La jueza pide al Congreso la documentación del despacho de 'Tito Berni'
La instructora pide colaboración para que la Secretería Técnica de la Cámara entregue a la Policía Nacional, los efectos depositados en la oficina del ex diputado
La jueza que instruye el 'Caso Mediador' ha solicitado este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, autorización y colaboración para proceder al registro del despacho que ocupaba el ya ex diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni', uno de los principales implicados en la trama de corrupción y tráfico de influencias que está siendo investigada.
En el auto mediador emitido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife se pide a la Secretaría Técnica que "se entregue a la Policía Nacional, concretamente al grupo de delitos tecnológicos, los efectos depositados en el interior del despacho del Congreso de los Diputados" asignado Fuentes Curbelo para sus labores parlamentarias. La jueza afirma que el registro está argumento en el hecho de qu elos indicios en su contra "superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas".
Acceso a documentación
En el caso de que se autorice el registro, los investigadores llevarían a cabo "un informe pericial de todos los equipos informáticos y de otros dispositivos de almacenamiento digital/analógico" y recabar así más datos relacionas con la causa abierta. Además, se permitiría el acceso a "la documentación, anotaciones personales, facturas, libros de contabilidad en formato físico y digital, actas, extractos, expedientes, documentos registrales y notariales, documentos tributarios, correspondencia postal y electrónica, sellos y cualquier otro soporte que pudiera tener relación con los hechos investigado, inclusive documentación falsificada".
El auto también se pide que se proceda al "decomiso de dinero, tarjetas bancarias, talonarios, facturas proformas, pagarés u otros medios financieros, joyas y otros efectos de valor".
Cabe recordar que el 'Caso Mediador' es una trama de corrupción en Canarias y extorsión a empresarios vinculados al sector ganadero y alimentario de las Islas. Entre las principales acusaciones a los implicados están la de delito de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, tráfico de influencias en la tramitación de ayudas de la Unión Europea al ámbito ganadero en el Archipiélago y pertenencia a organización criminal.
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