La Guardia Civil dio una adjudicación fraudulenta a una sociedad de 'Mon'

El contratista lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, más conocido como Mon, a través de su empresa Angrasurcor, consiguió que la Dirección General de la Guardia Civil, en un encargo directo, le adjudicara las obras de demolición del antiguo acuartelamiento de Garachico (Tenerife) pese a que sociedad no estaba especializada en ese tipo de trabajos, ni disponía de maquinaria adecuada en propiedad para realizar una intervención de esas características.

La demolición de inmueble no figura como actividad propia de Angrasurcor en su objeto social ni tampoco en los registros pertinentes de la Seguridad Social ni de la Agencia Tributaria. En esa operación, Tejera de León ingresó más de 106.000 euros de beneficio, a pesar de que, en realidad, lo único que hizo fue de mediador, puesto que los trabajos los llevó a cabo una subcontrata.

La casa-cuartel de la Villa y Puerto de Garachico sufría un problema grave de aluminosis y hubo que desalojarlo, para con posterioridad derribarlo. Desde la Dirección General de la Guardia Civil se consideró que no había otra solución posible para el inmueble.

Así, en enero de 2017 se redactó una memoria que argumentaba la necesidad de acometer la demolición. Fue elaborada por el coronel jefe del Servicio de Acuartelamiento de la Guardia Civil, con el visto bueno del teniente general subdirector general de Apoyo, Pedro Vázquez Jarava, el alto mando investigado en la trama de corrupción en las reformas de acuartelamientos y comandancias del instituto armado en trece provincias.

Procedimiento de emergencia

Para adjudicar el proyecto se utilizó el procedimiento de emergencia, que se contempla en la Ley de Contratos del Sector Público. La Guardia Civil pidió presupuesto a dos empresas: Insulares de Demoliciones y Obras y Angrasurcor. La intervención adjudicó la obra a la sociedad de Mon a propuesta del teniente general Pedro Vázquez Jarava. La concesión se hizo por 168.523,93, mediante una resolución del director general de la Guardia Civil el 14 de febrero de 2017.

La investigación del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil confirma que la contratación de la empresa de Tejera de León se hizo a pesar de que entre las actividades empresariales declaradas no figuraban las de demolición de inmuebles. El objeto social de Angrasurcor era la realización de reformas e impermeabilizaciones, pero no los derribos y las demoliciones.

Tampoco estaba dada de alta en la Agencia Tributaria en el epígrafe 502.1 del Impuesto de Actividades Económicas, que hace referencia a las demoliciones y derribos en general. Y no se encuentra encuadrada en la Tesorería General de la Seguridad Social con el código 4311 (demoliciones) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).

En la inmensa mayoría de los casos, las adjudicatarias principales de obras públicas, por el procedimiento de emergencia o por otros, son mercantiles que tienen solvencia económica y técnico-profesional, es decir, que pueden demostrar que poseen el nivel suficiente de capacidad financiera, así como de medios materiales y recursos humanos. Es frecuente que, con posterioridad, estas sociedades subcontraten con otras mercantiles locales con menor capacidad, que ejecutan la intervención.

Subcontrata

Una vez adjudicado el proyecto a Angrasurcor a propuesta del teniente general Vázquez Jarava, Ángel Ramón Tejera subcontrató con el grupo empresarial Nino, del municipio de Güímar, una de cuyas sociedades demolió la casa-cuartel de Garachico, mientras que la otra se ocupó de llevar los escombros hasta un vertedero autorizado.

Ambas sociedades del grupo empresarial Nino facturaron, en total, 62.000 euros, con impuestos incluidos, según consta en el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil. Es decir, que la sociedad de Mon ingresó unos beneficios de 106.523,93 euros. Los trabajos de demolición realizados con una máquina retroexcavadora en la casa-cuartel fueron cifrados por el grupo empresarial Nino en 25.000 euros, mientras que la limpieza de escombros del solar y su traslado se valoró en 37.000.

Sin embargo, los importes facturados por Angrasurcor a la Dirección General de la Guardia Civil, con los impuestos incluidos, ascendieron a 168.523,93 euros. Esa cantidad total fue reclamada al Instituto Armado a través de cuatro certificaciones. La primera factura está fechada el 25 de marzo de 2017 (un mes antes de que empezara la demolición) por 11.023,42 euros; la segunda se hizo el 30 de abril por 12.617,27 euros; la tercera certificación ascendió a 62.879,01 y está datada el 31 de mayo, y la última, de 19 de julio, se hizo por 82.004,23 euros.

Incrementos de costes

La demolición del edificio del cuerpo de seguridad comenzó el 24 de abril de 2017. Cuatro días después, el Consejo de Ministros aprobaba destinar un presupuesto de casi 220.000 euros para dicha actuación. En estos casos, la asignación es más alta que el presupuesto de adjudicación, ya que recoge posibles incrementos de costes durante el proceso. Y también entra dentro de lo habitual que en un procedimiento de emergencia empiecen primero las obras y después se apruebe el presupuesto por parte, en este caso, del Gobierno del Estado.

En una declaración ante los guardias civiles como investigado en mayo de 2019, Ángel Ramón Tejera de León aseguró que trabajaba a través de tres empresas mercantiles denominadas Angrasurcor y Canarycork, ambas domiciliadas en Canarias, así como de Solocorcho, con «domicilio fiscal en Madrid, teniendo solamente el domicilio fiscal para estos menesteres, sin que en los mismos se encuentren materiales o medios técnicos de labores propias de la dedicación empresarial».

Los agentes analizaron las sedes de dichas sociedades y de una cuarta, propiedad también de Mon, Impermecork. No encontraron ningún centro de trabajo que pueda estar relacionado con tales mercantiles ni ningún centro de actividad empresarial. Y, como es lógico, tampoco hallaron maquinaria adecuada para afrontar la demolición de un edificio. 

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