La cacería política (y judicial) a Clavijo

Tres causas judiciales consecutivas en nueve años, juicios paralelos inquisitoriales, pesquisas que se dilatan de forma indebida, descalificaciones de todo tipo... Ningún político de Canarias se ha tenido que enfrentar en la última década a tantos procedimientos judiciales como el líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo. Incluso en una ocasión lo compararon con Vito Corleone, personaje ficticio de un mafioso italiano y uno de los protagonistas de la célebre película El Padrino.

Toda la minuciosidad, obstinación y derroche de medios públicos con los que se ha investigado a Clavijo han quedado en nada. Porque no había nada. Primero fue el caso Corredor, luego el caso Grúas, a continuación el caso Reparos... Todos han caído como un castillo de naipes. Pero los ataques quedarán para siempre en las hemerotecas, incluido un fotomontaje con su cabeza cortada sobre una bandeja. El miércoles se producía el último varapalo a esta empecinada carrera por procesar al que fuera presidente de Canarias, cargo al que vuelve a aspirar en las elecciones del próximo 28 de mayo. El Tribunal Supremo archivaba la pieza separada abierta a Clavijo en el caso Reparos sin necesidad ni siquiera de llamarlo a declarar.

Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal concluyeron que no existe el menor indicio de delito en la conducta del senador cuando, siendo alcalde de La Laguna, entre 2011 y 2014, levantó decenas de reparos del interventor para garantizar la continuidad de servicios esenciales del Ayuntamiento lagunero, en plena crisis económica y con recortes sin precedentes en las administraciones públicas. Entre ellos figuran el apoyo a las víctimas de la violencia machista, los comedores escolares para niños con pocos recursos o la ayuda a domicilio a personas dependientes.

Los denunciantes se repiten en dos de los tres casos: Santiago Pérez y su letrada Sandra Rodríguez

Nada de intereses ilegítimos y espurios. Ningún resquicio de prevaricación continuada, una de las peores acusaciones a las que se puede enfrentar un gestor público. Lo mismo que ya había ocurrido en el caso Grúas en 2020, también sobreseído por el Supremo, y en el caso Corredor en 2016, archivado por la Audiencia Provincial. «El daño a mi familia y a mí ya está hecho», lamentó Clavijo tras la última exoneración judicial.

La sala de máquinas de este asedio siempre ha desprendido «un tufillo a contubernio». Lo manifestó el propio Clavijo poco después del carpetazo al caso Grúas. Aludía a que en dos de estos procedimientos –Grúas y Reparos– coinciden los mismos protagonistas: el adversario político Santiago Pérez como denunciante y la también socialista Sandra Rodríguez como su representante legal. La abogada es pareja del exministro de Justicia y eurodiputado también socialista Juan Fernando López Aguilar, quien comparte con Santiago Pérez la amistad, la pasión por la música y la crítica visceral hacia CC.

Al margen de la repetición de personajes, la casuística de esta suerte de cacería ha sido inaudita, digna de estudio en las facultades de Derecho, empezando por las coincidencias temporales. El caso Corredor, el primero de todos, que se basó en presuntos favores del Gobierno de La Laguna a empresarios de la noche de los que nunca se encontró rastro alguno, surge justo unas semanas después de que Clavijo confirme que va a dejar el Ayuntamiento para ser candidato de CC a la Presidencia del Gobierno canario en las elecciones de 2015.

Los nacionalistas apuestan por él pese a la investigación del caso Corredor con la plena confianza de que las acusaciones son infundadas. Clavijo gana las elecciones regionales de forma clara –logra 18 diputados, por 15 el PSOE y 12 el PP–, se convierte en el octavo presidente de la historia del Gobierno de Canarias y un año después, en marzo de 2016, la Audiencia Provincial lo exime de cualquier responsabilidad penal. Es la primera de las piezas separadas a la que se tiene que enfrentar al estar en ese momento aforado como presidente canario. Y la primera que supera.

La dilación de las pesquisas abocaron a Clavijo a afrontar dos citas electorales bajo presión judicial

El cerco regresa en otro momento de gran sensibilidad política, en 2019, pocos meses antes de otros comicios electorales en los que Clavijo vuelve a ser candidato a la Presidencia de Canarias. Es cuando entran en liza Santiago Pérez y Sandra Rodríguez. Antes, el 15 de junio de 2017, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, había archivado la denuncia de Santiago Pérez, entonces militante de Nueva Canarias y XTF, del caso Grúas con el informe favorable de la fiscalía. Pero de forma sorpresiva, la Audiencia Provincial ordena que se reabra al entender que la jueza no ha profundizado en sus pesquisas.

Después de un primer informe del fiscal de la Audiencia Provincial Santiago Sánchez que descarta las irregularidades y de otro posterior del teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Demetrio Pintado, que también las rechaza pero que no se adjunta a la causa, irrumpe la Fiscalía Anticorrupción, que dirige María Farnés. Lo hace tres meses antes de las elecciones de 2019 en las que Clavijo opta a la reelección.

Anticorrupción, órgano independiente del resto de fiscalías y bajo el mando de la Fiscalía General del Estado, que controla a su vez el Gobierno nacional, abandona las macrocausas para las que teóricamente fue constituida –como el caso Las Teresitas, compleja trama político-empresarial que provocó pérdidas al Ayuntamiento de Santa Cruz de más de 100 millones de euros– para tomar un asunto menor. El caso Grúas orbita alrededor de un crédito de 120.000 euros que concede el Ayuntamiento de La Laguna en 2014, cuando Clavijo es alcalde, para salvar el servicio municipal de grúas. Se devuelve en tiempo y forma sin causar el menor perjuicio al Consistorio lagunero.

Archivo en 2020

El Tribunal Supremo lo archiva un año después, en junio de 2020. Ya es tarde para reparar las consecuencias políticas. En las elecciones celebradas un año antes, Clavijo es el segundo candidato al Gobierno de Canarias más votado (CC logra 20 escaños, por 25 el PSOE) pero se queda sin opción de alcanzar un pacto para volver a gobernar junto a PP y Ciudadanos. El plantón naranja por las investigaciones judiciales cierra todas las puertas.

El Supremo archiva la denuncia contra Fernando Clavijo del ‘caso Reparos’

A Clavijo no le dan ni siquiera tiempo para asumir el archivo del caso Grúas. Un día después de la decisión del Supremo, otro informe de la Fiscalía Anticorrupción reaviva la ofensiva judicial y política contra el secretario general de Coalición. Esta vez es el caso Reparos pero los protagonistas se repiten: el denunciante vuelve a ser Santiago Pérez, su letrada vuelve a ser Sandra Rodríguez y la Fiscalía Anticorrupción vuelve a intervenir en un caso sin la menor enjundia. Es la misma división especial del ministerio público que había reflotado Juan Fernando López Aguilar cuando fue ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2007.

Creada en 1995 por el Gobierno de Felipe González, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada recibió la tarea de investigar procesos de gran relevancia y complejidad. En 2003, al final del último Ejecutivo de José María Aznar, parecía condenada a la desaparición. Pero bajo la gestión de López Aguilar al frente de Justicia, se le vuelve a dotar de importantes medios. Lo que no se pensaba entonces es que años después una de sus delegaciones, la de Santa Cruz de Tenerife, iba a encargarse de casos como el Reparos de La Laguna, relacionado con asuntos administrativos más que con intrincadas redes de corrupción.

Legalidad de los reparos

Clavijo aclara que levantar reparos del interventor es legal y lo justifica en la necesidad de prorrogar contratos de servicios esenciales en un momento crítico para los ayuntamientos. En plena crisis económica, el Gobierno central impone en 2012 las más severas medidas de ajuste financiero adoptadas en democracia. Y luego aprueba en 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a modificar muchas contrataciones a las administraciones locales.

Anticorrupción hace suyos los argumentos de Santiago Pérez, observa indicios de prevaricación continuada y pide la apertura de una pieza separada. Después de un retraso incomprensible, cuando ya habían pasado cuatro años desde la apertura del procedimiento, Ana Serrano-Jover, jueza del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, envía la pieza separada de Clavijo del caso Reparos al Supremo al estar aforado como senador.

En todo este tiempo, el nacionalista permanece en una especie de limbo judicial, de nuevo expuesto a ataques y descalificaciones. Desconoce su condición procesal, pues al estar aforado solo lo puede investigar el Supremo. Sin imputaciones formales, la situación quebranta la tutela judicial efectiva y provoca una indefensión a Clavijo en su derecho a la defensa, además de perpetuar una tensión judicial que mancha su honorabilidad.

Todo parece de nuevo encaminado a la tercera cita con las urnas consecutiva que Clavijo, que repite candidatura a la Presidencia del Gobierno regional, afronta con la tensión de una causa en los tribunales. No hay precedentes en la historia de Canarias. Pero a solo dos meses de los comicios del próximo 28 de mayo, llega el tercer fallo judicial que lo absuelve de toda responsabilidad penal sin tener que llegar a juicio ni declarar. Los cinco días transcurridos desde que el pasado miércoles el Supremo archiva la pieza separada del caso Reparos son los primeros que Clavijo disfruta sin ningún embrollo judicial a la vista en nueve años.

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