Golpe a la corrupción en Canarias

Del 'caso Mediador' al 'caso Cuarteles' en 13 actos

Los sobornos a unos empresarios ganaderos de Canarias han destapado una trama de corrupción que salpica a la Guardia Civil y se extiende por los cuarteles

Noches de fiesta y desenfreno en el 'caso Mediador'

C. A. C.

El 'caso Mediador' ha resultado ser algo más que sobornos a unos empresarios ganaderos de Canarias. La trama de corrupción inicial, con políticos y un general de la Guardia Civil que alternan entre cenas opíparas, drogas, alcohol y prostitutas, ha destapado una red más extensa, que salpica a la Guardia Civil y se extiende por los cuarteles de varias provincias. Hacemos repaso de todo lo que ha pasado hasta la fecha.

1) Los empresarios peninsulares

Una de los objetivos de la trama liderada por el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, y los políticos del PSOE Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, y Taishet Fuentes, era atraer inversión peninsular al Archipiélago para que se instalaran en la Zona Especial Canaria (ZEC), que ofrece beneficios fiscales con la reducción de impuestos. La organización trabajó sobre todo con dos empresas: Cleanergetic Seers Solution SLU, del castellanomanchego Antonio Bautista Prado, quien recibe el seudónimo de el Curilla; y Asesoramiento y Servicio de Drones SL, del valenciano José Antonio Suárez Estévez, más conocido como José Drones. 

Al primero se le prometió entrar en el negocio de la fotovoltaica con importantes contratos con empresarios de gran calado en las Isla. Es el único empresario que, según las investigaciones, consigue desarrollar proyectos en Canarias para la instalación de puntos de carga eléctrica a una empresa de alquiler de coches por un valor superior a los 90.000 euros. En el sumario de la causa, los investigadores aprecian indicios de que este contrato «fue propiciado a través de la actuación e influencia de los responsables de la rama política y pública» de la red.

Bautista Prado es uno de los que más dinero aporta a la trama: entre 19.000 y 20.000 euros, según señala el mediador. Lo hace a través de restaurantes, billetes de avión, noches de hoteles o prostitutas, además de pagos en metálico mediante sobres o tarjetas prepago. A cambio, el general Espinosa le pone en contacto con importantes empresarios de las Islas para la instalación de placas fotovoltaicas en cadenas hoteleras o en grandes edificios. Las negociaciones no cuajan y el industrial se cansa de estar suministrando dinero al exguardia civil, quien le reprocha que no dé trabajo a su amante con un sueldo de 3.000 euros al mes. Esto hace que se rompan las relaciones y el Currilla corte el grifo. «Mira, te crees que soy gilipollas, me bloqueaste la tarjeta de Papá [el general Espinosa], que no soy tonto», le recrimina en una conversación el mediador de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, al empresario castellanomanchego. «Esta mañana me entró el calentón y digo: a tomar por culo», le contesta. «Pues ya está, a mamarla», finaliza el mediador. 

El otro empresario involucrado es una pieza clave en todo el entramado de la investigación. José Drones es el encargado de presentar al general Espinosa a Navarro Tacoronte. Ocurre en julio de 2020 en una marisquería de Valencia donde quedan para cenar. El general y Drones ya mantenían una relación por varios contratos que el empresario obtiene de la Guardia Civil y de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, desde donde Espinosa dirige el proyecto Garsi-Sahel. Gana ocho lotes por un montante total de 233.931 euros y reconoce: «El contrato que tengo ahí metido con el ministerio, o sea, con la fundación (...) me adelantan un porcentaje y a la finalización del contrato me pagan el resto».

José Drones tiene altas aspiraciones en Canarias. Pretende suministrar estos aparatos a las empresas ganaderas de las Islas, valiéndose de la influencia del director general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes, y aspira a firmar un contrato con la Consejería de Sanidad para el traslado de medicamentos mediante drones. Ninguno fructifica. El empresario desembolsa hasta 44.000 euros y llega un momento en que se da cuenta de que durante meses ha sido estafado. «Buenos días, ya confirmadas las sospechas de que todo ha sido un engaño por tu parte, el abogado va a iniciar acciones legales para solicitar la devolución de todos los titulares de los importes transferidos», le escribe al mediador. 

Ocurre el 19 de abril de 2021 y hace que la trama comience a desmoronarse. El 6 de mayo de ese mismo año, Navarro Tacoronte aconseja al diputado nacional Juan Bernardo Fuentes que se busque un abogado. «Se te viene encima una gorda y has metido a mucha gente debajo».

2) Sandra y Quesos Montesdeoca

Los exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias, Juan Bernardo tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes, aprovechaban su posición política para conocer las empresas ganaderas o del sector lácteo que tenían abierto algún tipo de expediente sancionador con el objetivo de extorsionarlos y así conseguir mordidas. Fue lo que ocurrió con Quesos Montesdeoca, con sede en el sur de Tenerife, a quien le prometieron que si accedían a realizar unos pagos harían desaparecer una multa de unos 74.000 euros. Alberto Montesdeoca, propietario de la quesería y que fue detenido el pasado 14 de febrero junto a otros diez investigados, llegó a pagar mordidas por valor de 26.800 euros sin que viera reducida la sanción. «Me has engañado, lo tengo que devolver todo», dijo el empresario al mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte, que a su vez presionó a Taishet Fuentes para que solucionara el desaguisado. «Lo de Alberto está muy complicado, ya te contaré», le contestó el político socialista, quien iba a ser cabeza de lista del partido para el Ayuntamiento de Antigua. 

Quesos Montesdeoca fue la primera ganadera víctima de las extorsiones de la trama. La siguiente fue la marca grancanaria Leche Sandra, que presuntamente pretendía ampliar sus instalaciones en el municipio de Agüimes, unificar la granja y la lechera, montar una planta de biomasa e instalar paneles fotovoltaicos, además de desbloquear subvenciones pendientes de cobro. El mediador hace valer su influencia entre los políticos locales y asegura a los empresarios que hablaría con el regidor del Sureste. «Dime que es lo que tú quieres que yo ahora llamo al alcalde de Agüimes para verlo mañana», le dice a la empresaria María Inmaculada Roca Enrich, que fue detenida junto a su marido Esteban Banús Ricoma como propietarios de Leche Sandra. La empresa llega a pagar 14.600 euros a la trama delictiva, que los engatusaba con grandes proyectos como la entrada en las cocinas de los hospitales públicos del Archipiélago. Cuando intentan legalizar los pagos con las facturas, las relaciones se rompen sin que los empresarios logren propósito alguno.

3) Fundación para Iberoamérica

El general Francisco Espinosa Navas estuvo al frente del proyecto de Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel) dirigido por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), cuyo objetivo es mejorar las dotaciones de los cuerpos policiales de los países subsaharianos. La jueza del caso Mediador trata ahora de determinar si el que fuera coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas utilizó este programa para adjudicar contratos a empresas relacionadas con la trama. Y es que en la documentación intervenida por los agentes encargados de la investigación hay al menos cuatro contratos de la fundación para el empresario José Santiago Suárez, propietario de la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones SL. 

Este se hizo con tres lotes en los que vendió diez aparatos a Mauritania por 30.991 euros, otros ocho a Níger por 43.801 euros y tres más para Malí por 14.000 euros. En uno de los mensajes intervenidos, José Drones, como es conocido en la trama, señala: «Todo lo que hago en África es a través de Papá», en referencia al general de la Guardia Civil. En la documentación aportada en la investigación también se aportan cuatro contratos más con la Guardia Civil: 24.900 euros para dotar de un sistema de detención e inhibición de vehículos aéreos no tripulados, 98.400 euros para drones, 12.818 euros para dotar de estos aparatos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y otros 9.021 euros para la jefatura de Asuntos Económicos del Instituto Armado. 

La jueza ha solicitado, asimismo, rastrear todas las propiedades del general Espinosa en seis países africanos para determinar la procedencia de su patrimonio, así como una cuenta en Bélgica.

4) Gobierno de Canarias

Los Fuentes, Juan Bernardo y su sobrino Taishet, fueron directores generales de Ganadería en el Gobierno de Canarias. La detención de ambos a mediados de febrero, cuando explotó el caso Mediador, motivó que el Ejecutivo regional revisara todos los proyectos que pasaron por sus manos, así como los expedientes sancionadores para determinar si las empresas que acudían a la trama resultaron beneficiadas o extorsionadas. La jueza, asimismo, solicitó documentación para también conocer si había más empresas y funcionarios implicados en la organización delictiva.

Ya con el caso hecho público y con once de los doce detenidos puestos en libertad -todos excepto el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa-, el denominado mediador, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, empezó a citar en las entrevistas a las que acudía a diferentes miembros del Gobierno que, aseguró, tenían conocimiento de lo que ocurría. Uno de los primeros a los que señaló fue al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Dijo que sabía lo que ocurría con los expedientes sancionadores que se archivaban en la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias. «Si lo hubiera sabido, habría acudido a la Justicia», replicó Torres, para quien se actuó «con inmediatez» al expulsar del partido al diputado Juan Bernardo Fuentes en el mismo momento que se produjeron las primeras detenciones. El mediador también apuntó hacia la titular del área de Ganadería, Alicia Vanoostende. Esta aseguró que no tenía conocimiento «de nada» de lo ocurrido, además de adelantar que no se ha producido desfalco alguno a las cuentas públicas, porque «se han hecho todos los controles» y ningún alto cargo «puede modificar ninguna resolución avalada por un técnico o jurista, pues los cargos públicos solo firman resoluciones, es la garantía de las cosas se han hecho bien». 

Torres sobre el 'caso Mediador': "Qué caiga quien tenga que caer"

Tanto Torres como Vanoostende han anunciado que van a tomar acciones legales contra el conseguidor al entender que con sus declaraciones atentan contra su honor.

5) Comidas y cenas del PSOE

El caso Mediador ha hecho temblar a toda la cúpula del PSOE. La participación activa en la trama de dos de los miembros del partido en Fuerteventura, el exdiputado nacional Juan Bernardo y su sobrino el exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, así como las declaraciones del conseguidor Marcos Antonio Navarro Tacoronte, quien ha señalado a varios cargos importantes de la formación política, han puesto todos los focos en el partido. 

Los Fuentes son, por ahora, los únicos investigados por liderar junto al general de la Guardia Civil Francisco Espinosa una organización delictiva que presuntamente se dedicaba a cobrar mordidas a empresas que se querían instalar en Canarias o extorsionar a ganaderos para retirarles o reducirles sanciones. Ambos aprovechaban que habían sido directores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias -primero el tío y después el sobrino- para prometer a los interesados que con su influencia podrían conseguir una serie de beneficios. En la documentación que obra en poder de la jueza encargada de la investigación, existen numerosos indicios de que los dos políticos majoreros recibían pagos de las empresas. Estas realizaban primero transferencias al club de fútbol que presidía Juan Bernardo y después pagaban comidas, fiestas e, incluso, prostitutas, además de entregar dinero en sobres.

Una vez estalló el caso, el mediador, ya en libertad, comenzó a disparar a numerosos miembros del PSOE en Canarias y en la Península. En una entrevista concedida a la Cadena Cope aseguró que hubo cenas en las que participaron «15 ó 16» diputados del PSOE, entre los que citó a la secretaria socialista de Igualdad, Andrea Fernández. Esta ya anunció que tomará acciones legales: «He recibido tantísimo acoso en redes y fuera de ellas estos tres años que esto roza en callo. No obstante, emprenderé acciones legales. Llegaré hasta el final valiéndome de la justicia. Basta ya de que estos petimetres se lucren haciendo daño con difamaciones. No todo vale». Otros diputados que anunciaron querellas son Javier Alfonso Cendón, que dijo: «A todos aquellos que me están injuriando y calumniando en redes sociales y digitales solo tengo que decirles una cosa: nos vemos en los tribunales»; y Beatriz Micaela Carillo, que apuntó en redes sociales: «Ante las injurias, quiero señalar que desde que soy diputada, mi único empeño diario ha sido trabajar contra la injusticia social. Es triste ver cómo algunos pretenden ensuciar el trabajo de muchos compañeros. Iniciaré también acciones legales contra quienes hoy me señalan». 

Otra de las que ya ha adelantado que se querellará contra Navarro Tacoronte por difamación es la senadora por Tenerife Olivia Delgado. El conseguidor insinuó en otra entrevista concedida a Canal 10 que Delgado había tenido algún tipo de participación en la trama y que además había recibido hasta 4.000 euros de una empresa láctea gallega. La senadora respondió que las declaraciones del mediador son «rotundamente falsas». 

El PSOE en Canarias anunció esta semana que se va a personar como acusación particular en la causa. Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, declaró en una entrevista concedida a Telecinco que carece de datos sobre otros posibles implicados, pero enfatizó que se actuaría con «contundencia contra cualquier caso de corrupción que se haya podido perpetrar en el PSOE».

6) Servicio Canario de Salud

En el sumario del caso Mediador aparece el nombre del que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, quien se vio obligado a dimitir el pasado mes de noviembre debido a su relación con el caso Mascarillas, que investiga el pago por parte del Gobierno de Canarias de cuatro millones de euros a la empresa RR7 a cambio de un millón de cubrebocas que nunca fueron entregadas. El mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte afirma que habló con Domínguez para rebajar la sanción de 74.099 euros al quesero tinerfeño Alberto Montesdeoca. En unas conversaciones de Whatsapp entre éste y el exdirector del Servicio Canario de Salud recogidas en el sumario, el primero le remite la notificación a la quesería desde el Servicio de Reintegro de Subvenciones del Gobierno de Canarias. «Que lo recurra bien, justificando, y le echamos una mano», le contesta Conrado con un mensaje. 

En otro de los intercambios de mensajes, el mediador le pide «por Dios» lo de la quesería. «Si alguien puede resolver esta situación tengo muy claro que es usted y estoy dispuesto a pagar lo que hay que pagar para evitar esta injusticia». A lo que Conrado Domínguez responde: «Olvídate, yo me encargo». «Esto me afecta a mí, perdona que te moleste, me afecta personalmente, emocionalmente y te prometo que me está destrozado y por eso consigo centrarme en que tengo que hacerlo contigo y te lo estoy pidiendo con las lágrimas en los ojos, confío en ti como tú estás confiando en mí y que quede claro que no he hablado con nadie más», prosigue Navarro. Y el exdirector de SCS replica: «Tú empuja para que no me dejen con el culo al aire con las facturas y yo me encargo del resto».  

7) Cabildo de Tenerife

La investigación nace en el Cabildo de Tenerife, concretamente en quien fuera su director de Deportes entre el 15 de septiembre de 2021 y el 31 de enero de 2023, Ángel Pérez. Una denuncia falsa contra Marcos Antonio Navarro Tacoronte por estafa hizo que el ya conocido como mediador pusiera a disposición de la Policía Nacional sus teléfonos móviles donde se han encontrado numeroso indicios de una trama corrupta en la que están implicados los dos exdirectores de Ganadería del Gobierno de Canarias, Juan Bernardo alias tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes, y el general de División de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas. 

La jueza encargada del caso ha abierto una pieza separada para determinar si el exdirector general de Deportes hubiera cometido delitos de cohecho y tráfico de influencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife toma esta decisión ante las múltiples incongruencias en la que incurre el exdirector insular de Deportes durante su declaración judicial. La jueza, asimismo, plantea que quiere conocer si otros cargos públicos de la institución insular participaron en la modificación de subvenciones o contratos, además del número de personas beneficiadas. 

La base de estas indagaciones está en un mensaje que envía Ángel Luis Pérez a Navarro Tacoronte. «Procura cargar las pilas que vienen proyectos para 2022, tengo muy buenas vibraciones, pero ahora toca cerrar 2021», le dice. Navarro contestó en el juzgado que esta conversación está relacionada con las adjudicaciones que querían realizar en favor de determinados empresarios. El mediador además incriminó a otros cargos públicos de la corporación insular por su participaron en adjudicaciones irregulares.

8) El general de la Guardia Civil

«El honor es mi divisa». Los guardias civiles llevan con orgullo ese lema que ahora ven pisoteado por la supuesta trama corrupta en la que está implicado el que fuera general de División de la Guardia Civil y excoronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Francisco Espinosa Navas. El caso Mediador ha aflorado una serie de prácticas irregulares en la que se ha visto implicado quien fuera uno de los más altos cargos del Instituto Armado, quien incluso habría invitado a empresarios beneficiados por la organización delictiva a su despacho de la Dirección General de la Guardia Civil. La investigación ha sacado a la luz las obras en los cuarteles de un promotor lanzaroteño, identificado como Ángel Ramón Tejera de León, de las que presuntamente se habrían beneficiado altos rangos del Instituto Armado.

El paso de Espinosa por la capital grancanaria ya era recordado por las numerosas reformas que impulsó en los diferentes puestos. Así, entre un grupo de guardias civiles era conocido como Paco el pocero, por su similitud con el constructor que levantó miles de viviendas en la localidad toledana de Seseña. Abandonó en 2012 la Comandancia de Las Palmas, aunque nunca se desligó de la ciudad. Ahora con la investigación se sabe que tenía una amante que reside en la Isla y que era uno de los motivos para regresar cada poco tiempo. El otro: los presuntos negocios que mantenía con inversores peninsulares a los que prometía mediar con importantes empresarios canarios para así obtener jugosos contratos.

Reuniones y comidas en Valencia, Madrid, Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria en el 'caso Mediador'

C. A. C.

El guardia civil jubilado se incorporó a la trama después de conocer al mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte durante una cena celebrada en una marisquería de Valencia en el verano de 2020. En aquel encuentro también participó el empresario José Santiago Suárez, alias José Drones, quien después intentaría instalarse en el Archipiélago sin éxito. Espinosa tenía como función dar aún más credibilidad a la organización delictiva dada su posición dentro del Instituto Armado. No sólo recibía a los empresarios en las instalaciones del número 110 de la calle madrileña de Guzman el Bueno, sino que también participaba en comidas en la capital de España, Fuerteventura o Gran Canaria, todas ellas pagadas por los inversores. E incluso, presuntamente, pedía que se hicieran cargo de los costes de los billetes de avión y de las noches de hoteles cuando viajaba al Archipiélago. Espinosa llegó a pedir a dos de los empresarios que contrataran a su compañera sentimental con un sueldo de 3.000 euros al mes.

 El general fue detenido el pasado 12 de febrero. En el registro de su vivienda de Madrid, los agentes localizaron hasta 61.100 euros escondidos en una caja de zapatos y entre la ropa. Además, afloró la existencia de cuatro hojas de cálculo en la que supuestamente Espinosa registraba su contabilidad A y B, la primera de ellas relacionada con una cuenta bancaria y la segunda con una columna que denominada cash (efectivo, en español) «y que, dicho sea de paso, temporalmente se ubican en el periodo de investigación», según señala la jueza encargada de la investigación en el auto de envío a prisión del general Espinosa.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife trata de indagar de donde nace ese dinero en metálico que el exguardia civil guardaba en su casa. Espinosa indicó en su declaración que tenía numerosas procedencias, entre otras la venta de un reloj Rolex por 14.000 euros que un amigo decidió pagárselo con billetes o de ahorros «porque se acababa el mundo». El general es el único de los 12 detenidos por la trama corrupta que está en prisión y ya la jueza ha negado a su abogado la petición de puesta en libertad, según informó el pasado viernes el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

A raíz de esta investigación, la Justicia también está indagando si hay más contratos con mordidas con el citado promotor lanzaroteño, que durante años se hizo con decenas de contratos para reformar dependencias de la Guardia Civil repartidas por todo el país.

9) Asociación Deportiva Tetir

La investigación desarrollada por la Policía Nacional determina que el exdiputado nacional Juan Bernardo Fuentes, alias tito Berni, utilizó el club de fútbol Asociación Deportiva Vega de Tetir que presidía para blanquear las mordidas que realizaban los diferentes empresarios que pretendían obtener beneficios tales como la reducción de las sanciones o mejoras urbanísticas. Entre las sociedades mercantiles que aceptaron realizar estos pagos estaban Quesería Montesdeoca, que hizo dos ingresos de 5.000 y 1.500 euros el 9 de noviembre de 2020; MEC Suministra (Leche Sandra), que aportó otros 5.000 el 18 de diciembre de 2020, y la valenciana Asesoramiento y Servicios de Drones, que hizo una transferencia de otros 5.000 euros el 11 de enero de 2021. Estos sobornos facilitaron las pesquisas de los investigadores, que gracias a ellos pudieron comprobar que no se trataban de «colaboración al deporte canario», como trató de esconderlo el empresario levantino; «colaboración para el fútbol base» como indicó en la transferencia bancaria el quesero tinerfeño; o «publicidad» como escribió Leche Sandra en el concepto del traspaso monetario, sino de las mordidas que los interesados o extorsionados tenían que realizar para que la trama comenzara a trabajar para ellos.

Tito Berni utilizaba asimismo su gestoría, que también lleva el nombre de la localidad majorera de Tetir, para facilitar la entrada de las empresas peninsulares que querían instalarse en el Archipiélago para beneficiarse de la baja tributación de la Zona Especial Canaria (ZEC). Para ello, según se recoge en la investigación policial, cobraba 18.000 euros para tramitar su entrada en las Islas, además de facilitarles la adjudicación de subvenciones y ayudas porque prevalecen aquellas empresas que están dentro del régimen fiscal canario. El mediador Antonio Navarro Tacoronte aseguró en su declaración ante la jueza que la gestoría la llevaba el hijo de Juan Bernardo Fuentes, que es quien realmente se encarga de toda la tramitación, y agregó que el 20% de las ganaderías de Fuerteventura trabajan con Gestoría Tetir. 

10) Choque entre la jueza y la Fiscalía

El tito Berni fue detenido el lunes, 20 de febrero, una semana después de que los otros 11 implicados en la trama de corrupción fueran arrestados durante la explotación del caso Mediador. Su pase ante la autoridad judicial se produjo dos días después en los Juzgados de Santa Cruz de Tenerife, donde la instructora del caso, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, trató de indagar sobre la participación del ya exdiputado del PSOE -dejó su acta al estallar la operación policial- en el Congreso. Juan Bernardo Fuentes negó la mayor: no pertenece a ningún grupo delictivo, apenas conoce al mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte y asegura que es habitual que los empresarios se paseen por los pasillos del Parlamento para reunirse con los representantes populares. La Fiscalía, tras el interrogatorio, decidió no solicitar su ingreso en prisión provisional. 

Ante esta decisión, la jueza mostró su disconformidad en el auto en el que aseveró que pone en libertad a tito Berni “por imperativo legal” al considerar que debido a su posición política “pudieran verse afectadas y/o destruidas con su puesta en libertad” algunas pruebas de valor para la causa que ella misma dirige. Y añade: “A criterio de esta titular, se considera en contra de lo informado y de la valoración realizada en sala por el Ministerio Fiscal, que sí existe peligro de destrucción de fuentes de prueba dada su posición en las Islas, su vinculación con la política y este entorno desde el año 1994, sus distintos cargos políticos y sus amplias relaciones, que a juicio de esta titular y en su conjunto aconsejaban el ingreso en prisión y no su puesta en libertad”. El exdiputado nacional está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo organizado, falsedad y blanqueo de capitales, y tiene la obligación de personarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes

11) El mediador amenaza al PP

El mediador Marcos Antonio Navarro Tacoronte disparó hacia todos lados una vez se dio a conocer el caso al que él mismo da nombre. Uno de los damnificados de sus dardos envenenados es el presidente regional del PP y actual candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, a quien amenazó en una radio con “sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos” del que Domínguez fue alcalde. Navarro Tacoronte hizo estas declaraciones después de conocer que los populares se iban a presentar como acusación particular en la investigación abierta por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. “Si me pones una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender”, aseguró en Xanadú Radio. Ante estas afirmaciones, el candidato popular a la presidencia del Gobierno de Canarias admitió que había mantenido una reunión con el mediador: “Quedé con un periodista local, que venía acompañado por otro señor que resulta ser el señor Navarro Tacoronte; no recordaba ni cómo se llamaba”. 

Domínguez contestó a las preguntas a la salida del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria celebrado el pasado miércoles, donde señaló: «Me dijo: ‘cuidado, porque hay un señor del Cabildo de Tenerife que va a reventar Los Realejos y hay un caso tan grande que va a salpicar a todos’”, en referencia al Caso Mediador. “No tengo nada que esconder y no me preocupa ningún asunto que haya habido con el Ayuntamiento de Los Realejos. Yo invito a quien quiera a que haga todo el análisis pertinente porque allí sí que han funcionado los controles. Ahora bien, que este señor diga cosas tan nimias como que no se podía cambiar el césped del campo de fútbol de Los Realejos o que nos habían quitado la BlueTrail de Los Realejos y que no se quería invertir ni un solo euros en deportes, a mí me ha preocupado porque esos datos no tiene que tenerlos un señor de la calle, los debería de tener un director insular”, declaró. Por el momento no hay constancia de que el mediador grabara la reunión mantenida con el líder canario del PP. 

12) Fiestas, drogas y prostitutas

La Policía Nacional tiene contabilizadas hasta 41 reuniones en las que participaron los cabecillas de la trama y que fueron recogidas por Marcos Antonio Navarro Tacoronte mediante fotografías con su teléfono móvil. El sumario del caso Mediador revela que todo comenzó el 23 de julio de 2020 con una cena en una marisquería cuando el conseguidor Navarro Tacoronte conoce a través del empresario José Santiago Suárez, alias José Drones, al general de la Guardia Civil y exteniente coronel de la Comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Espinosa Navas. La persona que hace explotar la investigación al entregar su teléfono a la Policía Nacional dejaba claro desde el inicio que se iba a encargar de captar todas las negociaciones con imágenes y audios, y empezó con aquella cena que retrató en una fotografía. A esta le sucedieron muchos otros encuentros que eran sufragados por las empresas que pretendían conseguir rédito de los contactos que tenían los exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias, Juan Bernardo y Taishet Fuentes, y el guardia civil ya retirado. Destacan algunas en las que se ve al exdiputado nacional Juan Bernardo Fuentes junto a lo que parecen ser prostitutas o en el interior de un burdel de Madrid, u otras en la que se aprecia al sobrino de Fuentes, quien le sustituyó al frente de la dirección general de Ganadería, Taishet Fuentes, en una posición en la que supuestamente esnifa unas rayas de cocaína en el interior de la habitación de un hotel.

En esas fotos también aparece en decenas de ocasiones el general Espinosa. Navarro Tacoronte incluso aprovecha la visita del empresario Antonio Bautista Prado, alias el Curilla o el Curita, al despacho del excoronel jefe en la Dirección General de la Guardia Civil para retratarse junto a un cartel del proyecto Garsi-Sahel, que dirigía el general y que la jueza está ahora investigado ante la sospecha de que fuera utilizado para desviar dinero público a empresarios involucrados en la trama. Entre ellos estaría José Drones, conocido así por tener una empresa de asesoramiento de estos aparatos aéreos, quien consiguió al menos tres contratos en países subsaharianos. Drones incluso admitió durante una de las conversaciones grabadas por el mediador que: «Todo lo que tengo con África es a través de Papá», en referencia al funcionario de alto rango en el Instituto Armado. 

Navarro Tacoronte declaró, después de ser detenido y puesto en libertad con cargos, que organizó una cena a la que asistieron 15 ó 16 diputados nacionales del PSOE como contraprestación a los trabajos realizados para las empresas amigas. “No vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de VOX o de Podemos; además, eran listados cerrados, estaba todo estudiado”, aseguró ante los micrófonos de la Cadena Cope. El mediador apuntó, asimismo, que iban a locales de alterne prácticamente todos los días de la semana. “De martes a jueves o hasta viernes por la mañana, porque a lo mejor a algún diputado lo mordían y teníamos que estar en Madrid para que no fuera con su miembro viril a su casa”, relató. De estas fiestas multitudinarias no hay reseñas en las más de dos mil páginas de las que consta el sumario del caso Mediador, que aún sigue en instrucción a la espera de que se conozcan nuevas piezas separadas de las corruptelas que presuntamente dirigían los Fuentes y el general Espinosa, con Navarro Tacoronte encargado de llevar las relaciones entre el funcionario y los políticos con los empresarios interesados en invertir en el Archipiélago y aquellos que eran extorsionados para retirarle sanciones o agilizar subvenciones europeas. 

13) Del 'caso Mediador' al 'caso Cuarteles', la primera derivada

Fueron 193 obras y 2,9 millones de euros gastados por la Guardia Civil en trabajos dudosos y cobrados por el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, Mon, citado en el caso Mediador. Las obras y el montante ahora integran la investigación judicial sobre supuesta corrupción en la concesión de contratos en cuarteles del instituto armado. Para reunir la información pormenorizada sobre cada encargo del 'caso Cuarteles', la sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil requirió documentación a 13 comandancias en las que se detectó el rastro de cuatro sociedades propiedad de Mon.

Como consecuencia de este rastreo, el coronel jefe de Asuntos Internos de la Guardia Civil instó al juez de instrucción 2 de Ávila "oír declaración en calidad de testigos a los responsables de los acuartelamientos donde debían ejecutarse los trabajos facturados". Así concluye en un informe de investigación elevado a la autoridad judicial el 24 de enero de 2020, uno de los documentos clave del 'caso Cuarteles', al que ha tenido acceso este diario.

El asunto ya se ha cobrado su primera víctima en el coronel jefe de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, José María Tienda, destituido por el Ministerio del Interior por "pérdida de confianza" tras aparecer su nombre en el sumario de la trama del caso Mediador.

Suscríbete para seguir leyendo