El empresario lanzaroteño admite ante un juez el cobro de obras que no se ejecutaron

El constructor lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, alias Mon, cuyas empresas recibieron al menos 3,3 millones de euros en adjudicaciones presuntamente irregulares para obras de reforma en cuarteles de la Guardia Civil, confirmó en una declaración en sede judicial «la existencia de importes de facturas que no se correspondían con lo que realmente fue ejecutado», según un auto de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado 20 de febrero, al que tuvo acceso este diario.

En relación con las obras de los acuartelamientos de Las Navas del Marqués y de Sotillo de la Adrada, ambos en Ávila, Tejera de León admitió que «en lugar de abonar unas obras realizadas en Badajoz, se hizo mediante dichas facturas en Ávila».

El obrero que hizo los trabajos afirmó que el empresario le pidió sus datos para hacer él mismo las facturas y enviarlas a dicha Comandancia: «Y que lo hizo así, ya que Ángel Ramón le debía un dinero y, según le dijo, era una forma rápida para que se lo pagara», se destaca en el auto.

Sin embargo, en la entrevista concedida al diario LA PROVINCIA el pasado lunes 6 de marzo, Mon negó estos hechos: «A mí no me han llamado de los juzgados y nunca he ido a declarar ante un juez. A mí me enseñaron que si tienes un problema te llama el juzgado. [...] Hablan del caso Mediador, pero nunca me ha llamado nadie. Y en este caso, hay una investigación abierta para mirar si las obras en los cuarteles están hechas o no están hechas», dijo entonces.

«La Guardia Civil tiene a empresas de confianza para hacer las obras»

En la resolución de 20 de febrero, el magistrado Juan Bautista Delgado Cánovas destaca que una agente dijo tener noticia de que su puesto policial se iba a beneficiar de una descentralización de crédito, es decir, que la Comandancia iba a destinarles determinados fondos. Esta decisión le «sorprendió», pues no habían reclamado esas cantidades.

La testigo fue informada de que Tejera de León iba a acudir a su cuartel porque se le había encomendado pintar el edificio y que, en ocasiones, entregaba «los presupuestos y las facturas» a la vez. Estas últimas se reenviaban «directamente» para que las visara el teniente coronel Carlos Alonso, máximo responsable de la Comandancia de Ávila, y uno de los cuatro imputados en la causa. La agente confirmó que se pagaron facturas «sin que se hubiesen realizado las obras».

También un informe de Asuntos Internos de 2020, que obra en poder del el Juzgado de Madrid que investiga los hechos, pone de manifiesto que un cabo primero de la Guardia Civil, comandante del puesto de Navarredonda de Gredos (Ávila), declaró que los operarios que realizaron las obras se trasladaron al cuartel «sin pintura».

Las pesquisas llevadas hasta el momento constatan la existencia de 12 facturas de trabajos de pintura emitidas por empresas administradas por Tejera de León. Estos recibos aluden a supuestas obras en los acuartelamientos de Arévalo, Candeleda, Piedrahita, Muñogalindo o Barco de Ávila, toda en esa misma provincia, y que fueron aceptados el 9 de noviembre. El teniente coronel Carlos Alonso reconoció su firma en los documentos durante su declaración.

Además, un informe pericial encargado desde el juzgado de Ávila alertó de «desviaciones entre lo facturado y abonado, y lo ejecutado en muchas de las obras» hechas por las sociedades de Mon. Esas obras fueron certificadas por el teniente coronel Alonso, a quien el Jefe de la Unidad de Gestión Económica atribuye la autoría de estas operaciones, que podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y de malversación.

El testigo que responde a las iniciales M. L. F. también apuntó a Alonso cuando aseguró que fue este teniente coronel quien informó de que disponían de un crédito para realizar las obras.

El agente confesó que se habían hecho facturas «sin haberse ejecutado las obras contratadas» y que el oficial le dijo que tenían que ser facturadas en pequeñas cantidades. Este modus operandi debía de ser conocido por el constructor canario, dado que siempre acudía al puesto con facturas inferiores a esta cifra.

«La inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro, así como la discordancia entre los trabajos realizados y su contenido, sustenta, con la provisionalidad propia del momento procesal, el mantenimiento de la condición de investigado del apelante», concluyeron los magistrados de la Audiencia madrileña, que rechazaron la pretensión del teniente coronel Carlos Alonso, imputado en Madrid, de que se archivara la causa.

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