La Comisión del reto demográfico deja pendiente el análisis de la compra de vivienda a extranjeros

La Comisión de estudio sobre el reto demográfico y el equilibrio poblacional dejará para la próxima legislatura el análisis de la compra de vivienda por parte de extranjeros en Canarias y cómo afecta a la dinámica poblacional. Los grupos abordarán entonces cómo podría afectar una posible restricción y si esta medida es aplicable jurídicamente. Este es uno de los deberes que se han puesto los grupos parlamentarios de cara al próxima mandato, cuando se han comprometido a retomar la comisión de estudio en el arranque del siguiente periodo de sesiones.  

La falta de tiempo para abordar las diferentes aristas que componen el crecimiento poblacional y su distribución en el Archipiélago, y la necesidad de que comparezcan expertos y especialistas de otros perfiles, ha impedido que se pudiera aprobar todavía un dictamen al uso, con unas conclusiones claras y una serie de propuestas. Por lo que los grupos dieron ayer carpetazo a la primera andadura de la comisión, tal y como marca la normativa ante la disolución del Parlamento, para volver a abordarla en el inicio de curso.  

El presidente de la comisión, el portavoz de Nueva Canarias (NC) Luis Campos, aseguró ayer que los grupos no querían «cerrar con un dictamen de prisa y corriendo porque se acaba la legislatura», ya que se trata de un tema que consideran «estratégico» para el territorio. Aunque la comisión se constituyó el 22 de septiembre, no fue hasta el 17 de noviembre cuando los expertos comenzaron a comparecer. Campos manifiesta que han sido pocos meses de trabajo y señala que a medida que avanzaba «nos dábamos cuenta de que nos faltaban otros perfiles».

De esta manera, en el dictamen –que deberá ser aprobado en el pleno que tendrá lugar la última semana de marzo– las formaciones reconocen la necesidad de «constituir de nuevo una comisión sobre reto demográfico y equilibrio poblacional al inicio de la próxima legislatura». El objetivo es que pueda aprovechar todo el trabajo ya realizado por su predecesora y ahonde sobre la interacción de varios temas en el crecimiento de la población y su reparto dentro de las Islas. Entre ellos, el documento enumera el impacto de la doble insularidad en la distribución geográfica en las Islas o la eficacia de las políticas económicas y tributarias para fijar población en las zonas más despobladas. 

El dictamen también especifica que se debería abordar el impacto que el reto demográfico tiene sobre la vivienda en Canarias, cómo se debe ordenar el suelo teniendo en cuenta este problema, así como los aspectos jurídicos sobre las posibilidades de desplegar medidas restrictivas como pudiera ser la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes. 

Campos aseguró ayer que muchos de los aspectos que se han abordado durante las diferentes sesiones «tienen que estar amparadas en base a nuestra capacidad legislativa». Por eso, consideró fundamental la comparecencia de expertos juristas también en derecho comunitario, para conocer con precisión si existe o no la posibilidad de que el Archipiélago limite las operaciones inmobiliarias vinculadas a compradores extranjeros.

Hasta ahora han pasado nueve expertos por la Comisión. El doctor en Geografía, Luis Jerez; el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, José Miguel González; el presidente del Consejo Económico y Social, José Carlos Francisco; el catedrático de Geografía Humana, Guillermo Morales; el doctor en Geografía, Juan Israel García; el director del Instituto Canario de Estadística (Istac), Gonzalo Rodríguez; y la catedrática de Geografía Humana, Josefina Domínguez. A los que se unieron el profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL), José León García y el profesor titular en el departamento de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos, Dirk Godenau. 

Todos ellos con un perfil más vinculado a la Geografía, la Economía y la Estadística. Los grupos han echado en falta que comparezcan también especialistas en Derecho Comunitario, expertos que puedan profundizar en la influencia de la actividad económica sobre los movimientos demográficos o profesionales en planeamiento urbanístico y usos del territorio. 

Pero aunque no se haya podido abordar por completo todos los temas, Campos defiende que el trabajo realizado en esta primera etapa ya ha supuesto un avance. En primer lugar, «hemos podido contrastar que estamos ante una realidad diferente a la que teníamos hace 20 años cuando el Gobierno canario encargó un anterior informe». En aquel momento, el Archipiélago era una de las regiones más jóvenes y ahora es de la que más rápido ha envejecido. «Esto es importante porque nos obliga a pensar medidas que deben estar dirigidas no solo a la cantidad de población sino a cómo está configurada». 

Los grupos también han podido constatar cómo la realidad demográfica canaria es diferente a la que existe en el territorio peninsular y que la situación poblacional también es diferente dentro del mismo Archipiélago. Mientras hay islas que han ganado mucha población, otras la pierden o están estancadas. En las islas capitalinas, el interior y las zonas rurales se están despoblando pero el número de habitantes no deja de crecer en las áreas costeras. Y que, por lo tanto, las medidas que se puedan adoptar no deberían de ser iguales para todo el territorio. 

Además, el dictamen aprobado ayer incluye también una definición del reto demográfico como «la gestión del equilibrio dinámico entre la población, el territorio, la sociedad y la economía y sus consecuencias sobre la calidad de vida de las personas en cada una de las islas». «Esto ayudará a enfocar el trabajo de la próxima comisión», sostiene Campos. A la que el dictamen encomienda que defina «qué calidad de vida quiere para esta tierra tomando estándares oficiales». 

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