, que en Arrecife tiene otro procedimiento abierto acusado de fraude fiscal por 162.000 euros; y el último es un profesional autónomo de la pintura subcontratado por Mon para realizar los trabajos, Salvador G. E.

¿De qué se les acusa?

En principio están acusados de malversación y falsedad documental, aunque los agentes de Asuntos Internos atribuyeron a Jarava en un principio hasta cinco delitos: los dos citados, más cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

¿Puede haber más imputados?

No está descartado, aunque parece poco probable. La jueza está pendiente de que arquitectos periten los acuartelamientos donde se hicieron las obras investigadas, en concreto decenas de instalaciones en Algeciras, Albacete, Ávila, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Toledo, Valladolid, Murcia y las de las tres islas de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, el coronel jefe de esta última provincia, José María Tienda, uno de los que más contrató, fue destituido por Interior la semana pasada «por pérdida de confianza». El nombre de Tienda aparece también en el sumario del caso Mediador.

Por ahora, por lo que respecta a la investigación de Cuarteles la jueza se inclina por no imputar a los jefes de las comandancias investigadas que dieron el visto bueno a las obras pese a que en algunos casos no se llegaron a acabar. Tampoco les ha citado como testigos.

¿Cuántos contratos se dieron a las empresas de Mon?

La sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha puesto la lupa sobre corruptelas en 193 obras con un importe de 2.964.761,05 euros, aunque el importe total que facturó el empresario canario fueron 3,3 millones de euros. Las reformas se ejecutaron entre el 12 de marzo de 2014 y el 10 de abril de 2019.

¿Cómo se daban los contratos?

Los contratos más grandes se gestionaban siempre para que no superasen los 50.000 euros. Es la cifra que marca la diferencia entre un contrato menor y una adjudicación ordinaria. Sin embargo, el método preferido fue el troceo de las obras en adjudicaciones inferiores a 5.000 para aprovecharse de un mecanismo de la Guardia Civil llamado ‘anticipos de caja fija’ en el que el jefe de la Comandancia puede adjudicar a dedo cantidades pequeñas para gastos corrientes.

¿Quién realizará los peritajes de los cuarteles y cuándo?

Unos peritos de la Dirección General del Patrimonio (dependiente del Ministerio de Hacienda) certificarán la principal sospecha elevada por Asuntos Internos: que los trabajos encargados no se realizaban, o se hacían deficientemente, o se presupuestaban y cobraban más metros de muro pintado, pared demolida o cubierta arreglada de los que realmente se hacían. La cuestión es que la juez trataba desde hace al menos ocho meses de obtener información de estas comprobaciones, imprescindible para poder seguir avanzando en la investigación. El peritaje se ha retrasado en el juzgado porque al principio se contrató a una arquitecta para hacer las comprobaciones en Ávila, y al ampliarse a 13 comandancias el asunto debe corresponder al departamento de Hacienda al ser el competente en controles del gasto por obras en servicios públicos.

¿El caso se investigará en el Congreso?

Sí. El PSOE pactó el pasado martes con ERC y EH Bildu que no se va a crear una comisión ad hoc para tratar el caso Cuarteles, sino que se profundizara en las comisiones ordinarias del Congreso de Interior y Calidad Democrática, adonde serán citados a declarar cargos de Interior y de la Guardia Civil. A cambio, la comisión de investigación solicitada por el PP para el caso Mediador, en el que está implicado el exdiputado socialista hasta que a mediados de febrero Juan Bernardo Fuentes Curbelo, tito Berni, fue obligado a dejar el escaño, se meterá en algún cajón de la Cámara baja.