Limitar la venta de casas a extranjeros, clave para reeditar el pacto en las Islas

Podemos pone la restricción a la compra de vivienda por no residentes como línea roja para llegar a acuerdos - El sector inmobiliario rechaza de pleno la propuesta

Un turista toma el sol en una playa del Archipiélago.

Un turista toma el sol en una playa del Archipiélago. / MARIA PISACA

La posibilidad de restringir la adquisición de viviendas por parte de compradores extranjeros entrará de lleno en la campaña electoral en Canarias. Varias formaciones ya se han posicionado al respecto y para Sí Podemos la propuesta de limitar las operaciones inmobiliarias vinculadas a personas no residentes será una línea roja a la hora de reeditar el actual pacto de las flores. El partido ya ha expresado, incluso a nivel nacional, que quiere conceder una «excepción insular» tanto al archipiélago canario como al balear para limitar la venta de casas a ciudadanos de otros países. Una propuesta a la que también se han mostrado abiertas otras formaciones que forman parte del cuatripartito, como Nueva Canarias (NC), pero que suscita el rechazo rotundo del sector inmobiliario en el Archipiélago. Y plantea también dificultades legales ya que contraviene el actual marco jurídico comunitario. 

Aún así, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ratificó recientemente la propuesta a través de un vídeo en el aparece junto a la candidata de Podemos a la presidencia canaria, Noemí Santana. «No tiene sentido que la gente que no vive en las Islas pueda comprar y acaparar viviendas, haciendo subir los precios, mientras los residentes no encuentran un alquiler decente en el que vivir», señaló.

Pero, ¿por qué se mira a los foráneos como responsables de la emergencia habitacional que vive Canarias? Los compradores extranjeros están detrás de un tercio de las compraventas que se produjeron en las Islas el año pasado, o lo que es lo mismo, una de cada tres viviendas que cambió de manos fue a parar a personas que no viven aquí. En total, según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, los no residentes adquirieron 6.973 propiedades inmobiliarias en Canarias. Un dato que supone un número récord y un incremento del 57% respecto a las registradas en 2021. 

Las razones de que se hayan disparado estas compraventas hay que buscarlas entre varios factores. Aunque antes de la pandemia los compradores foráneos representaban una parte importante de los que adquirían una casa en la comunidad canaria debido a su buen clima y calidad de vida, los números se han elevado mucho debido a las operaciones retrasadas por la pandemia, la alta rentabilidad que se puede obtener por estos inmuebles y la fuga de inversores debido a la guerra en Europa, lo que ha incrementado los interesados. 

Algo en lo que coinciden los expertos inmobiliarios es que la alta demanda extranjera acaba incrementando los precios de las propiedades, ya que aunque también buscan negociar a la baja, su mayor capacidad adquisitiva hace que puedan estar dispuestos a pagar más que un local por una casa. De hecho, Canarias es la región en la que el precio por metro cuadrado subió más el año pasado, un 12,7%. 

Las operaciones inmobiliarias de compradores foráneos están en número récord

Un aspecto que ha hecho que algunas formaciones miren a la compra de vivienda por parte de extranjeros como parte de un problema habitacional que en Canarias tiene otras muchas aristas. Y hayan puesto la posibilidad de limitar estas adquisiciones encima de la mesa. 

La coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, asegura que para la formación en el Archipiélago será un «eje fundamental» a la hora de llegar a un nuevo pacto tras la cita electoral del próximo 28 de mayo. «Será una línea roja y tendrá que ser un compromiso del Gobierno progresista», valoró. Y no solo la restricción a la compra de propiedades por parte de no residentes, ya sean particulares o empresas, sino una regulación de la vivienda más extensa. 

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  • Una de cada tres compras de viviendas está protagonizada por extranjeros en Canarias. Un porcentaje muy elevado si se compara con otras comunidades del país.
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  • El volumen de adquisiciones por parte de foráneos creció de manera muy importante el año pasado. En 2022 se registraron un 57% más operaciones que el ejercicio anterior. 
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  • En total, los extranjeros firmaron a lo largo de todo el año pasado 6.973 compraventas en el Archipiélago. En 2021 se registraron 4.430 de estas operaciones. 
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  • El precio por metro cuadrado no dejó de crecer en las Islas. A lo largo del año se situó en 2.175 euros, un 12,7% más que el año anterior. La mayor subida de todo el Estado. 

Aunque aclara que la formación no tiene una propuesta cerrada y se tendrá que negociar en el futuro Ejecutivo. Lo que sí tienen claro es que ellos apostarían, al menos, por una limitación temporal y circunscrita a zonas tensionadas, es decir, aquellas en las que los locales tienen más dificultades para disponer de una vivienda en condiciones. «Tenemos que ir como Ejecutivo con una postura común al Gobierno del Estado y Bruselas y saber qué medidas podemos tomar dentro de nuestras competencias», determina. 

Pero, ¿es factible lograr una excepción para restringir la compra por parte de extranjeros? Ya que España no incluyó en su Acta de Adhesión a la UE ninguna cláusula a este respecto para los territorios insulares , hacerlo podría colisionar con varias libertades comunitarias, como la de movimiento de trabajadores, la libertad de establecimiento o la de circulación de capitales. La Comisión Europea ya se ha posicionado respecto a la intención del Govern de Francina Armengol en Baleares, que parece también dispuesto a poner límites a los foráneos que quieran comprarse una casa en las islas mediterráneas, respaldado por una moción aprobada en marzo del año pasado por el Parlamento balear. 

La comisaria europea de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados, Mairead McGuiness, ha asegurado que «por norma» este tipo de restricciones están prohibidas, aunque dejó la puerta abierta a excepciones, siempre que estén justificadas por motivos de «orden público» o «razones imperiosas de interés general». Cuando estas ya hayan sido avaladas por casos anteriores en la jurisprudencia europea.  

Los defensores de esta medida se agarran a esta última posibilidad para poder llegar a establecer una excepción en Canarias. «La propia normativa europea dice que hay posibilidades», valora Fuentes, quien señala que habría que justificar bien que la actual situación menoscaba el interés general para que fuera aceptada. Fuentes cree además que Canarias juega con una baza que no tiene Baleares, su condición de Región Ultraperiférica. «A las dos comunidades nos beneficia ir juntas en esto, pero nuestra situación es diferente y creo que tenemos mayor capacidad para negociar con Bruselas», admite. 

La propuesta para vetar estas adquisiciones contraviene la actual normativa europea

En todo caso, que se pueda llegar a conseguir ha sido calificado como «casi imposible» por expertos juristas del Archipiélago y la medida también provoca el rechazo total del sector inmobiliario canario. Isidro Martín, delegado en la Comunidad Autónoma de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), cree que la propuesta «es más un titular que lo que finalmente se pueda llevar a cabo», ya que opina que «si queremos ser europeos para unas cosas tenemos que serlo también para otras y no podemos coartar la libre circulación de los ciudadanos». Además, considera que la emergencia habitacional que vive Canarias no pasa solo por las adquisiciones de los extranjeros. «Hay que hacer más acciones desde lo público para recuperar oferta en el mercado», sostiene, ya que cree que «el sector privado no tiene que resolver el problema, es la parte pública la que debe facilitar vivienda». 

Julien Lelivre, experto de la Inmobiliaria Ziegel, especializada en la venta a clientes extranjeros, asegura que esta propuesta es «un peligro» y «una mala decisión». Este tipo de compras son «un pulmón económico para las Islas», ya que los compradores invierten dinero en notarías y reformas e inyectan también fondos en las arcas públicas a través de los impuestos. «Vienen crear empresas, trabajan y gastan en su día a día», valora. 

«Prohibir siempre es una mala solución», considera Margarita Anikieva, propietaria de Vym Inmobiliaria. Reconoce que la demanda que existe en estos momentos es muy grande y que se deberían buscar medidas para rebajar los precios y que los locales tuvieran un mayor acceso, pero descarta que poner restricciones a los compradores extranjeros vaya a tener este efecto. 

Los tres coinciden en que el tipo de propiedades que buscan los no residentes que quieren adquirir un inmueble en el Archipiélago muchas veces difiere del que necesitan en su mayor parte los locales, bien porque se trata de pequeños apartamentos con piscinas y altas comunidades o imponentes chalés de lujo. «Hay que pensar qué tipo de oferta se liberaría con esta operación», valora Martín, aunque Lelivre apunta que las adquisiciones de los extranjeros están cada vez más diversificadas. 

El sector también se muestra temeroso a cómo podrían responder los mercados emisores de turistas a este veto. «Daría mala fama al destino y algunas personas europeas podrían sentirse atacadas», cuestiona el delegado de Apei. «Hay muchas otras alternativas que se podrían aplicar antes de esta limitación», sostiene Anikieva.

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